Desde un inicio el gobierno actual mostró cierto desdén por las reglas, pasándose por la galleta derechos fundamentales y normas establecidas para garantizar el buen ejercicio de la democracia. El descaro no tiene límites y a estas alturas de la contienda electoral, en donde el ‘tic tac’ de la cuenta regresiva para el final de su mandado es más intenso, Iván Duque parece haber olvidado su papel de Jefe de Estado para asumir una postura que no le corresponde.
El 18 de abril, el Instituto Anticorrupción anunció que había presentado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el mandatario por presunta participación política por las declaraciones que ha dado en las últimas semanas. A lo largo de las 17 páginas de la demanda, se exponen distintas ocasiones en las que Duque habría aprovechado sus presentaciones públicas para interferir con el proceso electoral, una falta gravísima a la Ley 996 de 2005. En el artículo 30 de la también conocida como Ley de garantías electorales, se estipula que durante los cuatro meses anteriores a la fecha de la primera vuelta, en este caso desde el 29 de enero de 2022, tanto la presidencia como la vicepresidencia tienen prohibido referirse a los y las candidatas de la contienda electoral en sus apariciones públicas, al igual que usar recursos del Estado para ese fin.
En ese orden de ideas, el presidente ha usado varios de sus actos oficiales para criticar indirectamente a Gustavo Petro y sus propuestas, mostrando también una clara simpatía por el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. Diferentes medios han registrado que en hasta 95 ocasiones Duque ha usado la visibilidad de sus plataformas –financiadas con los impuestos de los y las colombianas– y su poder para pronunciarse exclusivamente en contra de la ficha del Pacto Histórico.
El primer caso que se expone en la acción popular se registró el 28 de febrero de este año, cuando en una entrevista con La FM el presidente aseguró que “candidatos que tienen una cercanía (…) con el régimen de Chávez y de Maduro” han minimizado la situación de Ucrania. Días anteriores en un acto de campaña, Petro había declarado que Colombia debería enfocarse en los asuntos de Colombia antes de intervenir en un conflicto externo como el de Rusia y dicho país. Un mes después, durante un acto oficial el mandatario criticó las propuestas de Petro respecto a la condonación de deudas del Icetex, y allí advirtió que se debía tener “mucho cuidado con los que proponen acabar” con la entidad; el mensaje fue replicado en su cuenta de Twitter.
La lista de indirectas continúa, pero quizás una de las más desvergonzadas se dio cuando el 17 de marzo, en medio de una asamblea de ProAntioquia, Duque habló sobre los fondos de pensiones y “derrotar el autoritarismo de las tres P”. El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, sostuvo en el podcast A fondo de María Jimena Duzán que tales declaraciones negativas evidentemente estaban dirigidas hacia Petro, puesto que en casi cuatro años de gobierno fueron pocos sus esfuerzos por resolver el tema pensional, pero su “preocupación” se despertó justo cuando el candidato lo puso en la mesa de discusión.
Si bien dentro de sus funciones no está imponer sanciones a los jefes de Estado, la Procuraduría General de la Nación bien podría jalarle las orejas a Duque. Pero en una reciente reunión que sostuvo la procuradora Margarita Cabello –exministra de Justicia y del derecho, quien es de los afectos del mandatario y del uribismo– con los partidos políticos para discutir las garantías electorales, la funcionaria declaró que el órgano de control no investigará la situación. “Quiero que quede claro, la Procuraduría no investiga al presidente ni a la vicepresidenta, no son sujetos disciplinables, pero además sabemos que hay una denuncia y lo investiga la Comisión Nacional de Investigación de la Cámara de Representantes”, dijo, lavándose las manos con la denuncia interpuesta por el congresista Iván Cepeda a Duque y siete alcaldes por presunta participación política a favor de Gutiérrez. “La Procuraduría interviene como parte ante la comisión y por lo tanto no puede actuar ni opinar públicamente, sobre ellos, por cuanto nosotros emitiremos el concepto cuando nos corresponda dentro de las investigaciones”.
El tema aquí no es si se puede o no cuestionar a Petro porque claro que sí se puede hacer y es un ejercicio sano, se trata de que Duque no es quien tiene que hacerlo a semanas de la primera vuelta, y mucho menos creando cizaña para favorecer a otros candidatos afines a su línea política. Como precisó Enciso en el podcast: “Una vez electo, es el presidente de todos los colombianos y así debería comportarse, con imparcialidad, neutralidad, dándole garantías a todos de que el proceso electoral se va a conducir con integridad. Eso no es lo que está haciendo el presidente Iván Duque”.
Ahora quedan varias interrogantes: ¿por qué ningún otro candidato se ha referido a las intervenciones del presidente? ¿Por qué las instituciones se han demorado tanto en ponerle freno? ¿Está Duque buscando la perpetuación del uribismo a través de Gutiérrez? ¿El mandatario se está salvando del regaño por el hecho de no decir nombres propios aún cuando es evidente a quién se refiere? ¿Los medios le harán un debido seguimiento a sus declaraciones o solo lo dejarán como una nota de dos minutos sin mayor relevancia?
Desde el momento de admitida la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene 30 días para responder, ya veremos si se imponen las medidas cautelares solicitadas por el Instituto Anticorrupción para proteger los derechos políticos de los y las colombianas. Hasta entonces, Duque aseguró que seguirá opinando sobre diferentes propuestas escudándose en la libertad de expresión, aunque esa energía estaría mejor dirigida hacia temas que le competen con mayor urgencia como las masacres que han ocurrido a lo largo de su gobierno.
