El secreto a voces del conflicto armado: los empresarios beneficiados por el paramilitarismo

La presencia del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba ante los tribunales de la JEP revive una parte clave para entender el despojo de tierras en Colombia: el beneficio económico de ganaderos y empresarios obtenido a través de la violencia paramilitar

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

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Amnistía Internacional

Las declaraciones que presentó recientemente Benito Osorio Villadiego ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- revivieron un secreto a voces: los empresarios, ganaderos y agroindustriales se han beneficiado del despojo de tierras adelantado por el paramilitarismo y avalado por funcionarios. Esta, la gran pieza perdida del rompecabezas del conflicto armado colombiano, vuelve a moverse a pesar de no ser un tema nuevo.

Esta no es la primera vez que Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de ese mismo departamento, habla sobre los vínculos entre el paramilitarismo y los financiadores civiles, que además de promover la lucha armada contra las guerrillas, se beneficiaron económicamente del despojo de tierras. En el marco de la Ley de Justicia y Paz, Osorio aportó hace más de una década información que vinculaba tanto a militares como Rito Alejo del Río, como a empresarios y ganaderos con las estructuras paramilitares en el Urabá. Todo bajo una maquinaria criminal muy bien aceitada donde los paramilitares iban matando, detrás venían los comisionistas y empresarios comprando, y luego aparecían los notarios legalizando.

De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Forjando Futuros, dirigida por Para Gerardo Vega, líder en la representación de reclamantes de tierras, hubo un aparato criminal que es evidente en zonas como el Urabá y los Montes de María, “está demostrada la existencia de ese aparato con poder criminal que obligó a la gente a irse, esto no fue una desorden o violencia inexplicable”, explica.

La década de 1990 fue definitiva para la consolidación del proyecto paramilitar en la región del Urabá (departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba). Allí, de la mano con las fuerzas armadas como se comprobó en la Operación Génesis liderada por integrantes de la Brigada XVII y paramilitares en 1997, el terror se instaló en las comunidades. Tras múltiples masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos humanos, miles de campesinos abandonaron sus tierras en oleadas de desplazamientos masivos.

La justificación de semejante incursión paramilitar y la complicidad del gobierno local y nacional fue aceptada por muchos como una necesidad para combatir a las guerrillas. Pero mientras los paramilitares de la casa Castaño arrasaban bajo el nombre de las autodenominadas “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU”, la tierra que fue vaciada y luego traspasada en compras bajo amenaza y por precios absurdos, empezó a dar frutos para sus nuevos dueños. Hoy, tres décadas después, gran parte de estos latifundios permanecen en manos de los despojadores.

El papel de los ganaderos y empresarios de agroindustrias como la palma y la madera en el conflicto armado colombiano sigue en la sombra. Esto a pesar de que múltiples investigaciones y sentencias de Justicia y Paz hayan mostrado la responsabilidad y los favores obtenidos de la tierra despojada.

El caso Tulapas: despojo y enriquecimiento en el Urabá

El despojo masivo en la región de Tulapas es el centro de la discusión de las declaraciones de Benito Osorio, que como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997, participó en las operaciones de despojo de tierras compradas a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una fachada administrada por Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño, creadores de las AUC.

Funpazcor operaba revendiéndole al Fondo Ganadero las tierras compradas bajo la presión paramilitar, en una aparente legalidad que libraba al Fondo del trabajo sucio. Entre estas tierras se contaban varias ubicadas en Tulapas, una región de más de 40 mil hectáreas (aproximadamente un cuarto del tamaño de Bogotá) conformada por veredas y corregimientos de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá. La arremetida paramilitar fue tan violenta que de esta región salieron más de 4.000 víctimas de desplazamiento forzado.

Una vez vaciadas las tierras, los cultivos de palma, maderables y la ganadería extensiva se apoderaron de la zona. Posteriormente y con ayuda del INCODER y funcionarios como Benito Osorio, que posteriormente fue nombrado como gobernador encargado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.


“Se ha pretendido vender la idea de que en el país llevamos décadas en una borrachera colectiva donde todo el mundo cometió delitos y quitó tierras sin responsabilidad, pero las sentencias de restitución de tierras muestran claramente que la gente que fue despojada era gente pobre”


Las prácticas fraudulentas de esta empresa criminal se apoyaron en la violación masiva de derechos humanos sobre la población. Los procesos de Justicia y Paz, tras los acuerdos entre el gobierno de Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia, dieron un esbozo a la magnitud de estos despojos. Allí se expusieron no solo los testimonios de la población víctima, sino los reportes de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre las actividades ilegales en la compraventa de más de 103 predios. Por ejemplo, solamente en Tulapas, entre 1994 y 1998, la Fiscalía documentó amenazas, asesinatos y desapariciones a los dueños de 128 predios.

Salvatore Mancuso confirmó en enero de este año lo que Benito Osorio viene diciendo desde entonces, que hubo relaciones cercanas y funcionales entre ganaderos, empresarios, políticos, funcionarios y militares con el paramilitarismo para favorecer los negocios sobre las tierras despojadas.

