Como un déjà vu que nos recuerda al 2016, la candidata presidencial del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió hace unos días a la llamada “ideología de género”. En una entrevista con Revista Semana, su intervención no solo recurrió a un discurso difundido en el pasado tanto en Colombia como en otros países por sectores ultraconservadores, sino que pone en evidencia una tensión directa con los principios constitucionales y la jurisprudencia vigente. Esta tensión no solo atraviesa la respuesta de la candidata, sino también el enfoque de la pregunta planteada por ese medio de comunicación, así como la responsabilidad en el uso de este tipo de discursos sesgados en el marco de la época preelectoral.
“Yo soy respetuosa de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero puedo garantizar a todos los colombianos que no voy a hacer ideología de género”, dice Valencia en la entrevista. La pregunta seleccionada por el periodista de Semana parte de una falacia, pues indica que “en Colombia se hace cambio de sexo a menores de edad” y por eso le pide a la candidata que responda si ella va a prohibirlo en caso de llegar a la presidencia.
La pregunta es problemática, pues en Colombia no existen las “cirugías de cambio de sexo” para menores de edad. Pero además, la forma en que presenta el tema abre la puerta para conectar los temores sociales que a lo largo de la última década se han promovido por grupos religiosos fundamentalistas con una gran desinformación y estigmatizando la educación integral de la sexualidad (EIS) en niñas, niños y adolescentes llamándola “ideología de género”.
La intervención de Paloma Valencia lo menciona, al decir que “ese tema de que lleguen a los colegios a decirle a niños y niñas que no saben cuál es su género y a promocionar que uno necesita es cambiarse de género (sic).…jamás lo vamos a aceptar en Colombia”. Luego hace un comentario sobre ser una “mujer de familia con valores cristianos”, a la vez que recuerda rápidamente que respetará la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La declaración resulta contradictoria. Invocar la Constitución para sostener una postura que desconoce la interpretación que de ella ha hecho la Corte Constitucional implica una tensión evidente. Apelar a respetar las normas colombianas, mientras se recurre al concepto de “ideología de género” supone ignorar desarrollos jurisprudenciales como la Sentencia T-478 de 2015, que estableció obligaciones claras frente a la no discriminación en entornos educativos. La Constitución Política de Colombia es la misma que consagra el derecho a la igualdad y protege el libre desarrollo de la personalidad, por tanto respetar la ley no consiste en seleccionar de manera discrecional los principios que coinciden con convicciones particulares.
Pero más allá de la respuesta de Paloma Valencia, también importa la forma en que se formula la pregunta y la responsabilidad del medio al enmarcarla. Allí se evidencia cómo operan ciertas conversaciones públicas basadas en desinformación, orientadas a producir pánico moral en la audiencia. No es la primera vez que los avances en los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas son tergiversados.
Aunque existen esfuerzos sostenidos por aclarar estos malentendidos por organizaciones expertas y medios de comunicación, la amplificación de ideas como las “cirugías de cambio de sexo”, sin contexto normativo, sin datos verificables y sin explicar los protocolos médicos reales, reabre de manera irresponsable un debate que exige rigor. En ese sentido, resulta pertinente revisar el trabajo de ColombiaCheck, que en 2024 documentó y desmontó, con detalle, varias de las falacias que han circulado en coyunturas políticas recientes para desinformar.
Orígen y usos políticos de la “ideología de género”
El uso del término “ideología de género” no es menor, especialmente en voz de potenciales líderes de un país con una gran brecha de desigualdad de género como ocurre en Colombia. Se trata de una expresión sin reconocimiento en el campo académico, que ha sido señalada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas por su utilización para desinformar y estigmatizar a poblaciones históricamente discriminadas. Más que una categoría analítica, funciona como una herramienta discursiva de descalificación.
Conviene recordar el origen de este concepto que ha sido promovido por sectores ultraconservadores y religiosos en reacción a los avances en derechos de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Su uso en el debate público en varios países del mundo, ha contribuido a simplificar y distorsionar discusiones complejas sobre igualdad y derechos. Además, ha sido una herramienta para avivar el debate público desinformado para movilizar votantes a través del miedo, el pánico social y la indignación basada en la desinformación.
Un informe de 2023, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por la relatora especial Irene Khan advierte que en América Latina mujeres y personas con identidades de género diversas son frecuentemente atacadas bajo la acusación de promover una supuesta “ideología de género”. El documento señala que algunos Estados han utilizado este argumento para restringir el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, lo que no solo vulnera el derecho a la información, sino que alimenta entornos de desinformación basados en estereotipos. El reporte concluye que esta desinformación de género constituye una estrategia para silenciar voces, afecta la libertad de expresión y puede configurarse como una forma de violencia basada en género.
En Colombia, durante el proceso de negociación con las FARC-EP en 2016, la incidencia de los movimientos de mujeres y feministas permitió incorporar el enfoque de género como un principio transversal del Acuerdo Final. Este enfoque ha sido clave para reconocer impactos diferenciados del conflicto armado y para diseñar medidas orientadas a la garantía de derechos. A pesar de la importancia de este avance, durante la campaña del plebiscito por la paz, el enfoque de género fue objeto de tergiversaciones que lo convirtieron en un instrumento de movilización del miedo. Sectores que promovían el ‘No’ apelaron a la desinformación para instalar la idea de una supuesta “ideología de género” que iba a convertir a niñas y niños en homosexuales, aprovechando vacíos de conocimiento y la homofobia en una sociedad atravesada por profundas desigualdades, muchas relacionadas con el machismo.
Lo que sí existe es el enfoque de género
En contraste, lo que sí existe y tiene sustento teórico, empírico y político es el enfoque de género. Este no constituye una “ideología”, sino una herramienta de análisis desarrollada por investigadoras de la desigualdad entre hombre y mujeres, así como de la diversidad en las orientaciones sexuales y las identidades de género. Este enfoque ha permitido evidenciar cómo operan las desigualdades a partir de normas sociales y culturales que históricamente han ubicado a las mujeres y a lo femenino en posiciones de subordinación. Su propósito no es imponer visiones, sino ampliar el marco de derechos y construir condiciones más equitativas para todas las personas.
La búsqueda de equidad, en Colombia y en el mundo, parte del reconocimiento de desigualdades históricas que han afectado de manera particular a las mujeres, tanto en la vida cotidiana como en contextos de violencia. Sin embargo, el enfoque de género también revisa los mandatos rígidos de género que imponen cargas sobre los hombres, limitando su expresión emocional y exigiéndoles formas de comportamiento que pueden derivar en afectaciones a su bienestar, integridad e incluso su vida. Cuestionar estas normas de género a través, por ejemplo, de la Educación Integral para la Sexualidad no solo responde a un principio de justicia, sino que hace parte de los marcos normativos y de política pública orientados a la igualdad y al respeto de la diversidad.
En este contexto, resulta problemático que, en el escenario electoral actual, se reactiven este tipo de narrativas. Más allá de la disputa política, lo que está en juego es el reconocimiento de derechos que han sido construidos a lo largo de décadas.
Reintroducir estos discursos no solo empobrece el debate público, sino que puede significar un retroceso en los avances alcanzados para enfrentar y reparar las múltiples formas de violencia basadas en el género,algo que, desafortunadamente ha sido usado por candidatos y líderes políticos de sectores
