Tras varias audiencias, análisis y contrastaciones, la JEP decidió aceptar el sometimiento de Salvatore Mancuso ante sus tribunales al considerarlo un punto de conexión clave entre las Autodefensas Unidas de Colombia, altos mandos del Ejército Nacional y otros agentes del Estado. Lo establecido se enmarca en el periodo de 1989 y 2004 en el Urabá, la región de los Montes de María y los departamento de Córdoba y Antioquia, con el fin de establecer operaciones con fines económicos y políticos comunes.
La decisión adoptada por el grupo de magistrados de esta entidad de justicia transicional, se refiere únicamente al sometimiento de Salvatore Mancuso ante la JEP y no se encarga por ahora de su posible responsabilidad en los hechos sobre los cuales declaró. Estos hechos son investigados actualmente por las salas de Justicia y Paz. Asimismo, la JEP remitirá a las entidades competentes lo que corresponda frente a las más de 300 personas mencionadas por el declarante en este proceso.
Con la presencia remota de Mancuso, la sala Especial E de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas presentó los extractos en video de las declaraciones previas del exjefe paramilitar, así como sus aportes a la verdad. También presentó los argumentos derivados del contraste que llevó a la Sala a concluir que en lo declarado por Mancuso hay elementos “presentes, efectivos, suficientes y novedosos respecto a hechos que ya se conocían o han sido investigados por la justicia colombiana”.
Para la JEP, Mancuso no solo fue un sujeto funcional a la fuerza pública, sino que, en la práctica, fue materialmente incorporado a esta, hasta convertirse en un miembro del ejército.
En el proceso de audiencias, el exjefe paramilitar explicó la relación con diversos agentes estatales: “El gobierno nos invitó a nosotros en esa lucha frontal contra la guerrilla para entrar en el Urabá […] Comandantes de las brigadas XI y XVII hicieron invitaciones a los grupos paramilitares para que armáramos operaciones militares de fondo en el Bajo Atrato que tenían que ver posteriormente con las inversiones para palmicultura que se dieron en la zona”.
Dentro de los hechos aportados por Mancuso se encuentran:
- Detallar la relación de complicidad entre las fuerzas ilegales del paramilitarismo, las fuerzas políticas y los mandos militares y policiales de Córdoba, por ejemplo, en la cual él lideró acciones con la fuerza pública, incluso cuando cambiaron los mandos de esas unidades. Para la Sala, esto confirma el importante rol de bisagra de Mancuso en esta robusta red criminal.
- Mencionar que la estrategia paramilitar fue posible gracias a la articulación con altos mandos de unidades militares, como por ejemplo el Batallón Junín, las brigadas XI y XVII del Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno de Córdoba y la Gobernación de Córdoba, así como muchos otros agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública en otras zonas del Caribe y el Urabá.
- Demostrar que bajo el rol de punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública asumió y le fueron delegadas funciones propias de las fuerzas estatales. Estas funciones ocurrieron incluso con el cambio de mandos militares, lo que muestra que su participación era transversal en esta institución.
- Establecer motivos económicos y políticos que el mismo Mancuso declaró, beneficiaron a actores políticos y económicos con prácticas como el despojo de tierras para la ganadería o el establecimiento de monocultivos de palma; el control de procesos electorales a través de la presión para favorecer candidaturas políticas; y el “despeje” de áreas como el Urabá, con miras a establecer megaproyectos que conectaran al Caribe con el Océano Pacífico.
Como Mancuso aportó en audiencia pública en mayo de este año, estos intereses políticos y económicos involucraban solicitudes de los gobiernos locales y el gobierno central: “Desde que nosotros conformamos las autodefensas siempre hubo una solicitud permanente en que liberáramos esos territorios por la posición geoestratégica de un enclave tan importante, así que ahí se intentaron establecer proyectos como un canal que comunicara al Atlántico con el Pacífico por el río Atrato, por eso necesitábamos despejar esos territorios de guerrillas para que las inversiones pudieran hacerse. También se estuvo pensando en el gran ‘Puerto Antioquia’, como le llegaron a decir, un gran puerto en el Urabá para exportaciones y un aeropuerto internacional en un lugar privilegiado de Antioquia debido a su posición geoestratégica”.
Aunque la JEP resalta la importancia de esta decisión para la justicia en Colombia, pues se basa en los aportes del poder judicial durante casi dos décadas de investigación sobre el fenómeno del paramilitarismo, esta tiene limitaciones. Quizás la más importante es que Mancuso sigue siendo postulado ante Justicia y Paz, el proceso judicial surgido de las negociaciones de paz con grupos paramilitares en 2005. Esto quiere decir que los crímenes cometidos como excomandante paramilitar se seguirán juzgando bajo ese marco legal.
Ante esta decisión, la magistrada María del Pilar Valencia salvó el voto al no estar de acuerdo con que Mancuso también siga en Justicia y Paz, pues considera que al no asumir la totalidad de la competencia sobre este caso “se fragmentan las posibilidades de investigación y judicialización de estructuras macrocriminales al más alto nivel”, lo que hace más difícil develar esa red criminal. También manifestó que esto priva a la JEP de contar con beneficios tangibles y concretos que brindarle a Mancuso, con lo cual se hace más difícil exigirle aportes a la verdad.
