*A partir de las investigaciones de las periodistas Analía Fernández Fuks en Argentina, Melisa Parada en Colombia y Alejandra Pérez en México.
“Todos somos Natalia” es el nombre en Instagram y en Facebook de un perfil que es homenaje y a la vez motor de lucha para Sori, la hermana de Natalia Fernández, víctima de feminicidio en Colombia. En pleno confinamiento por la covid-19, Natalia, de 22 años, desapareció por varias horas.
La joven estaba a punto de terminar su carrera de Ingeniería de Sistemas y hacía más de cinco meses había acabado el noviazgo con Carlos Santoval. Como había decidido seguir adelante con su vida, no aceptó regresar con Santoval, a pesar de su insistencia. El hombre, de 23 años, siempre se mostró como una persona tranquila y no tenía rasgos violentos, según cuenta Sori. Sin embargo, el 13 de octubre de 2020 encontraron a Natalia muerta en su habitación. Su exnovio fingió no tener relación con el asesinato, hasta que confesó el crimen excusándose en los celos y en su incapacidad para aceptar su rechazo.
La historia que llevó al feminicidio de Natalia no es una excepción. Semana tras semana, en América Latina las noticias dan cuenta de nuevos casos de mujeres violentadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. Al principio parece confuso, ¿cómo que matarlas por ser mujeres? El delito de feminicidio o femicidio es una conquista del litigio de feministas que acuñaron el término para diferenciar este tipo de asesinatos de otros crímenes violentos. ONU Mujeres lo define como “el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal”, y propone una clasificación que, con algunas variaciones, coincide con el desarrollo jurídico de este delito en algunos países de la región.
Esta clasificación revisa la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños, “todos estos atravesados por las diferentes opresiones que viven las mujeres día a día”.
Las mismas sociedades que se escandalizan con la prensa amarillista que presenta a una mujer asesinada brutalmente, son las mismas sociedades que de una u otra forma son permisivas ante las violencias que anteceden a estos crímenes. Incluso se cuestiona el concepto jurídico de feminicidio. “¡Pero si a los hombres también los matan y los matan más!”, dicen algunos. Sí, pero como bien explica la antropóloga argentina Rita Laura Segato, la particularidad de las agresiones letales contra las mujeres es que ellas mueren asesinadas mucho más de lo que matan. Las mujeres matan muy poco, y es absolutamente desproporcional su lugar como víctimas a manos de hombres y en circunstancias donde la desigualdad, la discriminación y la subordinación incrustadas en la sociedad rodean estos casos.
El feminicidio o femicidio hace parte de las múltiples violencias que enfrentan las mujeres. El entendimiento de este delito como la mayor expresión de esa violencia no tiene por qué ser objeto de discusión, sino más bien una alerta para erradicar las violencias que llevan a él.
Es difícil establecer cifras unificadas sobre cuántos feminicidios ocurren en América Latina y el Caribe, o en cada país; esto obedece a diferentes razones, pero una forma fácil de entender este fenómeno es que no existe todavía una metodología unificada para reportarlo como delito. Esto también se puede interpretar como un vacío en el que se necesita mayor voluntad política del Estado para investigar y visibilizar.
De acuerdo con el informe La pandemia en la sombra, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y nueve del Caribe) en 2020. El informe recopila datos que, además de las cifras totales y las tasas por cada 100.000 mujeres, muestran que este delito está presente durante todo el ciclo de vida, aunque presenta mayor intensidad durante las edades reproductivas de las mujeres.
El rango de edades con mayores casos se encuentra entre los 30 y los 44 años, seguido por las edades entre 15 y 29 años. Esto no quiere decir que las niñas estén exentas de este riesgo, por el contrario, los datos del informe indican que “al menos 40 niñas menores de 15 años fueron víctimas de feminicidio en 2020”.
Pero hablar de los feminicidios no puede ser un asunto que se quede en las cifras. Mucho menos que se engloben situaciones particulares de cada país y región bajo un solo rótulo. Ante la permanencia de estos hechos violentos contra las mujeres, vale la pena detenerse en la mirada local de algunos de estos países para encontrar tanto los puntos divergentes, como los elementos comunes de un fenómeno tan complejo que no se reduce a la relación entre víctimas y victimarios, sino que involucra a la sociedad como un todo.
ARGENTINA
Desde aquel 2015, cuando el grito de ‘Ni Una Menos’ cruzó fronteras tejiendo redes regionales y continentales, los movimientos feministas en Argentina irrumpieron en la agenda pública como actores políticos con demandas muy concretas. Hoy, siete años después de esa primera movilización y después de dos de encierro por la pandemia, las demandas feministas no han cesado ante un panorama que todavía es hostil con las mujeres.
