Hacer el conteo de las mujeres asesinadas por la violencia feminicida es una tarea profundamente dolorosa, pero absolutamente indispensable. Ante la precariedad de la información estadística producida por las entidades del Estado sobre las múltiples violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres, los movimientos de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe han decidido, en muchos casos, llevar sus propios registros. ¿Qué implica hacer seguimiento a este difícil conteo?
Cuando se acercan las fechas conmemorativas más reconocidas sobre los derechos de las mujeres como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de todas las Violencias contra las Mujeres, las noticias giran en torno a las estadísticas de esos crímenes. Sin embargo el conteo requiere un seguimiento continuo que es adoptado como un compromiso político para las organizaciones feministas que lo encaran.
Gracias a las demandas impulsadas desde la sociedad civil, en América Latina se adoptaron los términos femicidio y feminicidio hace un par de décadas, no solo para contabilizar estas muertes, sino para enmarcar su análisis en la respuesta (o la ausencia de respuesta) del Estado, y para comprenderlas como la expresión más extrema de un continuo de violencias previas: maltratos, hostigamientos, daños, repudios, acosos y abandonos.
Aunque desde 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer estableció los fundamentos del derecho a una vida libre de violencias, su implementación en los países de América Latina tardó años y aún enfrenta profundas limitaciones. Pero este derecho no se limita a nombrar o reconocer estas violencias. Implica garantizar que ninguna acción, ni omisión, cause daño físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres, y que ninguna sea asesinada por el hecho de ser mujer. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa aspiración.
A pesar de ser un fenómeno global, en esta región las cifras son especialmente alarmantes. Cada país tiene dinámicas particulares, pero las estadísticas coinciden en que la violencia contra las mujeres ocurre tanto en los espacios públicos como en los privados, y con frecuencia proviene de quienes deberían ser entornos de confianza: parejas, exparejas, familiares y conocidos.
En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 513 feminicidios entre enero y septiembre de 2025. En Perú, el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 119 casos de feminicidio entre enero y octubre de 2025. En Argentina, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” contabilizó 167 femicidios en el mismo periodo, mientras que el Observatorio de Violencias Patriarcales “Lucía Pérez” lleva la cuenta en 237 femicidios y travesticidios en 2025. La responsabilidad del conteo debería ser una causa estatal, pero muchas razones han llevado a que las organizaciones feministas decidan llevar sus propias estadísticas al comprender que estas violencias tienen un alto subregistro por la incomprensión de la violencia basada en género y del mismo feminicidio.
Precisamente, este el observatorio Lucía Pérez nació como parte de un ejercicio de autogestión impulsado en 2020 por la cooperativa Mu La Vaca en Argentina, que creó una herramienta propia de registro basada en los criterios de femicidio formulados desde 2014. Su metodología se apoya en medios gráficos, fallos judiciales, fuentes directas y, sobre todo, en el testimonio y la participación activa de las familias de las víctimas, quienes indican qué información es realmente necesaria desde su propia experiencia.
El observatorio decidió ir más allá del conteo numérico y reconstruir la historia detrás de cada caso: el nombre de la víctima, su edad, su lugar de origen, si tenía hijas o hijos, si estaba embarazada, si había realizado denuncias previas, la fiscalía responsable y si el femicida recibió o no condena. Para ellas las cifras son necesarias para pensar la dimensión del problema, las políticas públicas y las respuestas, pero con el ánimo de ir más allá decidieron involucrarse en este seguimiento.
El poder de contar
En Colombia, donde se registran entre enero y septiembre 621 feminicidios, buena parte de la información disponible no proviene de las instituciones estatales, sino de organizaciones feministas que se han dado a la tarea de documentar los casos. Uno de los esfuerzos más importantes es el del Observatorio de Feminicidios Colombia, una iniciativa de la organización Republicanas Populares.
Carol Rojas, historiadora y coordinadora del observatorio, explica que esta labor nació como una práctica militante para enfrentar una realidad dolorosa: “Recolectar estas cifras es encontrarnos de frente con la crueldad de la violencia feminicida. Pero teníamos un objetivo claro: si no la visibilizamos, no podemos analizarla ni construir estrategias para contrarrestarla”.
Esa apuesta, dice, no se queda en llevar un conteo. El observatorio trabaja para movilizar políticamente a las comunidades, generar acciones pedagógicas y construir conocimiento colectivo. “Siempre hemos insistido en que las cifras deben llevarnos a la movilización, a pensar salidas y a comprender las causas profundas de esta violencia”.
Violencias estructurales: herencias coloniales, neoliberalismo y desigualdad
Una de las reflexiones que ha dejado este trabajo para las aportantes al Observatorio en Colombia es que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno individual, sino parte de un modelo histórico de control social. Desde ahí nace y se sostiene su apuesta para explicar estas violencias: “Es una forma de regulación que heredamos de estructuras coloniales y que aún no hemos podido desnaturalizar. No afecta solo a las mujeres: cuando la violencia fragmenta la vida de una mujer, fragmenta también a la comunidad”, afirma Carol.
Para el Observatorio, esta comprensión obliga a mirar más allá de las conmemoraciones del 25N o del 8M. Pensar en la prevención y erradicación de la violencia implica transformar la manera en que se organizan las relaciones sociales, económicas y políticas. Como menciona Carol:
“Mientras sostengamos un sistema económico neoliberal que reproduce desigualdades y asimetrías de poder, será difícil enfrentar las causas y los efectos de esta violencia. Lo que está en juego es la posibilidad de vivir en comunidad con dignidad, justicia y alegría”.
Las activistas coinciden en que la persistencia de la violencia feminicida demuestra la necesidad de políticas más contundentes, así como de una comprensión colectiva del problema. No es solo un asunto de las mujeres, sino un desafío para la sociedad entera.
“Estas cifras nos exigen insistir en un cambio estructural. Necesitamos transformaciones económicas y políticas que no reproduzcan el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, de las disidencias y de las trabajadoras empobrecidas”, señala Rojas.
Ante la crueldad de los datos, la respuesta del movimiento feminista ha sido la misma por décadas: seguir nombrando, seguir contando, seguir exigiendo. Persistir.
