Durante varios años, Colombia ha construido una arquitectura institucional orientada a ampliar derechos, fortalecer la participación democrática y enfrentar las consecuencias de décadas de conflicto armado. No ha sido un proceso del todo lineal, con avances y retrocesos, ninguno de estos logros ha sido el resultado de un único gobierno o ni siquiera de la institucionalidad, sino de luchas del movimiento social refrendadas por ella.
Las conquistas acumuladas a través de luchas sociales, reformas legales y acuerdos políticos y de paz permitieron el reconocimiento progresivo de los derechos. Muestra de eso es el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y diversidades sexuales, marcos de mayor protección a las víctimas del conflicto armado y garantías para distintos sectores históricamente excluidos.
En ese contexto, la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia representa un punto de inflexión para el país. Más allá de las simpatías que despierta su discurso de autoridad y orden, varias de sus propuestas plantean interrogantes profundos sobre el futuro de las libertades civiles, la institucionalidad democrática, la libertad de prensa y la vigencia de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y construcción de paz bajo su mandato.
Las preocupaciones sobre este nuevo Gobierno no provienen únicamente de sus opositores. Organizaciones de derechos humanos, académicos y expertos en democracia han advertido que varias de sus propuestas podrían afectar el equilibrio institucional y los contrapesos del poder. Las alertas identificadas aquí se sustentan en el análisis de su programa de gobierno, sus entrevistas y sus discursos de campaña, en los que se evidenció una visión favorable a fortalecer el poder Ejecutivo. No es menor que haya anunciado la firma de 90 decretos durante los primeros días de gobierno, una promesa que contrasta con su compromiso de respetar plenamente la Constitución y la institucionalidad democrática.
Por ejemplo, pocos días antes de las elecciones, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) lanzó una advertencia urgente señalando que la candidatura de Abelardo de la Espriella representaba un riesgo grave para el Estado social de derecho y las garantías democráticas en Colombia. Según el informe, de hacerse reales sus propuestas éstas dejarían en la vulnerabilidad a millones de personas, además de aislar al país. El organismo de la sociedad civil subrayó en ese informe una preocupación compartida y expresada por otros actores nacionales e internacionales que, a la luz de los nuevos resultados, se hace urgente retomar.
La tentación de gobernar sin contrapesos
Uno de los principales riesgos radica en la relación que podría establecer con el Congreso y las alianzas que pueden crearse de tal forma que no tenga una oposición significativa que regule sus decisiones.
Por el momento, De La Espriella contaría con apoyos importantes de sectores de derecha y conservadores, pues además de los votos de su propio partido Salvación Nacional, se prevé que se sumen bancadas afines como las del Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, y Mira. Aunque la bancada del Pacto Histórico es la más numerosa del Congreso, no tiene mayorías y sus alianzas son menores.
Sin embargo, la preocupación no se limita a la dificultad de conseguir mayorías legislativas. El presidente electo ha hablado de gobernar mediante decretos como parte de su “plan de choque” con metas de gestión inmediata para los primeros 100 días. Esta postura resulta especialmente relevante porque varias de sus promesas de campaña (como desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, reducir el tamaño del Estado o modificar compromisos internacionales), requieren reformas constitucionales y amplios consensos políticos.
La idea de una presidencia que busque ejecutar transformaciones profundas con escasa mediación legislativa supone una tensión directa con los mecanismos de equilibrio de poderes que caracterizan a una democracia constitucional. Además, se contradice con el mensaje de campaña del respeto a las instituciones.
Seguridad, libertades y derechos humanos: los riesgos de la mano dura
La figura de De la Espriella también debe entenderse en el marco de una corriente política que ha ganado terreno en América Latina durante los últimos años. Su cercanía ideológica con liderazgos como los de Javier Milei y Nayib Bukele lo ubica dentro de una tendencia que combina la defensa del libre mercado y la reducción del Estado con posiciones conservadoras frente a derechos sociales y libertades civiles. Aunque el discurso libertario reivindica la libertad individual y la menor intervención estatal posible, en la práctica varios gobiernos asociados a esta corriente han impulsado recortes institucionales, confrontaciones con la prensa, restricciones a la protesta social y cuestionamientos a políticas de protección para poblaciones históricamente discriminadas. La paradoja es evidente porque mientras se amplía la noción de libertad económica, se reducen, se retrocede o se debilitan mecanismos públicos que garantizan derechos fundamentales y protegen a sectores vulnerables de la sociedad.