Los significativos avances propulsados por los movimientos feministas han sido muchos. Sin embargo, las cifras de femicidios y travesticidios/transfemicidios dan cuenta de que, pese a todos los avances y conquistas, las violencias machistas persisten. Durante el aislamiento obligatorio, a raíz de la pandemia y desde distintas partes del país, muchas organizaciones señalaron el aumento de la violencia machista en términos cualitativos. “Todos los delitos bajaron con la cuarentena menos los femicidios que persisten”, dijo en abril de 2020 la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
El registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación identificó en el primer año de confinamiento 251 femicidios directos, incluidos 6 travesticidios/transfemicidios. Esto quiere decir que hubo una víctima cada 35 horas durante 2020. El año pasado, la cifra se mantuvo en un nivel similar: 231 víctimas directas.
Pero no todo son cifras. Geraldine, Laura, Sabrina, Linda, Morena, Georgina, Miriam, Liliana, Claudia, Nora, son nombres que se concatenan y se superponen. También se repiten. El número cambia en la pantalla día a día; “Vas a ver, mañana será distinto”, dice Anabella Arrascaeta, integrante del Observatorio de Violencias Patriarcales Lucía Pérez, que lleva ese nombre en homenaje a la joven marplatense asesinada en 2016. Anabella tenía razón. Pasaron solo 36 horas para que el número cambiara de 145 a 147, representando los femicidios ocurridos durante el 2022 y registrando este primer padrón autogestionado y público que lleva un informe sistemático y diario para construir una radiografía de la violencia patriarcal.
En 2020, la cooperativa Mu La Vaca lanzó esta herramienta de registro, formada a partir de los criterios de femicidios elaborados desde 2014, basado en medios gráficos, fallos de las fiscalías y fuentes directas, que tiene a las familias de las víctimas como actores principales. Ellas son quienes van señalando cuál es la información necesaria desde su propia experiencia. “Mi hija no es una cifra”, cuenta Anabella que les dijo una madre cuando estaban armando el observatorio. Por eso decidieron ir a buscar y contar la historia detrás de los números: el nombre de la víctima, la edad, de dónde era, si tenía hijos o hijas, si estaba embarazada, si había hecho denuncias previamente, la fiscalía involucrada, si hubo condena para el femicida. “Las cifras son necesarias para poder pensar la dimensión del problema y pensar las políticas públicas y pensar las respuestas, pero queremos ir más allá”. El ir más allá implica también el seguimiento de la situación.
Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2021 hubo 182 niñas, niños y adolescentes que se encontraban a cargo de las víctimas directas de femicidio, por esto los familiares exigen que la reparación económica y cobertura en salud para los hijos e hijas de las víctimas, menores de 21 años, sea más efectiva, que se garantice el acceso a la justicia real y que haya un acompañamiento a las familias por parte del Estado.
Aunque hay iniciativas de políticas impulsadas desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, los movimientos feministas y las familias de las víctimas todavía encuentran vacíos. Desde la labor del Observatorio, Anabella apunta: “Las conquistas y los avances de los feminismos en las calles no se terminan de traducir en las políticas públicas necesarias y eficientes que le den respuesta a la problemática”. Uno de los puntos que señala como necesarios es que las autoridades gubernamentales se acerquen a las comunidades. “Hay que pensar instancias más democráticas de escucha para que las políticas públicas estén pensadas más desde y para los territorios”, dice.
Mientras los registros de femicidios aumentan en la página web del Observatorio, a la par también va aumentando la cantidad de movilizaciones en todo el país, que es una cifra que también recogen desde ahí. “Queremos que la lucha se escuche, que se sepa que se le está dando batalla a toda la impunidad para que después de que pase el femicidio no quede en la nada”, dice Anabella.
COLOMBIA
La Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio en Colombia, también es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, en conmemoración de la violación y el asesinato de esta mujer, un 24 de mayo de 2012 en Bogotá. Su caso es emblemático y dio pie para que se discutiera este delito y se avanzara jurídicamente con el marco legal para los casos en que cualquier persona cause la muerte o atente contra la vida de una mujer por razones basadas en su género. La pena que tiene el feminicidio varía entre 250 y 500 meses de cárcel. Paradójicamente, el caso de Rosa Elvira todavía tiene vacíos de información que la justicia no ha llenado y que sus familiares quieren conocer.
