A diferencia de otras formas de violencia, la desaparición forzada siempre implica un dolor irresuelto que se perpetúa en el tiempo. Los seres queridos de la persona buscada habitan un limbo que imposibilita el luto y extiende su duelo mientras esperan respuestas que terminen esa ambigüedad.
En la historia de conflicto armado en Colombia, la desaparición forzada no ha sido un hecho marginal. Quizás por eso, los cuestionamientos que abrió la investigación de la revista CAMBIO sobre las irregularidades en la red de cementerios públicos en Bogotá y los posibles casos de desaparecidos del paro nacional, revivieron con fuerza la angustia colectiva frente a los crímenes de Estado.
Son muchas las preguntas que están sin responder. La principal será determinar, qué tanto hay de verdad en la afirmación del contratista Sergio Vanegas sobre los supuestos 300 manifestantes que habrían sido cremados y desaparecidos en cementerios distritales y que, con razón, tanta conmoción ha generado. Aunque la alcaldesa Claudia López negó enfáticamente que esto fuera posible e incluso dijo que en el paro nacional en Bogotá no hubo desapariciones (algo que no es cierto), lo único claro en este escándalo es que, en Bogotá y en Colombia, el delito de desaparición forzada está rodeado de ambigüedades, falta de protocolos para su manejo y un gran vacío de información y articulación institucional que puede favorecer su persistencia.
¿Qué registro se lleva de los casos de desaparición forzada y quién lo coordina? ¿Quién es responsable de buscar a las y los desaparecidos? ¿Qué protocolos existen para el manejo de cuerpos sin identificar en los cementerios? ¿Quién garantiza que se investigue y se actualicen las bases de datos de personas dadas por desaparecidas? En un país con una larga historia de conflicto armado, ¿cómo prevenir la repetición de la desaparición forzada y aliviar el dolor de las y los que buscan?
La desaparición forzada en Colombia, un horror de larga data
En Colombia, todos los actores armados, incluidas las fuerzas estatales, han usado la desaparición dentro de sus repertorios de violencia. Por lo menos las últimas cuatro décadas vieron surgir y mantenerse este crimen. De acuerdo con el informe de 2016, Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta forma de violencia ha afectado a 1.010 de los 1.115 municipios del país.
El reporte explica que la desaparición forzada en Colombia ha sido una estrategia de guerra con múltiples fines y en sus orígenes se relaciona con la doctrina anticomunista de las décadas de los sesenta y setenta. Sin entrar en detalles históricos más profundos, la política del “enemigo interno” promovida por diferentes gobiernos y mandos militares, dio pie a la represión y persecución de las personas contrarias a los partidos en el poder por medio de la fuerza pública. Bajo esas condiciones, la desaparición forzada se sumó a otras prácticas violentas en contra de los oponentes políticos, o simplemente en contra de los sectores sociales más marginados. Luego, con la degradación del conflicto en los años 80 y la aparición de grupos paramilitares, se hizo más común esta práctica, sobre todo en la década de 1990 y primeros años del 2000.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), a diciembre de 2022, se cuentan 190.889 víctimas de desaparición forzada, 50.911 directas y 139.978 indirectas, es decir, sus familiares. A su vez, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto de Medicina Legal reporta, por ejemplo, 3.340 desaparecidos en 2021 y 3.652 en 2022 en todo el país. Vale aclarar que, en el SIRDEC, no todos los registros corresponden a desaparición forzada. También hay que decir que son varias las entidades involucradas en aportar a este registro, pero no siempre lo hacen.
En términos legales, la Constitución Política de 1991 consagró el derecho a no ser desaparecido de manera forzosa y en el año 2000 apareció la primera tipificación del delito con la Ley 589. En esta ley además se crearon mecanismos para la prevención, registro y atención de estos casos. Allí se contempla no solo la definición del delito que incluye privar de la libertad a una persona, ocultarla y negarse a dar información de su paradero (atención a este punto), sino que además se aclara que “A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior”.
Sí hubo desapariciones en el paro nacional
Si nos apegamos a la definición de desaparición forzada en la ley colombiana y en los estándares internacionales, las declaraciones de Claudia López son, por lo menos, inexactas. Se sabe con certeza que durante el paro nacional se usó la figura del “traslado por protección” para llevar a las y los ciudadanos a centros policiales. Según Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en entrevista con WRadio, los casos de detenciones donde no se sabía el paradero de las personas, a pesar de preguntarle a las autoridades policiales y el ocultamiento o negativa a reconocer si estaban detenidos o no, constituyen desaparición, así posteriormente hayan regresado a sus hogares.
En la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021, a raíz de los abusos de la fuerza pública en el paro nacional, se determinó que siete mil personas fueron detenidas bajo esta figura del traslado por protección, en un ejercicio de disciplinamiento que quería evitar que participaran en las protestas. De ahí surgieron las primeras denuncias de desaparición, sumadas a la decisión de las autoridades de no informar el paradero de las y los detenidos. “Muchos de esos casos no fueron tramitados adecuadamente y por eso hay un universo de personas que siguen desaparecidas, sea pequeño o alto”, afirma Ortegón.
Esta situación fue masiva en los días de mayores choques y represión por parte de la fuerza pública. Sin embargo, un caso aún más evidente y doloroso, fue el del joven de 17 años, Duván Felipe Barros, quien desapareció el 5 de junio de 2021 en protestas en el portal de las Américas. Su familia no supo nada más excepto que esa noche varios jóvenes habían sido detenidos por la policía. Luego de buscar en todas las instituciones posibles, el 11 de julio pudieron confirmar la muerte de Duván cuando fueron citados a Medicina Legal y su tío lo identificó, según él, con golpes visibles en la cara y la cabeza. Un ejemplo indiscutible de desaparición forzada, así finalmente haya sido encontrado sin vida.
