junio 7, 2022

Aún no son claros los datos sobre feminicidios en Colombia

A seis años de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely, no se ha logrado llegar a un consenso en las cifras de violencia feminicida en el país registradas por organizaciones estatales y ONG’s

Por  MELISA PARADA BORDA

Nelson Cardenas

El 24 de mayo se conmemoraron 10 años del feminicidio de Rosa Elvira Cely, y pese a que sentó un precedente en cómo se tipifican los asesinatos de mujeres con base en el género, su familia asegura que hasta el día de hoy quedan incógnitas respecto a las razones que desencadenaron el atroz acto. Es más, en una declaración reciente en W Radio, su hermana Adriana Cely explicó que en todo el proceso únicamente escuchó la voz del feminicida Javier Velasco cuando este aceptó los cargos.

El hombre fue condenado a 48 años de prisión por el crimen, pero en medio del proceso se descubrió que el victimario ya tenía antecedentes de un homicidio cometido presuntamente en 2002 y dos procesos por abuso sexual sobre menores de edad. Por eso en 2015 la familia de la víctima interpuso una demanda en contra del Estado colombiano por negligencia y omisión por parte de las autoridades, también por las demoras de la Policía en atender y darle atención médica oportuna a Cely. Como respuesta a la demanda, en 2016 la Secretaría de Gobierno de Bogotá, encabezada en ese tiempo por Miguel Uribe Turbay, emitió un comunicado en el que culpabilizó a Cely por los crímenes de los que fue víctima. Poco después, el entonces secretario de Gobierno salió a pedir disculpas públicas y aseguró no haber tenido conocimiento de la infame contestación.

Según un reportaje de El Tiempo, en 2019 se llevó a cabo la última audiencia en relación a su demanda contra del Estado, pero la llegada repentina de la pandemia puso en pausa el proceso y hasta marzo de este año la familia no había recibido ninguna novedad para retomarlo. Así es como en un caso tan resonado también se ha entorpecido la reparación y no repetición para las víctimas, puntos en los que el Estado continúa fallando con otros cientos de casos de violencia de género y feminicidios tras una década de la promulgación de la Ley 1761 de 2015.

La ley, también conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, reconoció el feminicidio como delito autónomo, esto es, cualquier persona que cause la muerte o atente contra la vida de una mujer por razones basadas en su género podrá enfrentarse a una pena que va entre 250 y 500 meses de cárcel. En Colombia, para que un homicidio de una mujer sea calificado como tal tiene que seguir una serie de condiciones que son determinadas tras una investigación adelantada por la Fiscalía, estas son: tener un vínculo con la víctima, ser perpetrador de diferentes tipos de violencia antes del crimen, ejercer actos de instrumentalización sobre el cuerpo y la vida de la mujer, aprovechamiento de relaciones de poder, haber infundido terror o humillación “a quien se considere enemigo”, antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia en diferentes ámbitos, y/o que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad.

Desde la sanción de la ley en junio de 2015 hasta marzo de 2021, la Fiscalía General de la Nación había registrado 452 sentencias condenatorias por feminicidio, pero es a partir de aquí desde donde las cifras de este crimen comienzan a variar dependiendo de la fuente que se consulte. Incluso al revisar con detenimiento los informes de gestión de la entidad entre 2015 y 2021, se encuentra que los períodos de los registros de los crímenes cambian de un año al otro. Por ejemplo, la muestra de 2018 se tomó entre enero y agosto de ese año, mientras que la muestra entre 2020 y 2021, y 2021 y 2022, se calculó en otros meses. En otros informes como el de 2015, 2016 y 2017 no se encuentran ni siquiera los registros de violencia feminicida, o bien no se diferencian de la categoría de violencia intrafamiliar y homicidio. Pero esto no se queda allí ya que la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) compartió sus datos de los últimos cinco años a la Corporación SISMA Mujer, y aunque se parezcan, no son los mismos.

Más grave aún es que estos números difieren de los reportes del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía que se encuentran en el portal de Datos Abiertos, siendo estos últimos mucho mayores que los primeros. Por eso el año pasado, la congresista Adriana Matiz denunció que los datos alojados en la página web y los proporcionados por la entidad mediante un derecho de petición no coinciden. (Figura 1)

Como respuesta a estas incongruencias y la falta de un sistema oficial que registre de manera unificada este delito, diferentes organizaciones feministas se han dado a la tarea de registrar por su cuenta los casos de presunto feminicidio usando otras fuentes orales. Una de ellas es la Red Feminista Antimilitarista con su Observatorio Colombiano de Feminicidios, cuyos registros distan mucho de los reportes oficiales al estar basados en prensa, el seguimiento a las organizaciones comunitarias, los testimonios de las familias de las víctimas y los sistemas del Estado. (Figura 1:4 y 2)

Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, explica que el registro de feminicidios de cada fuente o sistema de información cambia al basarse en la misión de la entidad que los publique. “Medicina Legal hace registro de homicidios de mujeres, no de feminicidios; Policía hace el registro, por ejemplo, de noticias criminales de homicidios de mujeres; Fiscalía hace el registro de feminicidios pero también de homicidios de mujeres”, profundiza.

Otro punto en el que también fallan las cifras oficiales es en registrar cuántos de los casos de feminicidio se tratan de transfeminicidios, de hecho, hasta 2018 se reconoció el primer asesinato de una mujer trans como un transfeminicidio. En ese entonces, la Fiscalía determinó que el homicidio de Anyela Ramos Claros tuvo como causa su condición de mujer, siendo así, como lo destaca Colombia Diversa, la segunda sentencia por feminicidio en contra de una mujer trans en toda Latinoamérica.

La Red Comunitaria Trans denunció que el año pasado se presentaron 36 transfeminicidios a lo largo de Colombia, como consecuencia de un sistema que no ha tomado las medidas necesarias para prevenir los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+. Y en lo que va corrido del 2022, la organización ha reportado 10 feminicidios de mujeres trans, siendo el de ‘La Flaca’ en Pereira el más reciente.

Si bien la tipificación del delito de feminicidio ha servido para dimensionar la peor de las expresiones de violencias basadas en género, aún falta mucho camino por recorrer en materia de prevención y educación, como se estipula en los artículos 10 y 11 de la Ley 1761 de 2015. De igual forma, las tasas de esclarecimiento de los hechos y de impunidad son difíciles de calcular especialmente, según Rivera, porque no se sabe cuántos asesinatos de mujeres sí son feminicidios al no ser catalogados de esta forma por el Estado. Por esta razón considera necesario ampliar la comprensión del delito, tomando a consideración los contextos reales en los que se desenvuelven las mujeres y niñas en Colombia. “Es necesario que se saque del ámbito privado la violencia contra las mujeres y se conciba, para el Estado y las instancias locales, la violencia feminicida como una violencia pública y de poder”, añade. Faltaría, además, verificar si los investigadores y jueces están verdaderamente preparados para tratar casos relacionados con este tipo de violencia.

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