Luego de más de diez años de controversia y siete años de proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en su recta final. El pasado 8 de julio culminaron los alegatos de conclusión en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, y se fijó el próximo 28 de julio como la fecha en la que la jueza Sandra Heredia dará a conocer el fallo de primera instancia. Ese día se sabrá si Uribe es declarado culpable o inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El caso, que formalmente inició su etapa probatoria en febrero de este año y cuya prescripción está fijada para octubre, se ha desarrollado a un ritmo inusualmente ágil. La jueza Heredia se mostró comprometida con la celeridad en las audiencias, a pesar de la gran cantidad de testigos. Sin dejar espacio a dilaciones, dará un fallo dentro de los términos legales.
¿De qué se acusa a Uribe?
El proceso judicial contra Álvaro Uribe gira en torno a las acusaciones de que, junto con su entonces abogado Diego Cadena, habría intentado manipular testimonios para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien en 2014 lo señaló públicamente por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Según la Fiscalía, Uribe habría impulsado una estrategia para contactar a exparamilitares presos, como Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años, y presionarlos a retractarse de sus declaraciones. La hipótesis de la Fiscalía es que Uribe instigó a Cadena a ofrecer beneficios jurídicos a cambio de testimonios falsos que lo desvincularan del paramilitarismo y pusieran en duda la credibilidad de Cepeda.
Uno de los episodios clave es una reunión grabada en la cárcel La Picota entre Cadena y Monsalve. Este último ha asegurado en repetidas ocasiones que al ser trabajador de la finca Guacharacas, de la familia Uribe, pudo comprobar el uso de la propiedad y los nexos con el Bloque Metro del paramilitarismo en Antioquia. En esa reunión, registrada por Monsalve con un reloj espía, Cadena le habría ofrecido beneficios a cambio de que se retractara.
La prueba central contra Uribe es una interceptación legal en la que Cadena le comenta que gestionará un beneficio jurídico para Monsalve, y el expresidente le responde: “Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas”. Para la Fiscalía, esa frase es una señal clara de que Uribe aprobaba la acción de su abogado.
Por su parte, la defensa ha sostenido que Uribe nunca dio instrucciones ilegales, que su interés era únicamente esclarecer los hechos y verificar la veracidad de los testimonios. En su declaración final, el expresidente insistió en que jamás ordenó ofrecer dinero o asesorías a testigos y que su intención siempre fue que se dijera la verdad.
Al final del proceso que se sigue en paralelo al de Uribe, tanto las víctimas como la Fiscalía y la Procuraduría, coincidieron en solicitar que se declare culpables a los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz por participar en la manipulación de testigos a través de promesas.
Las voces enfrentadas
Durante los cuatro meses de juicio se escucharon más de 90 testimonios: 38 presentados por la Fiscalía y 57 por la defensa. Mientras el Ministerio Público, en cabeza de Bladimir Cuadro, pidió la absolución del expresidente, la Fiscalía mantuvo su solicitud de condena. Por su parte, la representación de víctimas, liderada por el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Cepeda, pidió una sentencia condenatoria, señalando que el caso demuestra un patrón de conducta donde terceros cometen delitos que terminan favoreciendo a Uribe.
Uno de los testigos clave fue Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, quien declaró que Cadena le ofreció $200 millones y asesoría jurídica gratuita para modificar su testimonio. Según la Fiscalía, estos y otros testimonios muestran que hubo una estrategia articulada para influir en la justicia a favor de Uribe.
El Colectivo de Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo-Cajar, del cual hace parte Reinaldo Villalba, rechazó el carácter estigmatizante de las intervenciones del expresidente Uribe contra el senador Cepeda y el abogado Villalba. Además recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la persecución contra defensores de derechos humanos, incluido integrantes del Cajar.
Lo que viene
El próximo 28 de julio, la jueza Heredia anunciará el sentido del fallo. Aunque se trata solo del veredicto de primera instancia, su impacto será histórico: de ser hallado culpable, Uribe podría convertirse en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente. Si es absuelto, el caso probablemente será apelado por la contraparte. Cualquiera sea la decisión, es muy posible que las apelaciones ocurran.
Más allá del resultado inmediato, este juicio toca una de las sombras más persistentes sobre la figura del expresidente: la presunta cercanía entre su entorno político y sectores del paramilitarismo, y la posibilidad de que personas de su círculo cometan delitos que indirectamente lo benefician. La justicia deberá definir si esa cercanía fue simplemente incidental, o producto de una estrategia deliberada.
Cabe recordar, además, que a pesar de que este juicio se centra en la manipulación de testigos, el expresidente Uribe ha sido vinculado en procesos judiciales de mayor gravedad, donde víctimas del conflicto lo han vinculado en casos de alianzas y complicidades entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares para perpetrar masacres y asesinatos selectivos durante la década de los 90, en Antioquia, cuando se desempeñaba como gobernador. Uno de los casos más emblemáticos es la masacre del corregimiento El Aro, en el municipio de Ituango, ocurrida el 22 de octubre de 1997.
Los efectos de este juicio, especialmente en el contexto de la próxima campaña presidencial, tendrán un fuerte impacto político. Es bien conocida la relevancia que tiene la figura de Álvaro Uribe dentro de la derecha colombiana, y no cabe duda de que los aspirantes a la presidencia sabrán aprovechar el fallo judicial, sea condenatorio o no.
