Se conocen nuevos casos de explotación sexual de niñas por parte de estadounidenses. Con la captura de Stefan Correa y el caso de Timothy Alan Livingston, que huyó del país luego de explotar a niñas de 12 y 13 años, se prenden las alarmas por una realidad abrumadora que se ha normalizado y que al parecer no sabemos cómo tratar.
Correa fue capturado en el aeropuerto de Miami el 23 de abril, rumbo a Colombia, pues le descubrieron cientos de mensajes donde pactaba encuentros sexuales para abusar de menores de edad en Medellín y Cartagena. Livingston, quien fue encontrado con dos niñas en el hotel Gotham el pasado 28 de marzo, permanece fugado a pesar de haber sido detenido inicialmente, pero bajo una serie de irregularidades voló a su país.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó una serie de medidas que pretenden suspender por seis meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el espacio púbico de zonas de la ciudad como el parque El Poblado, el parque Lleras y Provenza. La medida ha sido criticada desde diferentes perspectivas, como veremos más adelante. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que se pedirá en extradición al hombre ante el gobierno de los Estados Unidos, pero hasta el momento no se ha dado con el paradero del abusador. De Correa se sabe que su captura estaría vinculada con la investigación contra Livingston, según manifestó el alcalde Gutiérrez.
Ese es el resumen corto de un cubrimiento sumamente mediatizado sobre lo ocurrido. La noticia no solo produjo un fuerte rechazo de las y los colombianos, sino que abrió un debate viejo en el que, primero Cartagena y ahora Medellín, se consideran epicentros de un escenario muy problemático de explotación sexual vinculada con el turismo.
El turismo y la explotación sexual de menores en Colombia
Como es de suponer, Medellín o Cartagena no son las únicas ciudades que tienen problemas de explotación sexual asociada el turismo. Sin embargo, su popularidad como destino para visitantes sobre todo extranjeros, ha hecho que se detecten con más frecuencia zonas de riesgo, como lo mostró el informe de la Defensoría del Pueblo de 2023. Allí se destacan “zonas rojas con presencia de menores de edad en la comercialización de servicios sexuales” tanto en estas dos ciudades, como en Bogotá y en la región amazónica, pero alertan del alto subregistro en el resto del territorio nacional.
Recientemente, la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), en Antioquia, encontró que el 75% de las víctimas de este delito son niñas y adolescentes. También determinó que el 80% de los agresores son hombres.
Otro hallazgo muestra que un gran número de casos corresponde a poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, como menores con alguna pertenencia indígena o afrodescendiente, migrantes o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Con estos datos y frente al asunto de Livingston, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la urgencia de actuar en la prevención, dado el aumento en los últimos años de la violencia sexual en Antioquia.
Una de las mayores preocupaciones que surgen es la pregunta por las bandas criminales que controlan las redes de trata, como se especula que puede ser el caso de las dos niñas en el hotel Gotham, que serían víctimas del grupo criminal La Terraza.
Katherine Jaramillo, directora de la ong Valientes Colombia, especializada en delitos de trata y de ESCNNA, aclara sin embargo que no todos los casos de explotación sexual tienen detrás a redes de trata de personas. Además, para ella lo ocurrido es una muestra de que Colombia se ha convertido en el destino preferido de depredadores sexuales disfrazados de turistas. “El delito no solo ocurre en Medellín, sino en todo el territorio colombiano, solo que Medellín o Cartagena son ciudades mediáticas”, dice.
Explica también que en su organización han conocido sobre depredadores sexuales que previo a su llegada a Colombia investigan la edad de consentimiento de los menores de edad (14 años), por lo que muchas veces buscan adolescentes entre los 14 a los 17 años para tener relaciones sexuales, ignorando que para el delito de explotación sexual no hay edad de consentimiento. Jaramillo enfatiza: “ningún menor de 18 años puede consentir ser explotado y esto debe quedar claro. Por eso son útiles las campañas como la de Ojos en todas partes, que emitió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2022, para que todo turista tenga claro que acá no pueden venir a buscar sexo con niñas, niños y adolescentes”.
