La promesa más importante de la campaña de Daniel Noboa fue la lucha contra el crimen organizado. Desde noviembre de 2023, cuando tomó posesión como presidente, anunció políticas de mano dura ante un escenario de violencia tan complicado que llegó hasta el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un par de meses antes. Lo ocurrido entre el siete y el nueve de enero de 2024 ha dejado conmocionados tanto a la población ecuatoriana, como al resto de países de la región. Crisis en las prisiones, explosiones en las calles y la toma de un programa de televisión en vivo por parte de un grupo de encapuchados con armas y granadas, hacen que el panorama sea muy preocupante. En medio de la crisis, Noboa pasó de la declaratoria de “estado de excepción” para enfrentar al crimen, a una de “conflicto armado interno”, un hecho que no tiene antecedentes en Ecuador, pero sí muchas implicaciones para el país.
Lo que llevó a la crisis
Para establecer el origen de una situación tan compleja habría que remontarse al año 2000, cuando se dolarizó la economía ecuatoriana que hoy facilita muchos negocios trasnacionales. O cuando en ese mismo año se dio inicio al Plan Colombia, que empujó hacia la frontera sur a los grupos narcotraficantes que fueron estableciendo relaciones con Ecuador. Pero de manera más reciente, se puede ubicar el 2017 o 2018, cuando más grupos de narcotráfico y otros crímenes que traspasan fronteras, comenzaron a instalarse en el país. Lo que por muchos años fue un territorio relativamente pacífico, en medio de vecinos con conflictos armados graves y narcotráfico, como Colombia y Perú, desde hace pocos años se ha vuelto un territorio de gran interés para la criminalidad. Desde 2021, por ejemplo, la crisis de seguridad se ha agudizado notoriamente.
El incremento de la influencia y el poder territorial de grupos armados conectados con la criminalidad transnacional son más claros ahora. Esto se ha hecho evidente especialmente en las cárceles. Charlie Cabrera, politólogo internacionalista y especialista en seguridad y estrategia comunicacional de crisis, ve una relación de varios tipos de crímenes internacionales que están conectados por objetivos netamente económicos, como el narcotráfico, la trata de personas, la minería legal, el tráfico de armas y combustibles, entre otros, que hoy operan en simultánea generando mucho dinero.
La llegada de Noboa al poder se dio en el marco de una crisis por las acciones de estos grupos criminales (en la que fue asesinado el candidato Villavicencio). El recién posesionado presidente habló de mano dura, de militarización y de nuevas cárceles de máxima seguridad. Al parecer, Noboa no contempló que su estrategia tendría una fuerte reacción por parte de estas bandas.
El caos penitenciario y la dura respuesta de la criminalidad
La fuga de Adolfo Macías, alias Fito y líder de la banda los Choneros, es un marcador clave de esta crisis violenta. Fito se fugó de la cárcel de Guayaquil el 7 de enero, antes de ser trasladado a un centro de máxima seguridad. Desde aquel día, el presidente respondió con el decreto del estado de excepción por “grave conmoción interna”. Con la medida, se activaron permisos especiales para las fuerzas armadas y se suspendieron o limitaron derechos como la libertad de tránsito, de reunión y de información. La réplica de las bandas no pudo ser peor: explosiones en al menos ocho provincias, secuestro de más de 135 guías o funcionarios de las cárceles, motines y más fugas. Desde hace un par de años, el control real de las cárceles está por fuera de la acción del Estado.
Como explica Charlie Cabrera, el sistema carcelario cambió el esquema que el gobierno de Rafael Correa había instaurado entre el ministerio de Gobierno y del interior, con el ministerio de Justicia. Esta era una estructura formada técnicamente para entender la problemática de los criminales, pero cambió por una decisión política de las siguientes administraciones. Esto hizo que las cárceles cayeran en manos de los grupos delincuenciales y que el Estado ahora tenga muy poca capacidad de control. Además, creó una gran paradoja: “Mientras más intentes volverte securitista, poner penas más altas y más cárceles, y aglomerar más gente allí, el efecto es contrario, porque mientras más gente haya en las cárceles, más capacidad tienen ellos [los grupos criminales] de captar personas”.
Como si no fuera suficiente, durante la tarde del nueve de enero, el canal de televisión TC de Guayaquil fue tomado por un grupo armado. La operación ocurrió mientras se transmitía un noticiero en vivo. Las imágenes que circulan en internet muestran momentos sumamente angustiantes para el equipo del canal, incluido el presentador de televisión que fue amenazado con armas largas ante las cámaras. Aunque la policía retomó el control del canal, liberó a los rehenes y capturó a los hombres, durante la transmisión se pudo oír un breve mensaje: “Están al aire para que sepan que no se juega con las mafias”.
