Una de las formas más seguras, efectivas y menos invasivas para abortar ocurre gracias al misoprostol, un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud. Su uso no se limita a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sino que tiene múltiples indicaciones para disminuir la morbimortalidad materna en casos como el aborto espontáneo y la prevención y manejo de la hemorragia postparto. Desde 2021, las organizaciones médicas y sociales han alertado por los ciclos de escasez que no han dejado de ocurrir desde entonces.
Como ocurrió con otros productos, la pandemia, el cierre de fronteras y la crisis de los contenedores, afectaron el abastecimiento de medicamentos como el misoprostol. Este inconveniente fue reconocido en varios países de América Latina y el Caribe. Expertas en salud reproductiva coinciden en que la escasez de este medicamento compromete la garantía de calidad en la atención ginecobstétrica, lo que a la larga impacta el cumplimento de los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible de Colombia.
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La doctora María Mercedes Vivas, directora de la Fundación Oriéntame, ha sido una de las voces que más ha alertado sobre esta situación desde hace ya un buen tiempo. Lo que se ha convertido en ciclos de escasez que podrían llevar a un desabastecimiento de misoprostol, ha puesto en evidencia la dificultad de llevar a la práctica la implementación del marco normativo en materia de aborto en el país. Como explica Vivas: “es responsabilidad del sistema de salud mantener los suministros para el abastecimiento. Los derechos se ejercen a través de servicios y del acceso a suministros”.
Algunas de las explicaciones que estarían generando esta situación, residen en la retirada del mercado de varios registros que tenían este medicamento y que no han solicitado su renovación. A su vez, ha habido momentos de insuficiencia en la disponibilidad de las dos únicas marcas con registros aún vigentes. Todo esto se suma a un posible crecimiento del mercado de misoprostol por fuera de las vías legales, indica la Fundación Oriéntame.
A pesar de que desde finales de 2021 se habían hecho llamados sobre este flujo inestable del medicamento, la respuesta de las autoridades ha sido lenta. En septiembre de 2023, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir pidió al Ministerio de Salud declarar el desabastecimiento del medicamento y “tomar cartas en el asunto para garantizar la salud y el bienestar de las mujeres que habitan en el territorio nacional, considerando que esto supone una afectación de salud pública”, como lo recuerda un reciente comunicado del movimiento Causa Justa.
Si bien hay momentos en que el flujo del medicamento permite la prestación de los servicios médicos, la alerta busca crear condiciones estables y seguras que garanticen el acceso a la IVE y demás procedimientos que dependen del misoprostol. Asimismo, se quiere evitar los efectos más perjudiciales de los periodos de escasez, como lo es el aumento de la circulación de versiones fraudulentas del medicamento, que en últimas ponen en riesgo la vida y salud de las mujeres, hombres trans y personas no binarias que toman la decisión de abortar.
Una de las respuestas que ha dado el INVIMA desde octubre del año pasado, ha sido monitorear la disponibilidad del medicamento, pero varias organizaciones consideran que esta medida es insuficiente. Por su parte plantean acciones de mayor alcance como la inclusión del misoprostol en el plan de urgencia ordenado a finales del 2023 al Ministerio de Salud por el desabastecimiento de otros medicamentos. También sugieren que haya más celeridad en los procesos de los registros sanitarios en curso y en otros asociados a facilitar la importación.
Un asunto de justicia reproductiva
Para las redes feministas de acompañantes en aborto como Las Parceras, esta situación tampoco es nueva. Su lectura del desabastecimiento de misoprostol se enfoca en las afectaciones a la justicia reproductiva y a la posibilidad de autonomía de las mujeres, especialmente las mujeres racializadas, empobrecidas, las niñas, las personas trans y no binarias. “Recordamos que el desabastecimiento de misoprostol no es una emergencia, es un problema que viene desde hace varios años y al cual no se ha dado respuesta institucional que haya permitido dar soluciones duraderas y que se enmarca en una situación de constante desabastecimiento de diferentes medicamentos relacionados con la salud no reproductiva, como los anticonceptivos. Esto no ocurre solo en Colombia, sino a nivel de la región de América Latina y Caribe”, indica una de sus integrantes.
A pesar de que algunos países de la región tienen un contexto normativo y legal favorable frente al aborto, como Colombia, Cuba, México, Uruguay o Argentina, llevar a la práctica lo ganado en leyes o sentencias requiere de un proceso mucho más complejo. No es un asunto menor que, en este caso, la escasez ocurra con medicamentos que tienen un propósito muy específico y que afectan especialmente a las mujeres. Por el contrario, es en las situaciones concretas donde se evidencia que los sistemas de salud siguen presentando barreras, sean estas producto de la omisión o de la acción.
El desabastecimiento de medicamentos para abortar y la inoperancia general para resolverlo, es leído por muchas de estas redes feministas como una manifestación de prácticas que en el fondo son una expresión de voluntades políticas. “Esto no está desligado de contextos políticos que van hacia la extrema derecha y que constantemente ponen el aborto como algo negociable, no vital, no fundamental, afectando la salud de mujeres, personas trans y no binarias”, explican Las Parceras. Para no ir muy lejos basta ver el reciente proyecto de ley que presentó el partido de Javier Milei en Argentina para prohibir el aborto.
A pesar de esto, las Parceras recuerdan que sin importar los contextos adversos, “las redes feministas de acompañamiento en procesos de aborto no hemos retrocedido, al contrario, seguimos creciendo en cada país y en juntanza regional. Esto nos ha permitido garantizar que niñas, mujeres, personas trans y no binarias puedan acceder a abortos seguros, acompañados, a través procesos respetuosos de su autonomía”.
