Hace algunos días circularon las denuncias del asesinato de un joven afrocolombiano de 17 años a manos de agentes de la Policía. Su nombre era Milton Andrés Perlaza y vivía en Pradera, Valle del Cauca. La muerte ocurrió el 28 de junio en circunstancias confusas que difieren según sea la versión de la Policía o la de los familiares y vecinos del adolescente. Un par de semanas después, el 15 de julio y en las islas de Barú, murió Johan Esteban Infante, de 27 años, también tras un disparo de un policía.
En noviembre de 2021 la víctima fue Marwin Samir Bonilla, de 15 años, en Buenaventura. En febrero de 2021 fue Martín Elías Manjarrés Mora, en Cartagena. Tenía 16 años. Harold Morales tenía 17 años y fue asesinado en Cartagena en agosto de 2020. Todos eran jóvenes negros y todos murieron con balas de la Policía Nacional.
Las circunstancias de cada caso son distintas. O más o menos distintas. Son jóvenes empobrecidos en su gran mayoría, tienen un encuentro con agentes policiales y terminan asesinados en procedimientos irregulares marcados por hechos violentos y ambiguos. Para sus amigos, familiares, vecinos y varias organizaciones defensoras de los derechos de la población afrodescendiente, estos casos tienen un gran rasgo en común: el racismo que atraviesa esta institución y que permite perfilamiento racial, abusos de autoridad, uso desmedido de la fuerza e incluso delitos posteriores para ocultar estas faltas.
En historias como las de Milton Andrés Pedraza, la comunidad denunció que el agente de policía tenía antecedentes de maltrato contra otras personas de la zona y que no es cierta la versión de la Institución cuando dice que el menor de edad tenía un arma. En el caso de Johan Esteban Infante hay un video que muestra que los policías que requisan al joven, y le encuentran marihuana, hacen un uso excesivo de la fuerza, lo acusan de microtráfico, desenfundan un arma y disparan, a pesar de no verse en el video ninguna amenaza por parte de la víctima. Los testigos dicen que tampoco hubo ayuda oportuna de los agentes para llamar una ambulancia.
Otro joven afro fue asesinado por miembros de la policía el día de ayer en las Islas de Barú, frente a cámaras y con testigos.
— Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) July 16, 2023
Señor presidente @petrogustavo y ministro @Ivan_Velasquez_, nos siguen asesinando! pic.twitter.com/01XB4Rp9jF
Cuando estas historias llegan a conocerse, que seguramente no son todas, parece que como sociedad nos cuesta reconocer el patrón racista en las actuaciones de la Policía porque el racismo también nos habita”. Algunos incluso alegan que criminales los hay de todo tipo de color de piel, que no hay racismo y terminan por culpabilizar a las víctimas. Cabe recordar que en Colombia no existe la pena de muerte, esto incluso si asumiéramos que estos jóvenes estaban cometiendo algún delito en ese momento. Pero justo aquí es donde radica quizás la mayor de las injusticias, pues en muchos de estos casos se ha podido demostrar que no había tal crimen o amenaza.
A Martín Elías Manjarrés Mora, de 16 años, lo asesinó un policía en un barrio popular de Cartagena mientras daba una vuelta con sus amigos. En ese entonces, las restricciones por la pandemia ponían toques de queda y la policía tenía mayor control sobre la población. Al ver a los agentes en su barrio, los chicos corrieron, pero Martín no pudo trepar la malla que sus dos amigos sí y ahí lo alcanzó un disparo que lo mató antes de llegar a un hospital. Su familia actualmente busca justicia y su historia hace parte de un informe exhaustivo que un grupo de organizaciones antirracistas presentaron hace algunos meses, titulado Silencio e impunidad, donde además de recoger los casos, se muestra la sistematicidad en este tipo de prácticas racistas y las recomendaciones para enfrentar estas injusticias.
“Como sociedad nos cuesta reconocer el patrón racista en las actuaciones de la Policía porque el racismo también nos habita”
Uno de los casos que ha mostrado las inconsistencias en las versiones de la Policía es el del joven de 15 años, Marwin Samir Bonilla Valencia. Cuando fue asesinado en la ciudad de Buenaventura, la familia denunció que el menor era un simple observador de un procedimiento policial por un accidente de tránsito donde surgió una pelea y el joven recibió un disparo de un policía. El proceso en contra del agente Luis Fernando Pinzón Vega, segundo uniformado involucrado en el asesinato del menor de edad, se dio el pasado 18 de julio bajo la presunción de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público en concurso homogéneo y privación injusta de la libertad, según informó el Colectivo Justicia Racial.
