El gobierno de Texas acaba de aprobar una polémica ley que pone en peligro la residencia de la población migrante en aquel territorio de Estados Unidos. El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Legislativa del estado tejano en noviembre y fue sancionado por el gobernador republicano Greg Abbott este lunes 18 de diciembre.
La nueva legislación conocida como S.B. 4 (Senate Bill 4) fue promulgada como una herramienta para permitirle a los cuerpos oficiales de Texas detener y arrestar a inmigrantes que no tengan sus papeles al día. A su vez, le da la potestad a los jueces de ordenar la privación de la libertad o la deportación a México de quienes violen la ley puesto que ingresar y permanecer sin la documentación debida en el estado será considerado delito.
El acto oficial se realizó en la frontera entre la ciudad tejana Brownsville y la ciudad mexicana de Matamoros, en Tamaulipas, donde Abbott, además de promulgar la S.B.4, criticó las políticas de inmigración del gobierno de Joe Biden. “La falta de acción deliberada [del presidente] ha diezmado a Estados Unidos, cuando hace dos años hubo un récord histórico de inmigrantes reprendidos”, dijo el mandatario durante la ceremonia, haciendo referencia a las medidas antiinmigrantes de Donald Trump.
De acuerdo con la Encuesta de Población Actual de EE.UU. (CPS por sus siglas en inglés), la población inmigrante del país norteamericano alcanzó los 49,5 millones de personas en octubre de este año, significando alrededor de un 15% de los habitantes de todo el territorio. El mismo reporte estimó que un poco más de la mitad de estas personas está dentro del territorio de manera irregular. En lo que respecta a Texas, su Centro Demográfico reveló que en 2022 fue el segundo estado con mayor cantidad de habitantes en todo Estados Unidos, cuya comunidad latina representa un 40% del total.
¿Qué establece la nueva ley antiinmigrantes en Texas?
La S.B.4 establece que el ingreso irregular a Texas por su frontera será considerado como un delito y su reincidencia constituirá un crimen. Dependiendo de la gravedad de la infracción, la violación a la ley podría implicar penas de máximo seis meses de cárcel por ser la primera vez y de 10 a 20 años en prisión por reincidir.
Asimismo, permitirá que las autoridades locales y estatales le exijan documentación a cualquier persona que consideren sospechosa basándose en su apariencia y, de no tener los papeles a la mano, podrán detenerla y arrestarla. Aquellos individuos que sean hallados culpables, podrían ser enviados a la cárcel por orden de un juez o bien, podrían ser deportados a México. De negarse a cumplir con la orden de deportación, podrían enfrentar de dos a 20 años en prisión.
La legislación no solo establece medidas punitivas ante los inmigrantes indocumentados, sino también autorizó la destinación de 1,500 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo en el estado, una iniciativa que fue bastante criticada durante el gobierno Trump.
¿Es la ley SB4 inconstitucional?
A pesar de que se espera que la ley comience a regir a partir del cinco de marzo de 2024, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), se están preparando para impugnar al considerarla un atropello.
Pero además, históricamente, ningún proyecto de ley estatal que pretenda pasar sobre la legislación federal, en este caso en cuanto a políticas de inmigración, ha podido entrar en vigencia por completo. Según reporta CNN, los representantes a la Cámara por el Partido Demócrata han declarado que la ley en cuestión sobrepasa los poderes del gobierno federal tal como lo hizo la polémica ley conocida como “muéstrame tus documentos” en Arizona hace más de una década. En 2012, el gobierno de dicho estado estaba adoptando medidas más estrictas para controlar la llegada de ciudadanos extranjeros y aprobó la S.B. 1070, la cual contaba con determinaciones similares a la ley de Texas. En 2012, la Corte Suprema declaró inconstitucional varios de sus puntos al considerar que estos buscaban atribuirse responsabilidades fuera de su competencia.
“No hace falta ser abogado para entender por qué esto es problemático”, le explicó a USA Today el abogado Muzaffar Chishti, alto miembro del Instituto de Política Migratoria de EE.UU. “Si el gobierno federal tiene cubierta un área, entonces los estados no tienen por qué intervenir allí”.
Una ley que podría desencadenar más racismo y xenofobia
Con la aprobación de la S.B. 4 de Texas, ha crecido la preocupación por la actual intensificación del racismo y la xenofobia en Estados Unidos, tanto que la ACLU la llamó “una de las acciones legislativas antiinmigrantes más extremas que haya evidenciado”. La organización advirtió que, como consecuencia de las libertades que se le otorgarían a la Policía, las personas afroamericanas y demás personas no-blancas tienen un riesgo mayor de ser perfilados y perseguidos policialmente.
“Al criminalizar el acto mismo de buscar refugio, Texas les está dando la espalda a los valores de compasión y al debido proceso que hacen de nuestra nación el modelo mundial de liderazgo humanitario”, declaró en un comunicado Krish O’Mara Vignarajah, directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.
Por su parte, el vocero de la Casa Blanca Ángelo Fernández Hernández le comentó a CBS que la ley pondría en peligro a las comunidades de Texas. “A nivel general, el gobierno federal (no los estados individuales), es el único que tiene la potestad de decidir cómo y en qué situaciones expulsar personas extranjeras sin ciudadanía por violar las leyes de inmigración”, puntualizó.
Y mientras se espera a que la S.B. 4 entre en vigor o sea derogada, la ACLU y el Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes (ILRC) han compartido guías prácticas que explican a profundidad las implicaciones y posibles consecuencias de la legislación. Ambas organizaciones también han explicado el paso a seguir de llegar a ser detenido por la Policía de Texas bajo la sospecha de no poseer la documentación necesaria para la permanencia en Estados unidos.
