Ocho preguntas para medir la inseguridad alimentaria fueron incluidas dentro de la Encuesta Calidad de Vida en 2022. El Departamento Nacional de Estadística – DANE, encargado de la medición, junto con la división de FAO en Colombia (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación por sus siglas en inglés), presentaron los resultados de este primer estudio que muestra la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población del país.
Los resultados son preocupantes en distintos niveles. Por ejemplo, un 28.1 % de los hogares encuestados se encontraron en condición moderada o grave de inseguridad alimentaria. Esto, según las definiciones de la escala usada, significa que los hogares pasan de la preocupación sobre la capacidad de conseguir alimentos suficientes, a realizar cambios en la dieta por medio de la disminución de la calidad o variedad de los alimentos. En la etapa más grave, los hogares disminuyen la cantidad de alimentos que consumen, se saltan comidas y se pasa hambre.
La escala de Experiencia de inseguridad alimentaria -FIES (Food Insecurity Experience Scale en inglés), usada en esta ocasión, busca generar datos que hagan seguimiento a un tema central para el Objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dedicado exclusivamente a poner fin al hambre en el mundo.
Al desagregar los datos, se hace evidente que hay poblaciones con mayores afectaciones, como las mujeres cabeza de hogar, los hogares donde hay niños menores de cinco años, y las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Mientras que en los hogares con jefaturas de hombres hay una prevalencia de inseguridad alimentaria del 25,9 %, cuando las jefas de hogar son mujeres la cifra asciende a 30,9 %. Ese es el total nacional, pero si se revisan los datos en la ruralidad, el problema es más profundo, aunque con la misma tendencia, llegando al 36,3 % en casos de hogares con jefatura de mujeres.
Los hogares indígenas tienen las cifras más altas de inseguridad moderada o grave con el 46,3% y los siguen hogares afrodescendientes con el 40,7%.
Las familias migrantes venezolanas en Colombia también fueron incluidas en la medición. Allí se encontró que los hogares con jefatura de migrantes de Venezuela tienen una prevalencia alta de sufrir inseguridad alimentaria (44,7%), comparados con hogares de no migrantes (27,5%), de migrantes internos (27,4%) y de migrantes de otras nacionalidades (8,9 %).
El problema del hambre no es solo de inseguridad alimentaria
FIAN es una de las organizaciones de la sociedad civil en el mundo que ha defendido el derecho a la alimentación. Sus integrantes insisten en establecer otros marcos para la discusión sobre el hambre y por eso parten de dos conceptos clave: la soberanía alimentaria y el derecho a alimentarse de forma adecuada. Juan Carlos Morales, médico y director general de FIAN en su división en Colombia es portavoz de estos mensajes que cuestionan el uso de las categorías de seguridad/inseguridad alimentaria para tratar este problema, pues dicen que no solo es impreciso, sino que esconde la estructura sociopolítica y económica que crea las condiciones para el hambre en la actualidad.
Frente a los nuevos hallazgos del DANE y FAO Colombia, el doctor Morales opina que las cifras son similares a las que el Programa Mundial de Alimentos ya había entregado en febrero de este año. Resalta que las cifras presentadas corresponden a los casos de “moderada” y “grave”, mas no la “leve”, lo que posiblemente haría aún mayores las cifras. Según explica, al enfocarse en la inseguridad alimentaria, esta muestra sólo un fragmento de las dificultades para que las personas accedan a los alimentos, pero cuando se habla de soberanía alimentaria no solo se incluye la inseguridad alimentaria, sino otras condiciones fundamentales para el derecho a la alimentación. Esto incluye las condiciones materiales que permitan que se acceda a los alimentos de forma autónoma, no dependiendo de ayudas, o que las personas tengan el control sobre las decisiones alimentarias para sus vidas, un principio básico de la soberanía alimentaria. Así, la inseguridad alimentaria es solo una de muchas caras de como se expresan las vulneraciones del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.
“La inseguridad alimentaria es solo una de muchas caras que expresan las vulneraciones del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria”.
Esto es solo una parte de la gravedad de la problemática alimentaria en Colombia, dice Morales: “Faltan muchas instantáneas como la falta de acceso a tierra, a bienes productivos, a bienes comunes, la falta de protección de las formas tradicionales productivas de las organizaciones rurales y que han desaparecido por la violencia y los intereses económicos”.
¿Cómo llegó Colombia a estas cifras?
Para Morales, estas son unas cifras de la desidia y del carácter irresponsable y violentador del Estado colombiano a través de los diferentes gobiernos anteriores que además fueron negacionistas de este problema. A estas cifras no se llega de un momento a otro, explica, sino que se llega a través de acciones violentadoras del derecho a la alimentación, con proyectos extractivistas que afectan a las comunidades más vulnerables, con la destrucción de la producción interna de los alimentos, con el apoyo al empresariado para consolidar la dieta corporativa que enferma al ser humano, entre otras acciones.
Estos ejercicios directos también han estado acompañados de omisiones, como la falta de compromiso para establecer una política pública basada en el derecho a la alimentación: “Durante años denunciamos la situación de hambre y no se nos prestaba atención y estas son las consecuencias”, indica Juan Carlos, que además insta al gobierno de Gustavo Petro a que cumpla con su palabra y trate de implementar una política de forma participativa, sin interferencia de los intereses de las industrias para darle un marco a la apuesta alimentaria del país. Esto además respondería a lo planteado en el primer punto del Acuerdo de Paz que habla de la reforma rural. Uno de los llamados de FIAN es a que el gobierno actual propicie condiciones de participación de forma paritaria con organizaciones sociales y funcionarios estatales con pertinencia en este asunto.
Por lo pronto, Morales ve necesario que se tomen dos tipos de acciones coherentes: uno, la acción de emergencia que trate de restituir el derecho a la alimentación de estas personas, y dos, que al mismo tiempo se ponga en marcha una política marco que dé estructura para que en el futuro ya no se necesiten programas de emergencia. Respecto a este segundo punto, para organizaciones como FIAN fue incomprensible que el gobierno Petro no apoyara con fuerza la ley a la que le faltó un sólo debate y que creaba un sistema de garantía progresiva para el derecho a la alimentación. “Esa ley no fue agendada en las sesiones extraordinarias. El gobierno anterior negaba las violaciones al derecho a la alimentación en Colombia y este gobierno se ha demorado en tomar decisiones”.
