Latinoamérica tiene un reto enorme para esclarecer y prevenir la desaparición forzada. Se dice que es el crimen que más daño puede causar a la sociedad. Sin el ánimo de jerarquizar los dolores, cuando una persona desaparece forzadamente, sin dejar rastro, el daño se extiende a la víctima directa, a su familia, a su comunidad y a la sociedad entera. No es una exageración. Este delito se ha usado como estrategia de control para crear terror en la población en distintas partes del mundo.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento, dice Rubén Blades en una canción. Esa permanente ausencia no deja cabida para nada más que la espera y la búsqueda. La imposibilidad del duelo hace que se ensanche el dolor hasta ocupar toda acción o pensamiento de quienes esperan noticias que les saquen del limbo.
De cifras no se puede hablar con certeza, pero las Naciones Unidas indican que “cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo”. Si incertidumbre es la palabra que más resuena cuando se enfrenta la desaparición forzada, el subregistro es lo común. Aún así, las familias que han podido denunciar han aportado al reconocimiento en números de este crimen que América Latina y el Caribe conocen desde hace décadas.
No hay forma de consolidar cifras confiables sobre el total de víctimas, pero se entiende que en Colombia hay por lo menos 190.000 personas desaparecidas; en México alrededor de 100.000; en Guatemala al menos 45.000; en Argentina se tiene registro de 30 mil personas o más detenidas y desaparecidas en la dictadura; Perú todavía tiene alrededor de 19 mil, luego de más de veinte años del fin del conflicto armado; El Salvador, un país de 6.3 millones de personas, tiene registrados más de 12 mil desaparecidos, una estimación tan alarmante y en ascenso, que recuerda el horror de las personas desaparecidas en épocas del conflicto armado salvadoreño durante las décadas de los ochenta y noventa.
Al final, las cuentas de la desaparición forzada son tan disímiles y a la vez numerosas en esta región del mundo, que el punto no está en buscar un número exacto, sino en el horror que representa cada caso.
Sin víctimas no hay delito. La perversa lógica de la desaparición
La familia Molina Theissen lleva más de cuatro décadas buscando a su hijo y exigiendo justicia al Estado guatemalteco por su desaparición. Marco Antonio Molina Theissen tenía 14 años cuando un grupo de militares entró a su casa en busca de su hermana Emma y al no encontrarla lo secuestraron. Era 1981 y Emma acababa de fugarse de una base militar en la que estuvo detenida ilegalmente durante nueve días mientras era torturada y violada. Nunca más volvieron a tener noticias de Marco Antonio.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda de su familia y responsabilizó al Estado de Guatemala por la desaparición del adolescente, así como ordenó investigar lo ocurrido, localizar sus restos y sancionar a los responsables. Este se considera un caso emblemático para Guatemala y para la región por la posterior condena en los tribunales nacionales contra cuatro altos militares en 2018. Lamentablemente, en marzo de 2023 y en medio de un ambiente institucional inestable, les concedieron arresto domiciliario, una medida duramente criticada por las víctimas. Incluso Francisco Luis Gordillo Martínez, uno de los condenados, ha pedido que se anule la sentencia en su contra e incluso su abogado niega que Marco Antonio esté muerto.
Ana Lucrecia Molina Theissen, investigadora y otra de las hermanas del adolescente, ha reiterado la naturaleza deshumanizante de este delito y señalado sus raíces en la historia de América Latina desde por lo menos la década del sesenta: “cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito”.
Pero la realidad es que las víctimas de este delito son muchas, incluidas por supuesto las familias buscadoras. Además de las afectaciones emocionales profundas y el temor ante represalias, las consecuencias materiales aportan más angustias, pues la persona desaparecida usualmente es el principal sostén económico del hogar. La ONU ha indicado que hay afectaciones diferenciadas para las mujeres, pues son las primeras perjudicadas cuando inician las privaciones económicas luego de una desaparición y las encargadas de gestionar recursos para la búsqueda. Cuando son ellas las víctimas de desapariciones, se ha identificado que son particularmente vulnerables a la violencia sexual y otras formas de violencia de género.
La respuesta de los Estados ante la desaparición forzada
Tras largos periodos de guerra civil, conflicto armado interno o dictadura, algunos países han tenido procesos de paz acompañados por comisiones que intentan aclarar el panorama de la desaparición y dar respuesta a las familias. A pesar de los esfuerzos, los resultados en este tipo de delito no son satisfactorios en su gran mayoría. El caso peruano muestra que tras más de dos décadas desde las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación frente a la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto interno entre 1980 y el 2000, esta es una de las tareas menos priorizadas por el Estado y el camino para hallar e identificar a las más de 19.000 víctimas es extremadamente lento.
