¿Cuánto tiempo de tu día ocurre en el mundo digital? ¿Qué tanto de tu vida profesional, estudiantil o personal, depende de las interacciones que tienes en tu teléfono o en tu computadora? ¿Sabes qué derechos tienes cuando estás en Internet?
Imagina la siguiente situación: llegas a casa y recibes un sobre con tu nombre. Cuando lo miras con detenimiento, te das cuenta de que no está bien cerrado; alguien más lo abrió y vio su contenido. Si eso pasara, posiblemente reclamarías de inmediato y buscarías saber quién y por qué abrió ese sobre que estaba dirigido a ti. O, qué tal si un día llegas a la universidad donde estudias y encuentras las fotos íntimas que le enviaste a tu pareja, pegadas en las paredes. Sin duda habría un enorme impacto en tu reputación y tu dignidad.
En la vida análoga, la vida “real”, nos es más fácil identificar los derechos que tenemos y cuándo se ven limitados o vulnerados. Sin embargo, cada vez que navegas por la red, múltiples herramientas rastrean tus pasos, tus búsquedas, tus decisiones. Todo lo que haces. Ni siquiera tenemos muy claro qué pasa con la información que se recoge cotidianamente en nuestro paso por Internet. Mucho menos sabemos sobre nuestros derechos allí y las rutas para defenderlos.
Ya sea por desconocimiento, falta de transparencia de las corporaciones que administran los buscadores, apps o páginas que visitamos, o por la novedad que implica desarrollar cada vez más nuestras vidas en el mundo digital, continuamente nos encontramos ante situaciones donde los derechos que reconocemos con total claridad en el plano analógico, se ven en riesgo. Y ni siquiera lo notamos. En muchos casos, una nueva red social o plataforma de contenidos interesante, nos pueden llevar a la tentación de exponernos más de lo que realmente quisiéramos.
Internet es una herramienta central para gran parte de la humanidad en este momento, incluso en sociedades como las latinoamericanas y caribeñas, que no tienen cobertura completa de este servicio. El ejercicio de derechos de las y los ciudadanos ahora tiene un nuevo espacio, ya sea para su ejercicio o su disputa.
Más que un nuevo conjunto, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el mundo digital. De hecho, las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología, han manifestado su preocupación por los nuevos medios digitales en los que se ven comprometidas la protección de los datos y la privacidad, la identidad digital, el uso de tecnologías de vigilancia, la violencia y el acoso en línea.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil en el mundo han advertido sobre la importancia de trabajar porque el Internet sea un espacio democratizador de promoción de los derechos humanos, no una herramienta que los limite. En este marco de derechos, la Fundación Karisma, en Colombia, orienta su labor a asegurar que las tecnologías digitales protejan y avancen en materia de derechos humanos fundamentales y promuevan la justicia social. Junto a otras organizaciones a nivel regional y mundial, se acercan a debates relacionados con lo digital frente a la democratización del conocimiento y la cultura; la defensa de la autonomía y la dignidad; la participación cívica y la inclusión social de los grupos que enfrentan condiciones de discriminación.
El espacio digital -como un espacio de interacción nuevo- no necesariamente produce unos derechos nuevos, como lo explican Juan De Brigard, coordinador de la línea de Autonomía y Dignidad, y Catalina Moreno Arocha, coordinadora de la línea de Inclusión Social en Fundación Karisma. Para esto enfatizan el no mantener la división cuando se habla de lo digital como si estuviera separado de la vida individual “real”. “Nos falta reconocer que esos dos mundos no están tan separados como pensábamos, y que nuestra vida personal no es tan distinta de nuestra vida personal en redes”, dice De Brigard.
El efecto de trasladar los derechos del mundo físico análogo al espacio digital, explican, es una respuesta a situaciones que se replican en el ciberespacio, pero tienen origen en las interacciones sociales fuera de la red. La violencia de género en lo digital es un buen ejemplo. Aunque ocurra en la red, es claro que su origen no es ese, ni que tenga una naturaleza netamente distinta. Por el contrario, implica que en el mundo análogo hay un problema comparable que se traslada a las redes y afecta el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y las disidencias del género, especialmente.
Algo similar ocurre con otros derechos, como el derecho a la igualdad, a la educación, a la salud, a los servicios básicos. Esos derechos no aparecen en el espacio digital, sino que ya existen, y el espacio digital nos acerca o nos aleja de esa garantía, indica De Brigard. El interés de Karisma es que la tecnología nos acerque más, en vez de alejarnos, a ese goce de derechos, “pero lo que vamos a ver es que hay unos casos que nos acercan y otros que en realidad nos alejan más”.