Para la antropóloga visual y fotoperiodista ecuatoriana, Vanessa Terán, este hecho fue una muestra de poder y de que los medios también son un espacio de disputa para el crimen organizado. Asimismo, refuerza lo que muchos han denunciado y es que los periodistas no tienen garantías para hacer su trabajo en el país, pues varios han tenido que exiliarse y otros reciben constantes amenazas o incluso han sido asesinados.
Ante la gravedad de los hechos, Noboa respondió con una medida inédita en el país: el decreto del conflicto armado interno. La decisión fue sorprendente, pues le da un estatus diferente a la crisis de seguridad actual, especialmente a los grupos criminales que allí operan.
¿Crimen organizado o terrorismo? La cuestión del conflicto armado interno
Con la nueva medida, el gobierno de Noboa se embarca en una retórica de lucha contra el terrorismo al caracterizar a las bandas criminales como “actores no estatales beligerantes” y terroristas. Además, ordena movilizar a las Fuerzas armadas y a la Policía nacional para combatirlos, guiándose por el Derecho internacional humanitario, una situación propia de los contextos de guerra generalizada.
El análisis que hace Cabrera frente a esta decisión apunta a que el gobierno está reconociendo a estos grupos como terroristas, pero ve en esto una situación problemática. Bajo una postura teórica a la que se acoge, el crimen organizado transnacional es distinto del terrorismo, pues tiene como objetivo maximizar sus ganancias de economías delictivas con el menor riesgo. Para eso utiliza la violencia, la infiltración en el Estado (como se ha comprobado en Ecuador), genera miedo para tener representatividad y respaldo, y mantiene así su negocio andando.
Como explica el analista, “lo que está pasando en el Ecuador obedece a esa lógica, pero la actuación es a través de una escalada de violencia con tácticas terroristas que no buscan romper el statu quo para posicionar una visión política específica o un mensaje político”. Cabrera cree que lo que estamos viendo es la intención de generar miedo y mostrarle al Estado que no tiene el control de la seguridad, que hay un alto nivel de penetrabilidad dentro de sus propias instituciones y que no tiene el control ni la garantía de tomar decisiones.
“Este no es un problema solamente del Ecuador”
La discusión sobre si se puede nombrar o no como conflicto armado sigue abierta, pero quedan tres puntos que no se pueden eludir:
1. La población civil tiene miedo y una respuesta militarizada puede escalar más el conflicto. Los establecimientos cerrados, las calles vacías y mucho temor que se difunde a través de redes sociales con fake news, acompañan a las y los ecuatorianos en los últimos días. “Esto genera una sensación de abandono estatal, gubernamental, abandono en todo sentido, lo que permite que el caos continúe. Mientras más caos, más beneficio tiene el crimen organizado transnacional. Básicamente utilizan la violencia, psicológica o física para generar réditos a su negocio, nada más”, dice Cabrera. Esto además se debe contemplar bajo los efectos de las nuevas medidas donde las libertades quedan restringidas por los decretos de conmoción interior y conflicto armado, creando un ambiente que puede ser caldo de cultivo para abusos de autoridad, falsos positivos e irrespeto a los derechos humanos.
2. Más allá de las declaraciones del presidente y el nuevo decreto, es poco clara cuál será la estrategia de seguridad que tomará. La ONG Insight Crime opina que las políticas de mano dura han generado justamente una reacción más violenta y que “ahora que Noboa ha declarado la guerra, su estrategia de escalada ha alcanzado su punto máximo, sin que exista un plan de acción claro en caso de que esta guerra se prolongue”.
3. Cabrera, como otros analistas políticos de la región, finaliza con una reflexión que requiere un espacio mucho más extenso, pero que se resumen en que este no es un problema local. Las consecuencias de lo que significa declarar el conflicto armado en el mediano y largo plazo pueden ser negativas para Ecuador y aislarlo en un momento en donde es más necesario que nunca una articulación con el sistema internacional para poder atacar un problema transnacional.
Esa alianza para enfrentar a economías delictivas transnacionales debe ser primero regional, pero también mundial, pues estas organizaciones criminales claramente están vinculadas y generan graves perjuicios a la población civil en distintos países de América Latina y el Caribe, pero dirigen sus negocios a mercados internacionales. Como cierra Cabrera, “El conflicto se genera y se vive aquí en el Ecuador, pero los negocios están en otros lados del mundo. Aquí solo está pasando el conflicto, somos lo que queda del crimen organizado transnacional”.
