El 28 de abril de 2021 significó un punto de quiebre para la historia reciente de Colombia. La movilización social se tomó las calles del país en un llamado urgente que denunciaba las injusticias e inconformidades de cientos de miles de ciudadanos. Lo que fue un reclamo legítimo hecho a través del derecho constitucional a la protesta, recibió una respuesta brutal de la fuerza policial.
Las violaciones a los derechos humanos fueron documentadas por diferentes organizaciones que mostraron los mecanismos en los que se criminalizó la protesta pacífica, hubo perfilamiento racial y se cometieron violencias de género, entre otras irregularidades. La organización Campaña Defender la Libertad asunto de todas, documentó 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género.
Sobre este último punto, Amnistía Internacional compiló las denuncias de violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ cometidas por agentes de la Policía Nacional y el ESMAD. Estas incluyeron casos de violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación. Entre abril y junio de 2021 contabilizaron 491 mujeres víctimas de violencia policial no necesariamente asociada al género en el marco de protestas, 28 víctimas de violencia sexual y cinco casos de violencia en razón del género cometida contra personas LGBTI.
En medio de las denuncias, las organizaciones defensoras de derechos humanos se unieron bajo un mismo clamor: reformar la policía y abolir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el principal involucrado en estos hechos. Aunque han transcurrido dos años desde el inicio del estallido social, y en ese marco de tiempo hubo un cambio de gobierno que denunció estos abusos, los avances en esa petición son mínimos.
La Mesa por la Reforma Policial, un punto de encuentro de más de 20 organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la protesta, ha trabajado en el seguimiento a la reforma integral de la Policía. En el aniversario de los dos años, la Mesa denuncia el alto nivel de impunidad existente. Basados en datos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, las denuncias recibidas por abusos de autoridad tienen muy pocos avances. Tan sólo 1.34% se encuentran en investigación, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecución de pena, 0.02% en terminación anticipada y 0.7% de los casos tienen fallos emitidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en su primer informe de seguimiento de recomendaciones de la visita a Colombia en 2021 que se debían tomar medidas de reparación integral y oportuna para las víctimas.
Ante esta situación, la Mesa advierte la falta de garantías efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición cuando a las víctimas de violencia policial se les niega el acceso a la justicia. Este es el primer obstáculo para la materialización de otras exigencias que han resaltado, como la creación de una ruta de atención integral a víctimas, el acompañamiento jurídico y psicosocial, la atención médica oportuna y otras acciones relacionadas al goce de derechos fundamentales, que además tengan en cuenta enfoques diferenciales como el étnico-racial y de género. Por esto explican que “el estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el trámite de dichos procesos en su mayoría ha significado un perjuicio para las víctimas y han terminado en hechos de revictimización, afectando de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados como la población afrodescendiente, indígena y LBGTIQ”.
Susan Espitia, integrante de la Esquema Feminista de Derechos Humanos, no solo denuncia la impunidad y falta de respuesta en los procesos contra agentes del ESMAD, también resalta que la movilización social continúa en las calles para preguntar qué pasó con estos procesos y exigir que haya justicia integral ante un proceso histórico valioso, pero que dejó unas consecuencias de miedo y terror que siguen resonando en las calles. Espitia indica que el rechazo también está dirigido a la continuidad de estos agentes en las mismas funciones, “se dijo que iba a haber una reforma, pero el ESMAD, agente principal de estas denuncias, sigue en las calles. Lo vimos el último 8 de marzo, donde las mujeres fueron reprimidas y amenazadas. Cambió su nombre, pero no cambió su accionar”.
Los avances en el gobierno de Gustavo Petro no han acogido la participación de la sociedad civil. En los meses del nuevo gobierno se ha impulsado un proceso de transformación del ESMAD hacia la consolidación de la UNDMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) con la Policía y el Ministerio de Defensa. Estos procesos no han contado tampoco con las víctimas de violencia policial para establecer diálogos y generar propuestas de manera conjunta.
El resultado de la falta de participación de las organizaciones y las víctimas ha derivado, según la Mesa, en que la nueva Unidad conserve problemas estructurales que no dan respuesta a lo denunciado ampliamente. Esto es visible en cinco aspectos: 1. Conserva la doctrina. 2. Mantiene su actuar en contextos de riñas, minería ilegal, centros penitenciarios y carcelarios y en la sustitución de cultivos ilícitos, cuando es una Unidad para la atención de manifestaciones. 3. No incluye enfoques diferenciales para reconocer que las mujeres, la población LGBTIQ+ y las poblaciones étnicas tienen afectaciones diferenciadas en estos abusos. 4. Desarrolla acciones de inteligencia y perfilamiento de líderes y lideresas de las movilizaciones. 5. Continúa el uso de armas potencialmente letales sin tener en cuenta sus impactos médicos, psicosociales y ambientales.
A estos problemas se agregan otros, como la falta de claridad y no difusión de lo avanzado. Esto ocurrió con la Resolución 1091 del 31 de marzo de 2023, con la cual se expidió el Manual para la atención a la Reunión y Manifestación Pública y Pacífica y Control de Disturbios de la Policía Nacional de Colombia. Por el momento la sociedad civil no ha tenido acceso a su contenido.
Las organizaciones que componen la Mesa hacen un llamado en esta fecha simbólica. Piden que el Gobierno nacional reconozca públicamente los hechos cometidos durante el Paro nacional por parte de la Fuerza Pública y se haga responsable de establecer rutas de atención y acompañamiento para las víctimas en todo el país, además que se adelanten acciones para la reparación y no repetición de hechos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de la población colombiana, en especial aquella que merece especial protección constitucional.
Angélica Ricaurte, del Instituto Raza e Igualdad, insiste en que el acompañamiento inicial a las personas que protestan debe ser realizado por las autoridades territoriales y por el ministerio público. Esto implica pensar a la policía nacional como un ente que presta un servicio público de forma consensuada con las personas y comunidades desde un cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le asigna a este cuerpo policial. En este cambio de enfoque está el gran debate.
La falta de celeridad en el acceso a la justicia ha llevado a que muchas organizaciones sociales sigan manifestándose en esta fecha, además de rendir un homenaje a las y los participantes de la movilización que cambió en varios aspectos al país. Como indica Susan Espitia, desde la Esquema Feminista de Derechos Humanos, “salimos a las calles a hacer memoria por todas las mujeres que salieron desde diferentes roles que fueron indispensables en el paro nacional y que nunca se rindieron ante una doctrina de muerte. Salimos, nos celebramos y seguimos trabajando por despatriarcalizar la protesta social”.
Un aspecto final, y no por esto menos importante, es el recordatorio que hace Juliana Higuera frente a la libertad de los presos y presas por luchar que continúan judicializados y detenidos. Higuera es una defensora de derechos humanos objeto de un montaje judicial y de criminalización por su participación en el paro de 2021. Como integrante de la campaña Objetivo Libertad, cuenta que la mayoría de estas personas continúan detenidas en diferentes modalidades y presentan graves afectaciones a su salud mental y física, así a las condiciones de vida de sus familias. Gran parte de estos presos y presas son personas empobrecidas y racializadas, así que sus familias no tienen posibilidades de costear su sostenimiento y mucho menos su defensa. “Somos aproximadamente 300 personas las que estamos siendo judicializadas a partir de los paros de 2019 y 2021. La exigencia por la libertad de todas y de todos debe continuar, porque quien se olvida de los presos y las presas se olvida de la lucha”.
