El histórico juicio de Sudáfrica ha provocado que, por primera vez en 76 años, Israel sea juzgado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la opresión y violencia ejercida sobre Palestina. El máximo tribunal de las Naciones Unidas deberá juzgar si el estado está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Israel ha rechazado la acusación calificándola de “infundada”.
El conflicto se agudizó luego del ataque de Hamás del 7 de octubre al sur de Israel, en el que murieron unas 1,200 personas y se tomó como rehenes a 240 más. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, desde la campaña militar organizada por Israel en respuesta, más de 23,000 palestinos, principalmente mujeres y niños, han fallecido.
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Este es uno de los crímenes más graves de los que se puede acusar a un estado y se define como el conjunto de actos que tenga la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En consecuencia, el país africano alega que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos tras el ataque de octubre.
“No, Sudáfrica, no somos nosotros los que hemos venido a perpetrar el genocidio, es Hamás. […] Si pudiera, nos mataría a todos. […] En contraste, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] están actuando lo más moralmente posible”, declaró el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien insistió en que el ejército ha tomado medidas para evitar víctimas civiles.
¿Qué puede hacer la Corte Internacional de Justicia?
Sudáfrica busca que la CIJ ordene a Israel “suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza”, pero está podría ser fácilmente ignorada ya que aunque en teoría los fallos son vinculantes, en la práctica pueden ser desobedecidos. Por ejemplo, la CIJ ordenó a Rusia en 2022 “suspender inmediatamente las operaciones militares” en Ucrania, pero la orden fue ignorada.
Se espera una resolución provisional del juicio en un par de semanas, aunque el fallo final podría tardar varios años.
Sudáfrica lidera el juicio bajo el ideal de que, como signatario de Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, tiene la obligación de actuar. Además, su gobierno tiene una larga historia de solidaridad con la causa palestina, encontrando paralelos con su lucha contra el apartheid.