El “tecnosolucionismo” es la creencia incuestionable en el papel de la tecnología para enfrentar problemas sociales. Mantener la seguridad, por ejemplo, tiende a asociarse con mayor vigilancia, y esto acaba siendo algo muy problemático.
Internet se ha pensado como un espacio democratizador, y como tal, nos permite tener voces que antes no teníamos. Sin embargo, Catalina Moreno explica que con los derechos digitales hay una falta de conciencia muy grande sobre los alcances de todo lo que nos afecta en la red, lo que al final nos deja desprotegidos ante intereses corporativos, comerciales, políticos y estatales, entre otros.
“Si me llega una noticia de cookies y yo digo ‘Va, pues aceptar todas’ y no pienso en todo lo que puede afectar mi privacidad o que al escoger muchos temas en la red me están perfilando con información y publicidad porque ya se dieron cuenta de lo que yo consumo, pero no me duele porque no es la carta que me abrieron sin permiso, sino que yo le di aceptar a todo, ahí no hay una conciencia real de todo lo que está en juego”, puntualiza. Por esto es enfática en que lo que ocurre en el ciberespacio está afectando el mismo derecho del mundo físico, pero con unos matices por el entorno y la forma de ejercerlo distinto.
La tecnología no siempre implica progreso
Sin pretender negar las facilidades de los desarrollos tecnológicos digitales, es pertinente estructurar criterios informados sobre las implicaciones de algunas tecnologías en torno al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Esto empieza por tener una mirada crítica sobre los alcances sociales de la tecnología y por comenzar a cuestionar el discurso que vincula el desarrollo tecnológico con el progreso.
La tendencia a pensar que la tecnología por sí misma va a cerrar disparidades socioeconómicas globales es ingenua e incluso perjudicial. En América Latina y en países del Sur Global, usualmente se cree que el desarrollo tecnológico es la panacea y que va a eliminar las brechas de desarrollo entre países del primer mundo y países en vías de desarrollo, dice De Brigard, pero, aunque la tecnología es una buena herramienta y un vehículo para conseguir otras cosas, no es una solución en sí misma.
Una de las principales razones es la inmensa brecha digital que está representada de muchas maneras, pero tiene que ver con la accesibilidad, la alfabetización digital, la cobertura de internet, la calidad del servicio y, muy importante, que los servicios que se ofrezcan sean relevantes para las comunidades. Entregar tablets no garantiza el derecho a la educación, poner cámaras de seguridad no elimina el crimen y tener una gran base de datos poblacional no va a acabar con el hambre.
El “tecnosolucionismo” es la creencia incuestionable en el papel de la tecnología para enfrentar problemas sociales. Mantener la seguridad, por ejemplo, tiende a asociarse con mayor vigilancia, y esto acaba siendo algo muy problemático. “Si se piensa que vigilancia equivale a seguridad, poner cámaras de seguridad en las ciudades sería algo bueno, porque se cree que, con más vigilancia, va a haber menos robos; pero lo que nos muestra la evidencia es que más vigilancia no implica menos crimen, solamente implica menos privacidad”, indica de Brigard, comentando que incluso estos dispositivos de vigilancia pueden llevar a una mayor estigmatización sobre ciertos sectores de las ciudades y poblaciones. “La creencia ingenua o insuficiente de pensar que la tecnología por sí misma está atacando un problema social, es una creencia que conduce a un Estado menos democrático y en el que es menos agradable vivir”.
Los ejemplos son muchos, sobre todo en países con menor capacidad de alfabetizar y cubrir el acceso a la tecnología de forma crítica. En muchos casos, la introducción de una herramienta digital no soluciona los problemas, sino que crea nuevas barreras o complica el acceso a derechos básicos que ya existían. Esta situación fue particularmente notoria en los primeros meses de la emergencia sanitaria por la Covid-19, cuando se trasladaron muchos procesos al plano digital (salud, educación, ayudas alimentarias), dejando por fuera a cientos de miles de personas que no tenían cómo acceder a ellos. Otro ejemplo es el del cambio de un documento de identidad físico por uno digital, que, para gran parte de la población sin teléfonos inteligentes e internet, se traducirá en nuevas y múltiples barreras.
¿Internet es un derecho?
La Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado en los últimos años con recomendaciones sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación frente a los derechos humanos, además del acceso a Internet como un derecho. Aunque el propósito de las resoluciones adoptadas con mayor frecuencia desde 2016 se concentra en la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en línea, también hace un llamado a garantizar su acceso como medio fundamental para ejercerlos.
De hecho, han alentado alianzas públicas y privadas para superar las brechas digitales que reflejan y amplifican las desigualdades socioeconómicas existentes. Estas dificultades de acceso afectan especialmente a las mujeres, a las personas con discapacidad, migrantes y/o refugiadas, a las personas mayores, las y los jóvenes, las poblaciones rurales y los pueblos indígenas.
Las estimaciones de la Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología de la ONU calculan que casi la mitad de la población mundial no tiene actualmente acceso a Internet, aproximadamente 4.000 millones de personas. La falta de conectividad afecta especialmente a países en vías de desarrollo, donde solamente el 19 % de la población tiene acceso constante. Los Objetivos de desarrollo sostenible para 2030 hablan, por ejemplo, del uso efectivo de los servicios digitales, lo que implica el acceso seguro y asequible a Internet.
Para la Fundación Karisma es importante aclarar que no consideran Internet como un derecho fundamental por sí mismo. Desde su postura, lo ven como un facilitador de otros derechos, y que para garantizarlo, se debe asegurar el acceso. Su apuesta es ante todo estratégica, pues saben bien que no siempre el hecho de nombrar algo como un derecho implica que su reconocimiento sea efectivo. “Para algunas organizaciones es importante hablar de un mínimo vital de Internet, pero a nosotros, en este momento, nos parece problemático, porque a veces lo que tienes es una decisión judicial donde pides que garanticen el derecho a Internet, y puede que el juez acoja el argumento, pero no significa que lo vaya a garantizar efectivamente. Nos parece más contundente, por ejemplo, hablar de garantías para el derecho a la educación, donde se dé cobertura física y garanticen una alfabetización digital”, explica Moreno.
Los desafíos para defender los derechos en el plano digital
Conciencia y alfabetización digital son los conceptos claves para reconocer y defender los derechos en la red. Como explica Catalina Moreno, todavía se cree que lo que ocurre en Internet no tiene un impacto real, cuando el hecho de que una agresión no sea física, no significa que no sea violenta porque ocurra en lo digital. Adquirir esa conciencia como usuarios es un reto a superar en lo individual.
Aun así, Moreno abarca un plano de responsabilidad social y estatal más amplio. La superación de la brecha digital y la defensa de los derechos en el ciberespacio implican alfabetización digital. “Esto no solo tiene que ver con que yo esté conectada, sino que yo sepa cómo usar y apropiarme de la tecnología. El reto es saber y ser consciente de que tengo derechos y de que todo lo que ocurre es real, pero también está el reto estatal de una alfabetización digital que nos haga conscientes de los riesgos que implica ese tráfico de internet, y yo pueda decidir que asumo un riesgo o no”, enfatiza.
“La creencia ingenua o insuficiente de pensar que la tecnología por sí misma está atacando un problema social, es una creencia que conduce a un Estado menos democrático y en el que es menos agradable vivir”.
Las respuestas institucionales todavía parecen quedarse cortas ante las necesidades que implica el mundo digital. En casos de violencia digital, especialmente con mujeres, la Fundación Karisma ha encontrado que hay revictimización, pues a veces se acusa a la denunciante por haber compartido fotos privadas, por tener una vida pública en una red social o incluso no se le indica cómo tramitar el caso, a tal punto que, se le manda a la persona denunciante a buscar la dirección IP de quien está compartiendo las fotos.
“Para el Estado también es un reto entender que esto es real. Hay herramientas tecnológicas para hacerle frente a distintas cosas que suceden en Internet, pero el Estado no se lo toma en serio, y en esto también siento una falta de transparencia”, explica Moreno. Se refiere al conocimiento que tienen los Estados en esta materia y a la falta de rendición de cuentas sobre muchas de las decisiones que toma y que impactan profundamente la vida de las personas. “Necesitamos transparencia a nivel internacional. Las problemáticas en América Latina son muy similares en toda la región, por eso siempre estamos trabajando con nuestros aliados al compartir problemas muy similares en aspectos como la libertad de expresión, la privacidad, el derecho a una vida libre de violencias, violencia política y de género, entre otros”, concluye.
