Martín Elías Manjarrés Mora tenía 16 años el día que murió en Cartagena, aunque decir solamente que murió es impreciso. Este chico afrodescendiente recibió un disparó fatal de parte de un agente de policía, en un barrio marginalizado de Cartagena, el 7 de febrero de 2021. Aquella noche, Martín quiso salir con dos amigos a dar una vuelta cerca de su casa, nada raro para unos adolescentes, excepto porque la ciudad se encontraba en una de tantas restricciones por la pandemia. Esta coyuntura social le dio a la policía más control del acostumbrado.
Cuando se encontraron con los agentes, los tres chicos se asustaron, corrieron. Es bien sabido que la relación entre jóvenes pobres y la Policía está marcada por la continua estigmatización. Mucho más si son jóvenes negros. Martín no pudo trepar la malla que sus dos amigos sí. Fue ahí donde lo alcanzó el disparo que le atravesó el pecho y lo mató antes de llegar a un hospital.
Desde el asesinato del menor de edad, su familia ha luchado contra la impunidad, con todas las limitaciones de acceso a la justicia que derivan de ser afrodescendiente y no tener recursos económicos en un país como Colombia. “El asesinato de mi hermano ocurrió en el barrio Villa Estrella, donde mi familia y yo vivimos, un sector, como muchos en Cartagena, donde vive gente trabajadora y en su mayoría, negra”, explica María Mercedes Manjarrés, su hermana mayor.
“Nosotros recibimos mucho apoyo del barrio -dice. También hicimos velatones, hemos dado entrevistas y acudimos a los medios para dar a conocer lo que pasó con Martín: un homicidio violento, un acto de discriminación, un perfilamiento racial por parte de la policía que asumió que mi hermano era un delincuente, como quedó claro en el comunicado policial en el que se señaló que Martín hacía parte de un atraco y añadió supuestos integrantes de una banda, que no estaban esa noche”, cuenta María.
La historia de Martín es la de muchas personas afrodescendientes víctimas de violencia policial. Silencio e impunidad es el más reciente informe de las organizaciones ILEX Acción Jurídica, Temblores ONG, Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y CODHES, sobre racismo sistemático y violencia policial. Este esfuerzo colectivo presenta un panorama muy problemático sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrocolombianas en su encuentro con agentes del Estado como la Policía.
El documento investigativo se concentra especialmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena, estas dos últimas son ciudades con una alta población e historia afro en el país. En el informe se exploran diversos tipos de violencia: verbal, simbólica, física y prácticas irregulares en procedimientos policiales. A su vez, cruzan la información de abuso policial con otras situaciones y variables particulares, como la violencia policial racista basada en género en contra de mujeres, en contra de personas LGBTIQ+, y los abusos que se presentaron en el marco de la pandemia por COVID-19, como ocurrió con Martín Manjarrés.
El perfilamiento racial, es decir, actuaciones policiales discriminatorias contra personas racializadas, se han dirigido especialmente contra jóvenes afro en momentos como el Paro Nacional.
Otro de los focos del informe está en los casos de violencia contra personas afrocolombianas durante el Paro Nacional de 2021 en estas mismas ciudades. En ellos encontraron que el perfilamiento racial, es decir, actuaciones policiales discriminatorias contra personas racializadas, se han dirigido especialmente contra jóvenes afro. Por ejemplo, el estudio encontró que las y los jóvenes negros representaron el 39,7% de la población afrocolombiana víctima de violencia policial en ciudades como Cali, durante el estallido social.
Las organizaciones insisten en que las raíces de estas prácticas son anteriores a esa coyuntura. Según cita el documento: “En el marco de las protestas, el uso desproporcionado de la violencia por parte de la fuerza pública contra jóvenes afrodescendientes ha sido sistemático a partir de prácticas racistas como el perfilamiento racial y el lenguaje racista”. Sin embargo, aclaran, “estas prácticas han sido características de la institución policial en sus interacciones con jóvenes afrodescendientes en contextos previos a las manifestaciones del Paro Nacional de 2021, basadas en el estigma, control social y jerarquías raciales”, esto de acuerdo con un informe de CODHES de 2021.
El 13% de los casos de violencia ocurridos en Cali durante el 28 de abril (inicio del Paro) y el 16 de octubre de 2021, fueron contra jóvenes afrocolombianos entre los 17 a 24 años. Más de la mitad de los actos violentos fueron realizados por la policía.
Acceder a la justicia, la principal recomendación
Las cuatro organizaciones involucradas en este esfuerzo de investigación y generación de recomendaciones conjuntas, han resaltado que este tipo de denuncias no son nuevas. Las organizaciones afrocolombianas vienen haciéndolas desde hace mucho tiempo. María Fernanda Escobar, Representante en Colombia de la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, explicó que las falencias para atender esta problemática tienen relación con una gran falta de datos desagregados por enfoque racial, así como un alto grado de impunidad en casos de este tipo.
Dayana Blanco, directora de ILEX, destaca la importancia de este documento tanto por la valiosa información actualizada, gratuita y pública que se le entrega a la sociedad colombiana, como por el abordaje tan preciso sobre el problema de la violencia policial en Colombia contra personas afrodescendientes. Aunque muy presente en la historia colombiana, de esto se habla poco. Además, dice, el informe brinda una metodología de investigación que puede ser replicada en otros procesos sobre problemáticas parecidas en poblaciones históricamente discriminadas o marginadas.
La información que retrata estas prácticas discriminatorias no se queda allí. Su aporte es a la vez una puerta de entrada a que se reconsideren algunos sistemas de datos, tanto de entidades públicas como de organizaciones de la sociedad civil, frente al manejo que se le da a la variable étnico-racial cuando se analiza la violencia policial. El esfuerzo de presentar datos de una ciudad como Cartagena, es además una ganancia para mostrar una problemática grave en una ciudad con un racismo y un clasismo muy profundo.
Con este documento “no solamente se identifica un problema, sino que se hacen recomendaciones muy puntuales y lo que creo que sigue es que podamos hacerlas operativas, que las entidades que fueron llamadas al lanzamiento y que asistieron tengan la oportunidad de leerlo, de apropiarse de lo que dice ahí, de hacer el ejercicio interno de revisar la problemática y que también pueda darse un espacio de conversación entre la sociedad civil y las entidades para superar estos problemas”, dice Blanco.
Las recomendaciones principales del documento insisten en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. La población afrodescendiente tiene pocas garantías para ello. Por una parte, el racismo institucional crea condiciones que dificultan denunciar por temor o desconocimiento de rutas para hacerlo. A esto se suma la falta de reconocimiento de la existencia del racismo en las acciones de los agentes de seguridad del Estado. Sin un reconocimiento inicial, es imposible trabajar para superarlo.
Unificar las categorías y el uso de la variable étnico-racial en todas las bases de datos de Medicina Legal, investigar a los agentes involucrados en estos casos, así como garantizar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación de las comunidades afrodescendientes, incluyendo a las mujeres negras y personas Afro-LGBTIQ+, son otras de las recomendaciones que se encuentran en el documento que se puede consultar aquí.