Osorio además ha señalado a varias personas de tener vínculos con grupos paramilitares, como José Félix Lafaurie (esposo de Maria Fernanda Cabal), Rito Alejo del Río, Julio Manzur y Luis Gallo, entre otros. 

¿Por qué no se suele nombrar a los ‘terceros’ que se lucraron con el conflicto armado?

El poder político y económico en distintas partes del país se ha visto beneficiado por esa alianza inicialmente justificada en un discurso anticomunista y antiguerrilla. Además del Urabá, departamentos como Cesar y Guajira, por citar solo un par, son ejemplo de la complicidad entre empresa privada, Estado y actores armados, como ocurrió con la carbonera Drummond en la que sus directivos resultaron implicados en el despojo de tierras a campesinos.

Al fundamentar el paramilitarismo como una necesidad para combatir a las guerrillas, el discurso sobre el conflicto armado ha girado en torno a un asunto ideológico en unos casos y en otros en una explicación irracional de la guerra en Colombia.

Pero la pieza que no se ubica con mayor protagonismo para entender el conflicto es la de los intereses económicos no solo ilegales, sino los “legales” de algunos civiles, un grupo que en la JEP se ha llamado los terceros: políticos y empresarios que, sin hacer parte de la estructura armada de los grupos, participaron en sus crímenes.

“Se ha pretendido vender la idea de que en el país llevamos décadas, sobre todo estos últimos cuarenta años, en una borrachera colectiva donde todo el mundo cometió delitos y quitó tierras sin responsabilidad, pero las sentencias de restitución de tierras muestran claramente que la gente que fue despojada era gente pobre”, afirma el abogado Gerardo Vega. Al señalar esta característica de la población despojada, insiste en que si el 94% de los que se les ha devuelto la tierra tenían menos de veinte hectáreas, esto muestra que los despojados del país fueron los más pobres, algo que habla de un conflicto más allá de rencillas ideológicas y más bien de un proyecto económico que se aprovechó de los más vulnerables.

Los despojados han sido mayoritariamente era gente pobre, y según la Fundación Forjando Futuros, el 90% de ese porcentaje eran campesinos que habían recibido predios del INCORA y el INCODER, es decir que los pocos avances para que la gente recibiera tierra no sirvieron. Esta habría sido una contrarreforma hecha por empresarios que despojaron, como Cementos Argos S.A, Uniban de Augura, Banacol de augura, Bananeras de Urabá de Augura, entre otras. Como sostiene Vega, “aquí había un propósito, el despojo de la tierra por medio de las armas. Son los que se oponen asesinando y los que con discursos siguen haciendo oposición a la restitución como cuando el 30% de los representantes del Congreso tenían nexos con los paramilitares. Por eso no se ha podido cumplir el punto 1 del Acuerdo de Paz”.

La gran pregunta detrás de la nueva mirada sobre los vínculos entre paramilitares y empresarios para despojar es, ¿qué pasó con la tierra de las familias campesinas? Un investigador del conflicto en el Urabá antioqueño, que prefiere no hacer público su nombre, ha revisado el Catastro Departamental de Antioquia. Sus hallazgos muestran que en gran parte de los municipios del Urabá, el 23% de las tierras (alrededor de 114 mil hectáreas), fueron adquiridas en los periodos de mayor violencia.

Asimismo, el investigador se basa en los datos catastrales para conocer los nombres de las empresas que más adquirieron tierra en Urabá entre 1990 y febrero del 2020. En primer lugar está la empresa Agrícola el Retiro, una bananera relacionada con la multinacional Chiquita Brands, que adquirió 3.749 hectáreas, y en segundo lugar el Fondo Ganadero de Córdoba con 3.000 hectáreas. En este momento, cinco exintegrantes del Fondo están en procesos ante la JEP.

Aunque la lista es más larga, es una muestra de lo turbia que es la información sobre los dueños de la tierra en Colombia. Como ha mostrado Forjando Futuros, el Estado no conoce formalmente a cerca del 65% de los propietarios del campo y siempre que se menciona la necesidad de un catastro multipropósito hay resistencia porque ese desorden es útil para quienes mantienen grandes extensiones de tierra sin pagar impuestos acordes o dar cuentas sobre el modelo de desarrollo que allí llevan a cabo.

La falta de acceso a la tierra y la perpetuación de la violencia siguen presentes en Colombia. Los procesos de restitución están llenos de obstáculos y la impunidad de los empresarios es tal vez la más notoria en el análisis del conflicto armado. Para Vega, esta no es una historia superada. La restitución no es una reforma agraria, sino un acto de justicia para devolverle la tierra a los que se las quitaron. “Hay un número de empresas y personas condenadas en un bloque de sentencias en los juzgados de restitución de tierras. Es evidente que allí hay una responsabilidad de este sector económico frente a las víctimas. Por eso esperamos que ayuden al esclarecimiento y a la reparación.