El perfilamiento racial es la clave de esta discriminación
La relación entre jóvenes pobres y negros con la Policía está marcada por la continua estigmatización. Lo que se conoce como perfilamiento racial es la forma de describir la discriminación que rige los desencuentros entre un agente de policía y personas marginalizadas y/o racializadas. En esas situaciones la policía da un trato diferente a un ciudadano o ciudadana basándose en su color de piel o en los rasgos físicos que le ubican como parte de una población históricamente excluida.
El sociólogo francés Didier Fassin es uno de los investigadores que más ha estudiado la relación entre la policía y la violencia hacia jóvenes racializados. En sus observaciones encontró que esta población es vista con sospecha y es objeto de controles recurrentes y hostigamientos basados en el prejuicio por la apariencia física o el territorio que habitan. A esto se suma la “cultura del resultado” que los agentes deben mostrar ante sus superiores. Ante delitos menores, como el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas en las calles, los policías recurren a requisas y detenciones arbitrarias. La bomba de tiempo se forma por la discriminación que viene del racismo institucional (y no de algunas “manzanas podridas”) que afecta a las poblaciones excluidas y fácilmente escala en abuso policial. Una de las conclusiones más contundentes de este investigador fue mostrar que la función de la fuerza pública no es la de mantener el orden público, sino de preservar y reproducir el orden social desigual. Lo que hacen los policías con los jóvenes negros no es más que un reflejo del racismo del resto de la sociedad.
El Instituto Raza e Igualdad, especializado en denunciar este tipo de prácticas, ha señalado en varias oportunidades que el abuso policial se da porque la Policía y otras instituciones reproducen prácticas históricas asociadas con el racismo estructural. Lina Velásquez, consultora en investigaciones de este instituto, enfatiza en que esto ocurre a través de prácticas que implican discriminación, exclusión, estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza. Para ella es importante mostrar que este abuso también es colectivo, porque las prácticas de estigmatización y violencia han abarcado a territorios enteros donde residen principalmente personas afrodescendientes, como las zonas del Pacífico o el Caribe.
Las acciones antirracistas que exigen organizaciones como Raza e Igualdad incluyen la necesidad de tener una postura activa en contra del racismo dentro de la Policía Nacional. Como indica Velásquez, en un primer momento se debe aceptar que la Policía es una institución que no es ajena a la reproducción de prácticas asociadas al racismo sistémico y estructural. El punto de partida está en ese reconocimiento de la situación histórica que han enfrentado las personas afrodescendientes y las afectaciones del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. “Hemos señalado una necesidad de realizar procesos formativos con un enfoque étnico-racial al interior de la Policía, al igual que protocolos de supervisión para determinar cómo se llevan a cabo estos procedimientos de la policía”, afirma.
Uno de los puntos en común entre organizaciones antirracistas es el llamado urgente para tener una reforma policial real que garantice la articulación de la normativa nacional en contra de todas las formas de discriminación y también los estándares internacionales en contra del racismo y la discriminación racial. Muchos de estos instrumentos internacionales los ha firmado Colombia y establecen sanciones y acciones en contra del abuso policial hacia personas afrodescendientes.
A pesar de los diversos debates, las acciones en contra del racismo y la discriminación racial al interior de la Policía en Colombia siguen siendo una deuda histórica que solo llama la atención cuando se conoce un nuevo asesinato de jóvenes afrodescendientes. La insistencia de las organizaciones y las comunidades se centra en que el Gobierno tenga una postura receptiva frente a las diversas propuestas que se han presentado para que la Policía elimine estas prácticas racistas que llevan incluso a la muerte.
“Esta es una deuda central. No se puede consolidar una reforma policial sin reconocer las afectaciones diferenciales de las instituciones contra personas afrodescendientes en Colombia”, puntualiza Velásquez. No deja de mencionar que entre las implicaciones más profundas de esta situación está la impunidad ante casos de violencia policial racista que deben ser investigados, pero además dice que se deben dar garantías a las personas afrodescendientes para denunciar estos hechos, pues se ha demostrado que enfrentan grandes barreras y pocas garantías en los procesos judiciales. Mientras estos reclamos sean escuchados, las familias de las víctimas seguirán esperando justicia para sus hijos.