Aunque las cifras sobre las y los desaparecidos en el paro son confusas, hasta octubre de 2022 seguían activos 27 casos en la Fiscalía. Diversas organizaciones e instituciones se han pronunciado con números oscilantes sobre una cifra exacta de víctimas. Esto no es extraño en este delito donde los vacíos de información son la norma y la falta de rutas rigurosas empeoran su resolución. Y así, en el contexto del paro nacional todo se hizo más difícil.
Para las trabajadoras del sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas-UBPD ‘Omaira Montoya Henao’ (SINTRAUBPD), el paro nacional supuso retos muy grandes para las organizaciones de la sociedad civil que recopilaron información sobre desapariciones. De hecho, el sindicato se sumó en ese momento a otras organizaciones que monitoreaban los casos, pero la gravedad de lo que ocurría y la angustia colectiva hizo que circulara una gran cantidad de información que no era posible rastrear con profundidad. “Había casos de personas desaparecidas que aparecían y seguía circulando su información en redes sociales por varios días”, dicen. También comentan la dificultad de procesar denuncias de personas en distintas partes del país con un mismo nombre y sin mayores datos.
SINTRAUBPD insiste en que, a pesar del caos, algo importante ocurrió en ese periodo, pues las organizaciones de derechos humanos identificaron y pusieron en conocimiento público que las desapariciones estaban siendo usadas por la fuerza pública en el escenario de movilización social y que esto va en completa contravía del deber del Estado en garantizar la no repetición. Aquí se refieren a, por lo menos, las conductas de agentes policiales negando información de detenidos en estaciones de policía, así fuera por horas o pocos días. Desafortunadamente, explican, en medio de estas situaciones, no hubo mayores denuncias por el delito de desaparición, tanto por priorizar el regreso de la persona a casa, como por temores a represalias.
La inconsistencia en las cifras y la falta de articulación entre las instituciones involucradas en la atención de este delito es grande, pero esto no debe ser un distractor para atender las denuncias de posibles manejos irregulares de los cementerios de cuerpos sin identificación correcta. Como afirma la abogada Ortegón, “los llamados son a que se investigue por parte de las autoridades y partan del hecho de que es cierto que hay cuerpos que fueron dispuestos y cremados irregularmente así no sepamos a quién correspondían”.
Las fallas del Estado al atender casos de desaparición y regular los cementerios
En SINTRAUBPD aclaran que las fallas en la articulación interinstitucional son varias y parten desde la falta de personal especializado y de protocolos claros que alimenten la base de datos del SIRDEC, pues no todos los casos se registran allí. Esto limita la información compartida que obstaculiza la respuesta entre instituciones como la Fiscalía, la Policía Nacional, la UBPD, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y la misma Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Además, insisten en que hay información errada sobre las rutas y uso del mecanismo de búsqueda urgente que sigue arraigada entre la ciudadanía, como creer que se debe esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida o que esto solo lo puede hacer un familiar. Ambas cosas son erróneas.
Por su parte, el CAJAR, resalta que el mecanismo de búsqueda urgente tiene como fin buscar a personas desaparecidas con vida y afortunadamente muchos casos fueron así en el paro. Esto no implica hablar de “personas no localizadas” como han querido establecer las autoridades en Bogotá, “eso es negacionismo”, indica la abogada Jomary Ortegón. También insiste en el elemento clave de la denuncia de Sergio Vanegas y es en el manejo que tienen los cementerios, no solo los públicos y su relación con la desaparición forzada.
Según Ortegón, en los cuarenta años de experiencia del Colectivo, han constatado el terrible uso de los cementerios como un escenario de ocultamiento de cuerpos de líderes y militantes sociales que han sido desaparecidos, posteriormente asesinados y su familia no sabe dónde están. No en vano la JEP otorgó medidas cautelares sobre varios cementerios porque se presume que en esos espacios hay víctimas de desaparición forzada. “Históricamente los cementerios han sido espacios de disposición de estas víctimas y en esa medida la denuncia parece creíble”. Se refiere además a la falta de reglamentación de estos espacios que ha favorecido este delito.
Sin embargo, Ortegón aclara, que “de allí a afirmar que 300 cuerpos de personas desaparecidas durante el paro nacional fueron dispuestos y cremados en estos cementerios de Bogotá hay una distancia grande”. Por esto en el CAJAR instan a que se investigue la denuncia para poner en orden las irregularidades que puedan favorecer la impunidad y la ausencia de verdad para las familias.
SINTRAUBPD también recalca en que el manejo de los cuerpos no identificados de los cementerios del país afecta los procesos de búsqueda y el mandato de su entidad, que se enfoca en casos únicamente relacionados con el conflicto armado. La falta de seguimiento y registro de los cuerpos inhumados genera varios problemas y hace que trabajar en cementerios sea sumamente difícil para encontrar personas. Explican también que no todo cuerpo no identificado en un cementerio puede ser asociado a hechos del conflicto armado o a víctimas de desaparición forzada, pues hay otras circunstancias que puedan llevar a tener cuerpos sin identificación, como adultos mayores en centros de cuidado que no tienen familiares o habitantes de calle, entre otros. Aún así, no dejan de recalcar que lo ocurrido en el paro y en los cementerios debe ser investigado, así como se debe tener un registro riguroso que no favorezca prácticas de desaparición forzada como ha ocurrido en el pasado y desafortunadamente sigue ocurriendo.
