Una directriz interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que pedía evitar la palabra “niñas” en las comunicaciones institucionales reabrió una discusión que va mucho más allá del lenguaje, pues muestra qué tan dispuesto está el nuevo Gobierno de Abelardo de La Espriella a reconocer las desigualdades específicas que enfrentan las niñas en Colombia, así como su respuesta diferencial para la garantía de sus derechos.
Todo se conoció por un comunicado de una oficina regional del ICBF que instruía a sus funcionarios evitar el término “niñas” en las comunicaciones de la entidad. La denuncia la hizo pública la representante a la Cámara Lourdes Mateus. En respuesta, la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, emitió un comunicado sobre la misión de la entidad como “la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia”, y precisó que “Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país”.
La aclaración, sin embargo, no responde la pregunta de fondo y a las críticas que distintas expertas en derechos de niñas y mujeres le hacen. El cuestionamiento radica en por qué una entidad encargada de proteger a la infancia instruyó borrar de su lenguaje institucional a una parte tan importante de la población que dice proteger.
Nombrar no es un capricho
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) no trata a la infancia como un bloque homogéneo. Su artículo 12 define la perspectiva de género como el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas asociadas al sexo, la edad, la etnia y los roles sociales, y ordena aplicarla en todos los ámbitos donde se desenvuelven niños, niñas y adolescentes. El artículo 203 va más allá, pues exige que las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia se rijan, como mínimo, por esa perspectiva de género, junto con los principios de interés superior, prevalencia de derechos y protección integral. La Corte Constitucional ha reiterado que aplicar el enfoque de género no supone una actuación parcializada del Estado, sino una obligación prevista en la ley.
El lenguaje institucional no es un asunto decorativo, sino la forma en que el Estado identifica los problemas que debe atender. Hablar solo de “infancia” o “niñez” como categorías abstractas no es incorrecto en sí mismo (son términos válidos para referirse al conjunto), pero eliminar deliberadamente la categoría “niñas” elimina también la posibilidad de nombrar riesgos que las afectan de forma diferenciada: violencia sexual, embarazo infantil, matrimonio y uniones tempranas, o restricciones específicas sobre su autonomía. Una política que no distingue estas desigualdades corre el riesgo de reproducirlas.
Un antecedente que ilustra el problema
Al inicio de la misma semana, Restrepo ordenó retirar de la sede central del ICBF un mural elaborado por “Resistencia Chiquita”, un colectivo artístico de niñas de Bogotá surgido tras el feminicidio de Yuliana Andrea Samboní en 2016, que usa el arte para hablar de violencias de género. La directora calificó el mural como un mensaje político que instrumentalizaba a los niños. Pero la frase no fue impuesta por ninguna administración: el propio ICBF había invitado al colectivo en 2023 a un evento por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, y entonces presentó esa participación como un ejemplo de empoderamiento infantil.
Proteger a la infancia no significa convertirla en un sujeto pasivo. El Código de Infancia y Adolescencia también reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y establece obligaciones estatales para garantizar su protección integral. El propio ICBF ha sostenido institucionalmente que la participación y el desarrollo de capacidades de niñas y niños forman parte de esa protección.
El episodio entonces no prueba una política deliberada de silenciamiento, pero sí muestra una misma tendencia de fondo, donde en manos de la nueva funcionaria, la institución trata con sospecha las expresiones legítimas de participación ciudadana de esta población.
¿Otra parte de la “batalla cultural”?
Estas decisiones no ocurren de forma aislada. Se producen en medio de un giro político del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha hecho de la “batalla cultural” un eje de su discurso, con funcionarios de posiciones conservadoras en áreas clave, como la ministra de Educación, Viviane Morales, y con el uso creciente de la expresión “ideología de género”. Ese término no describe un campo académico: la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, documentó en 2023 cómo en América Latina se ha usado para deslegitimar debates sobre igualdad y derechos sexuales y reproductivos, alimentando desinformación y restringiendo el acceso a información sobre esos derechos.
En ese marco, dejar de nombrar a las niñas no es un detalle retórico aislado: es coherente con una forma de entender qué problemas son legítimos y qué poblaciones merecen ser reconocidas.
Pero volviendo a Restrepo, que fue designada apenas una semana antes de esta controversia y no tiene experiencia demostrable en el sector, no solo abre preguntas sobre su hoja de vida, sino en si comprende el marco normativo que rige a la entidad que dirige. El ICBF no solo “cuida niños”, es quien coordina buena parte de la política estatal de infancia, adolescencia y familia, y su propia normativa exige enfoques diferenciales para identificar desigualdades y garantizar la igualdad. Por eso la pregunta que deja este episodio no es superficial, ni un asunto de reglas de gramática: ¿puede el Estado proteger a las niñas si decide dejar de verlas como niñas?
La ley no ordena invisibilizar las diferencias entre la infancia, sino que ordena reconocerlas para alcanzar la equidad. Borrar una palabra de las comunicaciones institucionales (o un mural de una pared), puede parecer un gesto menor, pero arrastra consigo algo más grave: la posibilidad de dejar de ver, y por tanto de atender, los problemas específicos que enfrentan las niñas en Colombia.