Desde la sanción de la ley en junio de 2015 hasta marzo de 2021, la Fiscalía General de la Nación había registrado 452 sentencias condenatorias por feminicidio, pero es a partir de aquí donde las cifras de este crimen comienzan a variar dependiendo de la fuente que se consulte. Incluso al revisar con detenimiento los informes de gestión de la entidad entre 2015 y 2021, se encuentra que los períodos de los registros de los crímenes cambian de un año al otro. En otras entidades, como la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), los datos de los últimos cinco años se parecen, pero no son los mismos.
Más grave aún es que estos números difieren de los reportes del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, que se encuentran en el portal del Estado colombiano Datos Abiertos, siendo estos últimos mucho mayores que los primeros. Por eso, el año pasado, la congresista colombiana Adriana Matiz denunció que los datos alojados en la página web y los proporcionados por la entidad mediante un derecho de petición no coinciden. (Figura 4)
Como respuesta a estas incongruencias y a la falta de un sistema oficial que registre de manera unificada este delito, diferentes organizaciones feministas se han dado a la tarea de registrar por su cuenta los casos de presunto feminicidio usando otras fuentes. Una de ellas es la Red Feminista Antimilitarista con su Observatorio Colombiano de Feminicidios, cuyos registros distan mucho de los reportes oficiales al estar basados en prensa, el seguimiento a las organizaciones comunitarias, los testimonios de las familias de las víctimas y los sistemas del Estado.
Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, explica que el registro de feminicidios de cada fuente o sistema de información cambia al basarse en la misión de la entidad que los publique. “Medicina Legal hace registro de homicidios de mujeres, no de feminicidios; la Policía hace el registro, por ejemplo, de noticias criminales de homicidios de mujeres; y la Fiscalía hace el registro de feminicidios, pero también de homicidios de mujeres”, profundiza.
Otro punto en el que también fallan las cifras oficiales es en registrar cuántos de los casos de feminicidio se tratan de transfeminicidios. De hecho, hasta 2018 se reconoció el primer asesinato de una mujer trans como un transfeminicidio; en ese entonces, la Fiscalía determinó que el homicidio de Anyela Ramos Claros tuvo como causa su condición de mujer, siendo así, como lo destaca la ONG Colombia Diversa, la segunda sentencia por feminicidio en contra de una mujer trans en toda Latinoamérica. A su vez, la Red Comunitaria Trans denunció que el año pasado se presentaron 36 transfeminicidios en el país y en lo que va corrido del 2022 han reportado 10 más, una realidad que necesita medidas que prevengan los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+.
Si bien la tipificación del delito de feminicidio ha servido para dimensionar la peor de las expresiones de violencias basadas en género, aún falta mucho camino por recorrer en materia de prevención y educación en el país. De igual forma, las tasas de esclarecimiento de los hechos y de impunidad son especialmente difíciles de calcular, según Rivera, porque no se sabe cuántos asesinatos de mujeres sí son feminicidios al no ser catalogados de esta forma por el Estado. Por esta razón considera necesario ampliar la comprensión del delito, tomando los contextos reales en los que se desenvuelven las mujeres y niñas en Colombia. “Es necesario que se saque del ámbito privado la violencia contra las mujeres y se conciba, para el Estado y las instancias locales, la violencia feminicida como una violencia pública y de poder”, puntualiza.
MÉXICO
En 2010, Julio César Hernández Ballinas, quien fuera la pareja de Mariana Lima Buendía, la asesinó e insistió en que se había tratado de un suicidio. Mientras que Hernández —quien además fungía como comandante de la Policía Judicial de Chimahualcán en el Estado de México— se mantuvo libre durante seis años posteriores a la comisión del delito, la madre de Mariana, Irinea Buendía, luchó por alcanzar justicia y logró sentar las bases para las miles de víctimas que, lamentablemente, llegarían después.
La lucha constante de Irinea, sus representantes legales y familia, significa un precedente histórico en la ley mexicana. Aunque inicialmente el caso de Mariana fue investigado como suicidio, los antecedentes que los allegados de Lima conocían apuntaban a algo totalmente distinto. Finalmente, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que su caso se reabriera, esta vez para ser investigado como un feminicidio.
“Los feminicidios no son un asunto de individuos perversos y anómalos, sino un fenómeno estructural de nuestras sociedades latinoamericanas que no solo les concierne a las mujeres”.
