La intención de descentralizar y sus efectos reales
Una de las intenciones sobre las que más enfático ha sido Abelardo de la Espriella es la de descentralizar simbólicamente la Presidencia. Desde su posesión en Cali, ha buscado transmitir que gobernará desde distintos puntos del país. Para ello ha dispuesto sedes presidenciales alternas, entre ellas el Batallón Paraíso de Barranquilla, mientras en Bogotá anunció inicialmente que despacharía desde el Palacio de San Carlos y convertiría la Casa de Nariño en un museo abierto. Sin embargo, ahora comenzará a utilizar nuevamente la Casa de Nariño como despacho principal para su agenda en la capital.
El problema es que sacar las oficinas de Bogotá no equivale a descentralizar el poder. Aunque la Constitución establece la descentralización administrativa como principio de la organización estatal, la mayoría de las instituciones, recursos y funciones del Gobierno nacional siguen concentrados en la capital. Una descentralización efectiva implicaría discutir la distribución de recursos y competencias entre zonas geográficas, no solo trasladar oficinas. Por ahora, la estrategia tiene sobre todo un efecto simbólico y puede traducirse en mayores costos y dificultades logísticas, en contraste con la promesa de austeridad de campaña.
La controvertida batalla cultural
Una de las expresiones más repetidas por Abelardo de la Espriella, tanto en campaña como en sus primeros nombramientos, ha sido la de “batalla cultural”. El concepto, formulado originalmente por el marxista italiano Antonio Gramsci para explicar el papel de la cultura en la disputa por el poder, fue resignificado por las nuevas derechas para confrontar lo que denominan “cultura woke” o progresismo. De la Espriella lo convirtió en una de sus primeras promesas de gobierno: recuperar “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.
La apuesta ya se refleja en el Gobierno con funcionarios e influencers vinculados a sectores religiosos y conservadores que han llegado a ocupar posiciones estratégicas, mientras expresiones como “ideología de género” aparecen con mayor frecuencia en el discurso oficial. Los casos de Viviane Morales y su reemplazo, Ilva Myriam Hoyos, así como el de la ministra de Cultura, Paola Holguín, o la directora del ICBF que no quiere nombrar a las niñas en las comunicaciones, muestran cómo la afinidad ideológica parece pesar más en algunas designaciones. El riesgo no solo radica en las acciones contrarias a los avances en el reconocimiento de derechos para poblaciones discriminadas sistemáticamente y en el quiebre con el Estado laico, sino que además esta disputa simbólica termine distrayendo y desplazando la experiencia y las capacidades técnicas necesarias para dirigir entidades con responsabilidades concretas sobre derechos, educación, cultura y bienestar.
Un giro radical en política exterior
El nuevo gobierno ha sido muy activo en estrechar la relación con Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y con gobiernos ideológicamente afines como los de Ecuador, El Salvador y Argentina. En particular, frente a Israel, el giro diplomático restableció plenamente las relaciones que habían sido suspendidas en medio de la guerra en Gaza, calificada por distintos actores como un genocidio contra el pueblo palestino. El Gobierno también anunció el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, eliminó los visados entre ambos países y retomó las exportaciones de carbón a Israel. A esto se suman la salida de Colombia del Grupo de La Haya y el retiro de su intervención en el proceso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
El giro fue más allá del restablecimiento de relaciones, pues desde el 10 de agosto, en medio de la tragedia por el terremoto, Colombia reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Con esta decisión, Colombia se convirtió en el único Estado miembro de la ONU, además de Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio, pese a la resolución 497 del Consejo de Seguridad, que declaró nula la anexión. La decisión generó condenas de Siria, varios países árabes y Naciones Unidas, y abrió un nuevo frente de fricción diplomática para Colombia.
Respuesta al terremoto
El terremoto del 10 de agosto puso a prueba al gobierno de Abelardo de la Espriella desde su primer día hábil de mandato. Aunque el sismo generó una ola de solidaridad nacional e internacional, también dejó en evidencia las limitaciones de un mandatario sin experiencia previa en la función pública. Sus primeras apariciones oscilaron entre el tono de campaña y la gestión de la emergencia, y episodios como el lanzamiento de balones con propaganda en Buenaventura generaron cuestionamientos sobre su manejo de la crisis, así como la empatía ante las víctimas.