Además de esto, Jaramillo cree que la impunidad y la baja actuación de las autoridades puede ser un incentivo para que se considere un lugar propicio para este delito. Explica que, si bien el último reporte de Estados Unidos con relación a los delitos de explotación sexual alertaba sobre la complicidad de la Policía colombiana, “sabemos que la justicia no es diligente y esto se demuestra al comparar el número de denuncias versus el número de judicializaciones”.
Sara Jaramillo Gómez, presidenta de la Veeduría a la ruta de trata de personas en Medellín, resalta la importancia de no ver este caso como algo aislado, sino como parte de una situación agudizada por distintos factores, entre ellos la llegada a Antioquia de migrantes con grandes vulnerabilidades que terminan en explotación sexual, la inoperancia absoluta de las autoridades, la complicidad de la Policía y de las mismas operadoras turísticas.
Asimismo, cree necesaria una mirada histórica más amplia donde el narcotráfico ha jugado un papel importante en la naturalización de la explotación sexual y que ahora es agravada por la turistificación y la gentrificación que vive el Valle de Aburrá. “Yo no encuentro la causa del fenómeno prostitucional en Antioquia en los extranjeros, pero la turistificación desmedida agudizó tremendamente el problema. Yo leo la participación de los extranjeros no solo en el consumo, sino también en la creación de las redes y el sistema para que esto funcione. Son dueños de los estudios webcam, de las operadoras hoteleras, de los Airbnb. Hay una presencia extranjera no solo dentro de la demanda de prostitución, sino detrás de quiénes están lucrando con más fuerza de estas prácticas”.
Un debate inconcluso sobre trabajo sexual o explotación
La explotación de las dos niñas en Medellín trajo de regreso una realidad que tiene distintas miradas y propuestas de solución. Para la ong Valientes es necesario diferenciar muy bien los delitos en torno al tema, pues si bien la prostitución en Colombia es permitida, el proxenetismo es un delito. Por esto su directora es enfática al decir que “cuando hablamos de menores de 18 años es un delito, no es negociable. Las niñas, niños y adolescentes no se prostituyen y eso debe quedarle claro a la sociedad que ha normalizado estos escenarios”.
Cabe resaltar que el delito de explotación sexual, según el código penal, se conforma de once delitos que se deben conocer para así mismo prevenir y denunciar toda acción que atente contra la vida e integridad de la niñez y adolescencia, dice Jaramillo. También diferencia la trata de personas, porque, aunque es una modalidad de la ESCNNA, es un delito diferente que debe tener uno de los cuatro verbos rectores: captación, traslado, recepción y acogida para la explotación.
“Cuando hablamos de menores de 18 años es un delito, no es negociable. Las niñas, niños y adolescentes no se prostituyen y eso debe quedarle claro a la sociedad que ha normalizado estos escenarios”.
A su vez, Sara Jaramillo Gómez pone en discusión el hecho de que algunos medios de comunicación fueran revictimizantes al decir que las niñas en el caso reciente no se reconocían como víctimas. Con esto, explica, desconocieron que los delitos de explotación sexual o de trata de personas no parten del consentimiento de la víctima para la configuración del delito, especialmente en menores de edad. Sin embargo, opina que en el ordenamiento colombiano hay una gran contradicción, pues se entiende la explotación sexual en NNA, pero cuando cumplen 18 años “las dejamos casi que a su suerte”. Según los casos que conocen por la Veeduría, las mujeres adultas que entraron a la prostitución lo hicieron siendo niñas “ahí está la contradicción y la desprotección estatal”.
Desde otra perspectiva, Valery P. Ramírez, presidenta del sindicato de trabajadorxs de Antioquia, SINTRASEXA, cree que este caso y en el decreto expedido por la alcaldía, se confunden los delitos de explotación sexual, con el ejercicio libre del trabajo sexual en mayores de edad. Por eso lo ve problemático y poco efectivo, como explica más adelante.
¿La medida de prohibición de Fico será efectiva?
El decreto de la alcaldía de Fico ha generado diversas opiniones. Una muy recurrente es la efectividad de la medida y la pregunta sobre si la prohibición de la demanda y solicitud de servicios sexuales en el espacio público realmente previene algo o solo la desplaza a espacios más difíciles de rastrear. A su vez, expertas apuntan a la necesidad de medidas estructurales que ataquen la desigualdad social que deriva en situaciones de explotación sexual. A fin de cuentas, un decreto es una medida barata, pero atacar un problema tan complejo requiere intervenciones de largo aliento.