Gracias a la historia y la resiliencia de la familia Buendía, la SCJN determinó que cuando una mujer muere, “se deben identificar las conductas que la causaron y verificar la presencia o ausencia de razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las pesquisas pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia”. Lo cual significa que cada vez que se trata de la muerte de una mujer, los órganos encargados están obligados a implementar la perspectiva de género para su resolución.
Para identificar el feminicidio en México, el artículo 325 del Código Penal Federal busca establecer si la muerte de una mujer fue causada por razones de género. Para esto revisa si se presentan una o varias circunstancias como que la víctima tenga signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; entre otras circunstancias. El mismo artículo establece las penas para quien comenta el delito (de cuarenta a sesenta años en prisión, acompañados de una multa de quinientos a mil días) y castigos para los servidores públicos que retarden o entorpecen maliciosamente o por negligencia la justicia (de tres a ocho años de prisión y quinientos a mil quinientos días de multa).
Nelson Cardenas.
Este es el marco normativo, pero basta darle una mirada a la realidad. Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tendencia nacional de delitos de feminicidio de enero a marzo de 2022 es de 229, mientras que en 2021 se registraron 977. Con base en el mismo documento, de enero de 2015 a marzo de 2022 se obtiene un total de 5.759. Algo importante a señalar es que estas cifras no incluyen los casos de mujeres desaparecidas, una problemática latente en el país.
Dentro de los 229 casos registrados entre enero y marzo de 2022, el Estado de México fue el de mayor incidencia, con 39 de ellos, seguido por Nuevo León y Veracruz con 21 en cada uno. La violencia familiar es otro de los temas que influyen en la situación, tomando en cuenta que para determinar un feminicidio deberá revisarse si existió una relación activa o de confianza entre la víctima y el delincuente. Cabe destacar que los casos de violencia familiar en el país entre enero y marzo de 2022 suman un total de 56.224, incluyendo víctimas mujeres y hombres. Entre enero de 2015 y marzo de 2022 suman 1’371.262 casos.
El informe presenta también el aumento de los delitos de violencia de género en todas sus modalidades y distintas a la violencia intrafamiliar. Este representó un alza del 302,9 % entre enero y marzo de 2021 (1.023 casos), frente a enero y marzo de 2022 (4.122 casos).
AP
Mientras que no todos los casos terminan en feminicidio, sí existe una gran amenaza en contra de las mujeres, pues tan solo las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer entre enero y marzo de este año alcanzaron la cantidad de 74.592. Los números son alarmantes si tomamos en cuenta que entre enero de 2016 y marzo de 2022 se suman 1’195.262 de estas llamadas de emergencia.
La impunidad es un gran obstáculo para atacar estas violencias. De acuerdo con la investigación de la Asociación Impunidad Cero, en casos de feminicidios esta alcanzó el 51,4 % en 2019. Otro dato alarmante que se viralizó en redes sociales se conoció durante la primera mitad de 2021: 10,5 mujeres son asesinadas al día en México, según confirmó el SESNSP. Sin duda, esta desesperanzadora cifra no solo debe escandalizar, sino mover tanto a las autoridades como a la sociedad civil para impedir que persista.
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Para Sori Fernández, que nunca planeó hacerse activista, la búsqueda de justicia para su hermana y el interés en que esto no le ocurra a ninguna otra niña o mujer le cambiaron el rumbo. “Durante el camino hice actividades en honor a mi hermana, se fue tejiendo una relación muy poderosa con muchas mujeres de la ciudad, entre ellas mujeres que no conocían del movimiento feminista y por medio de mi aprendizaje pude mostrarles ese camino”, dice. Después de la condena del feminicida, el activismo de Sori tomó una fuerza colectiva. Ahora asiste a foros, marchas y publica diariamente en sus cuentas el registro de los días sin su hermana. Con esto trata también de sensibilizar a otras para que tengan herramientas no solo para defenderse, sino para apoyar a aquellas que se encuentran en círculos de violencia.
Como muchas activistas feministas han señalado, los feminicidios no son un asunto de individuos perversos y anómalos, sino un fenómeno estructural de nuestras sociedades latinoamericanas que no solo les concierne a las mujeres. Para Rita Laura Segato, la violencia contra las mujeres en esta región es una expresión de la inequidad de género circundante, y el perpetrador solo contiene ciertos valores presentes en toda la sociedad. Por esta razón, dice Segato, las violencias solo se frenarán desmontando, junto con los hombres, el mandato de masculinidad, es decir, desmontando el sistema de valores patriarcales, pues la masculinidad que desde allí se reproduce es la que ha hecho posible la guerra, “y sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera”.