El mayor debate se centró en la ayuda internacional, luego de que Colombia rechazara inicialmente el apoyo de personal de rescate de varios países, priorizando insumos y especialistas de naciones afines ideológicamente. Aunque el Gobierno explicó después que la decisión respondió a una unificación de reportes desde las zonas afectadas, no quedó claro por qué equipos de ciertos países terminaron siendo recibidos por encima de otros. A la par, el sismo obligó a replantear los recortes presupuestarios prometidos en campaña, pues la reconstrucción de infraestructura vial, educativa y hospitalaria exigirá recursos adicionales que complican el ajuste fiscal anunciado por el nuevo Gobierno.
Bombardeos. La muerte de menores pone en debate la política de seguridad
Otro de los hechos noticiosos que marcan al nuevo Gobierno en su primer mes es la muerte de tres menores de edad durante el segundo bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella contra estructuras armadas ilegales. La operación, realizada en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó diez personas fallecidas. El Gobierno responsabilizó a las disidencias de “Calarcá” por el reclutamiento y utilización de los menores y defendió el operativo como parte de su respuesta militar. No era el primer caso, pues se conoció del fallecimiento de otro menor durante el primer bombardeo en Catatumbo ordenado por el nuevo Ejecutivo.
Sin embargo, el caso vuelve a poner en discusión las obligaciones del Estado frente al Derecho Internacional Humanitario. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes constituye un crimen de guerra, pero su presencia en estructuras armadas no elimina la protección especial que les reconoce el DIH ni el deber estatal de adoptar todas las medidas necesarias para evitar su muerte.
El regreso de las aspersiones con glifosato
El gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña al derogar la Resolución 6 de 2015, que desde el Gobierno Santos había suspendido la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Aunque el mandatario aseguró que aplicará “herbicidas de última generación” que no afectan la salud ni el ambiente, la derogatoria no habilita de forma automática las fumigaciones: el Ejecutivo deberá primero cumplir la ruta técnica, ambiental y de consulta con comunidades étnicas que fijó la Corte Constitucional, que condicionó, mas no prohibió, el uso del herbicida.
La medida revive un debate que no tiene consenso científico total, pues mientras la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno” en 2015, otro comité conjunto de la OMS y la FAO concluyó al año siguiente que no representa un riesgo significativo a través de los alimentos. A esto se suman cuestionamientos sobre su eficacia, pues varios estudios señalan que la aspersión tiende a generar resiembra o desplazamiento de los cultivos hacia otras zonas, además de los más de 1.850 reportes de afectaciones a la salud registrados durante las más de dos décadas en que el país usó este mecanismo. Un estudio de 2025 del Centro de Derechos Reproductivos documentó el aumento de abortos involuntarios, partos prematuros, infertilidad y alteraciones endocrinas en comunidades rurales de Argentina, Brasil y Colombia expuestas a agrotóxicos como el glifosato. A esto se suman los reportes de muertes infantiles, intoxicaciones y otros daños a la salud registrados en el país durante los 23 años de aspersiones aéreas.
El alcance del “Libro de la verdad” y las consecuencias de la falta de empalme
Ante la falta de un empalme formal con la administración saliente, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el 18 de agosto el denominado “Libro de la Verdad” a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El documento, de 135 páginas hecho con IA, recopila presuntas irregularidades del gobierno de Gustavo Petro, pero sus “hallazgos de corrupción” no son novedosos y solo cuatro aportan información nueva. Los demás reúnen investigaciones en curso, publicaciones periodísticas o denuncias previas.
El propio informe reconoce que no constituye un empalme formal ni reemplaza una auditoría o investigación judicial. Las situaciones señaladas tienen distinta naturaleza jurídica y una denuncia o falla administrativa no demuestra por sí misma un delito. En ese sentido, el documento resulta limitado como herramienta técnica para suplir la falta de empalme y parece responder más a una estrategia de comunicación y posicionamiento del nuevo gobierno que a la consolidación de insumos para el inicio de su gestión.
