Tras un largo proceso de negociación en el Parlamento Europeo, el 10 de abril fue aprobado un nuevo marco de regulación migratoria que se basa en el reforzamiento de sus fronteras. Controles más estrictos (incluyendo a familias y a menores de edad), agilidad en los trámites para descartar solicitudes de asilo, nuevas instalaciones fronterizas y externalización de las fronteras hacia países fuera del espacio europeo, son algunos de sus puntos.
El Pacto de Migración y Asilo fue objeto de discusión por más de tres años entre los 27 Estados miembro, aunque su origen es más antiguo, pues se remonta a la llamada “crisis migratoria” de 2015-2016 cuando se incrementó el número de solicitudes de asilo. En ese momento, la guerra en Siria, así como la inestabilidad política y económica en varias naciones de Medio Oriente y África, llevaron a cientos de miles de personas a buscar mejores opciones de vida en el continente europeo.
En aquel entonces, Grecia e Italia fueron algunos de los países con el mayor número de solicitudes de refugio. No es de extrañar que sea el gobierno italiano uno de los que más ha presionado la firma del Pacto que aumenta el control en las puertas de la Unión Europea. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, comentó la decisión como exitosa y dijo que el pacto mantenía un “equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, respetando los derechos fundamentales”.
Distintas organizaciones de derechos humanos y activistas por los derechos de las personas migrantes han criticado la decisión al considerarla vulneradora de los derechos de las personas migrantes. Además, el derecho al asilo, que está pensando para proteger la vida e integridad de las personas, quedaría en un alto estado de fragilidad.
La Plataforma de Cooperación para Migrantes Sin Documentación (PICUM) declaró que esta decisión llevará a violaciones generalizadas de los derechos humanos en toda Europa y en sus fronteras. Por esto recordó que lo que la gente que migra necesita son vías seguras y dignas.
Los derechos de las personas migrantes en riesgo
El Pacto es preocupante no solo por el aumento de control en las entradas al territorio europeo, lo cual, como se ha comprobado en esta y otras fronteras, pone mayores riesgos a la seguridad de quienes migran, sino que la base de la medida puede contradecir el derecho internacional. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la urgencia de agilizar los procesos de solicitud de asilo, como se indica en el acuerdo. Quienes no reúnan las condiciones serán expulsados rápidamente y el temor radica en que las expulsiones discrecionales o “expulsiones exprés” o todas aquellas que no den espacio al debido proceso, no van a contar con el tiempo suficiente para revisar los casos de solicitud de asilo.
Otro aspecto que se establece es el de la solidaridad en contribución económica para aquellos países que no tienen frontera externa con territorios por fuera del espacio europeo y que deberán acoger a solicitantes de asilo o pagar para no tenerlos. ¿Cuál será el precio que se pagará por persona migrante para quienes no quieran recibirlas?
Finalmente, el pacto formaliza una práctica ya existente conocida como “externalización de fronteras”, es decir, hacer pactos con países por fuera del territorio de la Unión Europea para enviar allí a las y los solicitantes de asilo para que desde ese lugar sean gestionados sus casos o devueltos a su país de origen. En la actualidad ya hay pactos de Italia, por ejemplo, con países como Albania, Túnez o Libia, caracterizados por tener regímenes autoritarios con muy malos antecedentes en la protección de los derechos de las personas migrantes.
El Parlamento Europeo adopta esta reforma de la política migratoria a dos meses de las elecciones europeas y su negociación no fue sencilla. A pesar de que el Pacto tenga un alto nivel de reforzamiento de medidas migratorias, gobiernos como el de Hungría y Polonia no lo consideran suficiente. El debate está entre los partidos de extrema derecha que lo ven como un pacto débil y eurodiputados de izquierda lo califican como un ataque a los derechos humanos.
La implementación se deberá realizar antes de 2026. En el pasado Estados miembros no aceptaron medidas concertadas como las “cuotas” de personas refugiadas. Además, organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando por varios años las muertes en el Mediterráneo y la responsabilidad de la Unión Europea en la letalidad de esta frontera marítima, por lo que la puesta en marcha del Pacto no parece clara.