Desde la ong Valientes opinan que las medidas individuales para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (NNA) no serán suficientes nunca. Si bien es un delito la oferta y la demanda de sexo con menores de edad, pocas personas denuncian a explotadores que preguntan u ofrecen este tipo de “servicios”. Como indica Jaramillo, estas acciones desplazan la problemática. La explotación no solo se trasladará unas calles, pues se ha documentado el uso de app de citas en este delito, que concluyen en un Airbnb en donde no hay recepción o vigilancia, algo propicio para cometer este delito.
Valery P. Ramírez, de SINTRASEXA, ve con preocupación el nuevo decreto porque puede perjudicar tanto a las víctimas de explotación sexual, como a quienes ejercen el trabajo sexual con la criminalización. Para ella es fundamental la distinción entre los delitos de explotación sexual y prostitución forzada, con el ejercicio libre y voluntario de un trabajo que, aclara, ha sido reconocido como una actividad protegida por la Corte Constitucional cuando ocurre con personas mayores de edad. La confusión entre estas dos conductas omite la libertad en el ejercicio sexual y refuerza estereotipos, jerarquías sociales y posturas morales que terminan restringiendo derechos para dar tranquilidad a una sociedad que no quiere entender esta realidad. “Lo que no quieren es ver putas en la calle, mas no toman de fondo la problemática del delito”. Para ella lo que se está haciendo es eliminar a quiénes ciertos sectores de Medellín consideran que representan un obstáculo para el proceso de aburguesamiento de la ciudad. “La solución es la expulsión de les, los, las putas hacia zonas periféricas o informales para continuar el proceso de gentrificación de la clase media alta”.
“Hasta que el Estado no se haga cargo de la responsabilidad hacia las y los ciudadanos de las periferias de la ciudad, este panorama nunca va a cambiar”.
Desde otra ángulo, Sara Jaramillo Gómez cree que a pesar de que la medida no vaya a solucionar una problemática tan compleja como la explotación sexual y la trata de personas, rescata que el decreto cuestione la demanda de servicios sexuales, aunque para ella sea un término mal usado, dado que “la explotación sexual no es un servicio porque no es mercantilizable el cuerpo de una mujer”. Sin embargo, le preocupa la aplicación del decreto, sobre todo porque en la práctica es la Policía nacional la encargada de materializarlo: “por lo que hemos visto y por lo que es evidente todos los días en las calles, la policía no tiene las aptitudes, el conocimiento o el enfoque de derechos humanos y mucho menos un enfoque feminista, para proteger y garantizar la seguridad de estas mujeres”. Asimismo, cree que es importante conocer la oferta social que la alcaldía de Medellín dice tener dispuesta para generar segundas oportunidades para estas mujeres y niñas.
Entonces, ¿qué hacer ante una situación tan peligrosa, especialmente para niñas, niños y adolescentes, pero que no se limita a ellos? Valery insiste en que se debe dejar de criminalizar a quienes están en escenarios de explotación sexual, así como a quienes ejercen el trabajo sexual por decisión. Por esto cree que la única vía para proteger de forma efectiva a los NNA y demás personas de los delitos atroces de la explotación sexual, es desmantelar las estructuras criminales que se lucran de ellas. Aquí se remite a soluciones negociadas de paz en el territorio y no a recurrir a la respuesta militar que históricamente ha demostrado que recrudece el panorama para las víctimas, trabajadoras y ciudadanas.
También cree que intervenir las cadenas de hoteles, hospedajes y rentas cortas es urgente para establecer un protocolo de prevención y atención con medidas mucho más fuertes que sellar 10 días un hotel, como ocurrió con el Gotham. Y, más allá de responder a la urgencia, Ramírez resalta que las dinámicas económicas de la ciudad, de la cual los mandatarios se han desentendido, son las que crean condiciones precarias de vida y falta de garantías que empuja a las personas, niños, niñas y adolescentes a caer en redes de trata y de explotación sexual. “Hasta que el Estado no se haga cargo de la responsabilidad hacia las y los ciudadanos de las periferias de la ciudad, este panorama nunca va a cambiar”.