La propuesta de replicar elementos del denominado “modelo Bukele” constituye otro de los focos de mayor preocupación entre los sectores sociales y defensores de derechos humanos. Entre las medidas planteadas figuran la construcción de megacárceles, la agilización de detenciones y el fortalecimiento de estrategias de seguridad basadas en la privación masiva de la libertad.
Experiencias similares en otros países como El Salvador han generado graves cuestionamientos por detenciones arbitrarias y afectaciones al debido proceso, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables. El riesgo consiste en que la búsqueda legítima de mayor seguridad termine debilitando garantías fundamentales que protegen a cualquier ciudadano frente al abuso estatal. Algo en lo que Colombia tiene una larga y dolorosa historia.
A ello se suma la intención de recuperar el control territorial mediante operaciones militares más agresivas y el eventual regreso de bombardeos aéreos. Estas medidas podrían generar consecuencias humanitarias significativas y abrir debates sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente en lo relacionado con la protección de la población civil.
El posible aislamiento internacional de Colombia
Otra de las preocupaciones en materia internacional es la posibilidad expuesta por De la Espriella de retirar a Colombia de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá del mensaje político que esto enviaría, la decisión tendría consecuencias concretas. Los sistemas internacionales de protección han funcionado durante décadas como instancias complementarias para las víctimas cuando las instituciones nacionales no han ofrecido respuestas suficientes. Limitar o eliminar estos mecanismos reduciría las posibilidades de acceso a la justicia internacional y disminuiría los espacios de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
Además, la reducción de la presencia del país en escenarios multilaterales podría afectar su capacidad de interlocución y negociación en asuntos regionales y globales.
¿El fin de la arquitectura de la paz?
Quizá uno de los impactos más profundos de la presidencia de De la Espriella recaerán sobre las instituciones creadas para implementar el Acuerdo de paz.
Las propuestas de eliminar, fusionar o debilitar entidades como la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y especialmente la JEP, apuntan hacia una transformación radical del modelo de justicia transicional construido tras la firma del acuerdo con las antiguas FARC.
El recorte presupuestal del 90% a la JEP y su eventual cierre hacia 2030 representarían mucho más que una reforma administrativa. Significarían el desmonte progresivo de mecanismos diseñados para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Para millones de víctimas, estas instituciones constituyen la principal vía para conocer lo ocurrido durante el conflicto y exigir responsabilidades.
La preocupación central radica en que el debilitamiento de esta arquitectura termine por vaciar de contenido varios de los compromisos adquiridos por el Estado en el proceso de paz y por el contrario dar un mensaje de impunidad en un proceso aun sin terminar.
La prensa frente a un gobierno hostil
Si existe un ámbito donde los antecedentes del nuevo presidente generan alertas particularmente visibles, es el de la libertad de prensa.
Las denuncias sobre descalificaciones públicas contra periodistas, señalamientos sobre supuestas agendas políticas, cuestionamientos a la independencia de los medios y acciones judiciales contra comunicadores configuran un patrón preocupante para quienes defienden la libertad de expresión, como lo ha documentado la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
El problema trasciende la confrontación entre un político y determinados medios. Cuando una figura tan poderosa presenta de forma sistemática a la prensa crítica como un actor político que conspira contra su proyecto, se deteriora uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. La existencia de un periodismo capaz de investigar, cuestionar y exigir rendición de cuentas al poder es necesario en cualquier parte del mundo, mucho más en países con graves desigualdades de poder como Colombia.
La estigmatización constante de periodistas puede reducir la confianza ciudadana en la información independiente y debilitar las condiciones necesarias para un debate público informado. Cuando esa dinámica proviene desde la máxima autoridad del Estado, el efecto puede extenderse mucho más allá de las redacciones y llevar a graves escenarios como ha ocurrido en gran parte de Centroamérica.
Más que un cambio de gobierno
Una nueva presidencia siempre implica un cambio de rumbo. Sin embargo, en el caso de Abelardo de la Espriella, las preocupaciones planteadas por organizaciones de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y defensores de la libertad de prensa apuntan a algo más profundo que una simple alternancia política.
Lo que está en discusión tras la llegada al poder de De la Espriella no es únicamente un modelo económico o una estrategia de seguridad. También están en juego los mecanismos de control al poder, la protección de las minorías, la implementación del Acuerdo de paz, la relación del país con el sistema internacional de derechos humanos y la capacidad de la prensa para ejercer su función crítica sin intimidaciones.
Para una democracia, los mayores riesgos no siempre aparecen de manera abrupta. A menudo llegan envueltos en promesas de eficiencia, orden y autoridad. La pregunta que enfrenta ahora Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella es si habrá suficiente control político para nivelar estas posturas, pues está en juego el costo institucional, las libertades y los derechos construidos durante décadas.