En España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirmó en 2022 que hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos, aludiendo a los estragos de la dictadura de Francisco Franco. La cifra se ha puesto en duda por las dificultades técnicas para establecer el conteo de fosas comunes y víctimas, así como por los intereses políticos que hay detrás de la revisión histórica de la dictadura. Sin embargo, los avances en el esclarecimiento son dispares. El País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que más han avanzado en la identificación de las víctimas.
Una de las historias activas más recientes al respecto es la de Colombia, por su reciente proceso de paz que incluyó la creación de instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Antes de la creación de la UBPD, que solo investiga casos que hayan ocurrido antes de diciembre de 2016, otras entidades estaban encargadas de esta tarea, como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía o el Instituto de Medicina Legal.
Pablo Cala, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos, opina que la respuesta institucional en Colombia frente a la búsqueda de personas desaparecidas no cumple las expectativas que se construyeron con la creación de la UBPD. La referencia que toman esta y otras organizaciones civiles es la comparación con el trabajo que realizó la Fiscalía en los años 2008 al 2012 con el grupo de trabajo encargado de la búsqueda, identificación y entrega de la unidad de Justicia y Paz. Esta sección de la Fiscalía surgió luego del proceso de desmovilización de grupos paramilitares en 2005.
Gran parte de los procesos de entrega que ha hecho la UBPD, dice Cala, han sido de exhumaciones que ya se habían realizado anteriormente por otras entidades y sólo se ha agilizado el proceso de entrega, así que los avances propios de la Unidad son escasos. Si bien entiende que los retos son muchos, los resultados que esperan las familias ante un proceso de búsqueda es encontrar vivo o muerto a su familiar y ese fin no tiene ningún tipo de negociación.
A partir de allí, los grandes retos que tiene la búsqueda de personas desaparecidas pasan por tres elementos, de acuerdo con lo que las organizaciones de familiares y defensores de DDHH han identificado. El primero es que no se puede esperar que sólo una entidad como la UBPD dé cuenta de todo el universo de víctimas. Lo segundo es la urgencia de una articulación desde la política pública y la práctica de las entidades que tienen algún tipo de responsabilidad en esta respuesta, así como el fortalecimiento de entidades y sistemas de información para mejorar el banco de perfiles genéticos que incluya el cotejo de los cuerpos recuperados.
La participación de las organizaciones de familiares y acompañantes en estos procesos es el tercer elemento que resalta Cala: “La participación no puede reducirse a la entrega de información o a recibir eventualmente algún dato, sino a estar en todo el proceso guiando y haciendo. Gran parte de lo que hoy existe en la institucionalidad se debe a la experiencia de la búsqueda de los familiares y las organizaciones”.
Para atender al llamado de las organizaciones sociales y dar respuesta a la necesidad de articulación entre instituciones, el Ministerio de Justicia y el Derecho recientemente incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia un artículo que da origen al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que dará origen a una política integral al respecto. Mariana Ardila, directora del área de Justicia Transicional del Ministerio, explica que desde allí han priorizado el fortalecimiento de las entidades y la articulación interinstitucional para la búsqueda a través de una comunicación estrecha con las organizaciones de víctimas y de familiares que por décadas se han dedicado a esto. El Sistema dará particular atención y participación a las mujeres buscadoras, una solicitud que hicieron las organizaciones de familiares.
La desarticulación no es el único problema, dice Ardila. El Sistema busca mejorar tanto la articulación entre lo judicial y lo humanitario, como abarcar nuevos actores y espacios que se han ido descubriendo. Por ejemplo, considerar los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, los proyectos de infraestructura, el manejo de los cementerios, entre otros.
Las condiciones de seguridad en la región impiden la prevención de este delito
La desaparición forzada en contextos de conflicto tiende a investigarse cuando éste ha cesado. Desafortunadamente, esto no significa que este crimen se detenga si persisten situaciones inseguras. En México, el representante del alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alan García, indicó hace pocos meses que las desapariciones en este país siguen ocurriendo y se han dado en gran medida por el contexto de militarización actual.
El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU han alertado desde hace varios años sobre las altas cifras de este delito en el país y su preocupación por la tendencia al aumento. La cifra cercana a las más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente es angustiante. El modelo de seguridad militarizado que trata de combatir el avance del narcotráfico, dice García, ha demostrado no ser efectivo para proteger a los civiles. Por el contrario, explica, el 99 % de las desapariciones se han cometido en ese contexto.
En países como El Salvador, donde las bandas criminales imparten terror y los agentes estatales responden con militarización y prácticas violatorias de los derechos humanos, se han generado espacios propicios para la desaparición forzada. Las organizaciones de DDHH han denunciado que bajo el estado de excepción del gobierno de Nayib Bukele, más de 71.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, han recibido tratos crueles y se ha negado información de su paradero a las familias que las buscan.
La advertencia de los organismos internacionales que hacen seguimiento a este flagelo insiste en la falta de garantías de paz para la población en varios lugares del continente, así como de la poca celeridad en los procesos de búsqueda, algo que requiere mayores compromisos por parte de los Estados.