El presupuesto de la verdad: 59,2 billones más que la propuesta anterior
En el aspecto económico, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027, con gastos por 634,9 billones de pesos, una cifra superior a los 59,2 billones que había dejado radicada la administración de Gustavo Petro. El hecho crea desconcierto entre los colombianos ante la mencionada política de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el aumento como un ejercicio de “sinceramiento” de las cuentas públicas, argumentando que la propuesta anterior estaba desfinanciada y omitía partidas clave como el servicio de la deuda, pensiones, salud y salarios públicos. Advirtió además que, sin ajustes, el nivel de endeudamiento resultaría insostenible y podría derivar en una crisis de pago.
La cifra generó también dudas entre los congresistas que lo deben discutir, pues pidieron mayor claridad sobre el origen de los recursos adicionales y sobre cómo se financiará la reconstrucción tras el terremoto. Junto con la radicación del presupuesto, el Gobierno anunció un recorte de gasto de 21,9 billones de pesos para este año y una ley de rescate económico. El debate seguirá en el Congreso y hasta el 20 de octubre se cuenta con plazo para su aprobación definitiva. Si no se logra, el Ejecutivo podrá decretarlo tal como fue presentado.
Abelardo y el Congreso, un futuro incierto
La relación entre el Gobierno y el Congreso sigue siendo incierta, aunque no del todo contraria al presidente. Este es un factor clave para que Abelardo de la Espriella consolide su proyecto en este primer año. El primer pulso legislativo no favoreció al presidente, pues el uribista Honorio Henríquez se quedó con la Presidencia del Senado, un resultado leído como consecuencia del distanciamiento entre el Gobierno y el Centro Democrático, la principal bancada de derecha. Esa derrota se profundizó por una inesperada convergencia entre sectores del uribismo y el petrismo, que le restaron margen de maniobra al mandatario. El segundo round, en cambio, sí le sonrió. Bajo el liderazgo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, la coalición de gobierno logró siete de los nueve magistrados del nuevo Consejo Nacional Electoral, frente a solo dos del Pacto Histórico.
Tras la primera victoria del Gobierno en el Congreso, se conoció la reciente definición de la bancada del Partido Verde, que decidió no integrar la coalición de gobierno. Los Verdes podrán acompañar al Ejecutivo en algunas votaciones y oponerse en otras, según lo determinen caso a caso. Con este panorama, persiste la incógnita sobre cómo evolucionará la relación del Gobierno tanto con la oposición como con el propio uribismo.
La que será la relación con la prensa
El 3 de septiembre se conoció la directriz emitida desde la Presidencia que reglamentará la relación del Gobierno de Abelardo de la Espriella con los medios de comunicación durante los cuatro años de mandato, buscando centralizar las comunicaciones oficiales y controlar el papel de ministros y demás funcionarios a la hora de hacer declaraciones. Días antes, Caracol Radio había revelado los primeros detalles del documento, que restringiría las entrevistas a medios no afines y permitiría solo declaraciones sin espacio para preguntas. La versión final establece sin embargo que ministros, directores de departamentos administrativos y demás representantes de entidades del Ejecutivo nacional podrán conceder entrevistas o declaraciones siempre que exista consulta y coordinación previa con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.
La medida cobra especial relevancia porque la relación de Abelardo de la Espriella con la prensa ha sido históricamente tensa, y se les ha señalado, tanto a él como a su bufete de abogados, por recurrir al acoso judicial contra periodistas. Por ello, aunque la directriz se presenta como un ejercicio de “ordenar las comunicaciones”, organizaciones como la FLIP advierten que sienta un precedente que restringe la labor crítica del periodismo y la posibilidad de interpelar al poder. La FLIP ha documentado casos en los que periodistas no han obtenido respuesta pese a acudir a canales oficiales, dificultando el cubrimiento de temas como el conflicto armado y el terremoto, y recordó que, según la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, el acceso a la información pública goza de protección reforzada para la prensa.
