Una de las primeras acciones que tomó Iván Duque al inicio de su gobierno fue la firma del del decreto 1844 de 2018, en donde se autorizaba el decomiso y destrucción de drogas en el espacio público sin importar la cantidad. “No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública y a los niños”, declaró el presidente en ese entonces, apelando sobre todo a la protección de la infancia y adolescencia. Como era de esperarse, la medida causó revuelo y diferentes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que esta violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Tales reclamos fueron respaldados el año siguiente por la Corte Constitucional, cuando determinó su inconstitucionalidad dado que en sí mismo, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos no afecta la convivencia ciudadana. Como respuesta, Duque aseguró que el decreto seguiría vigente para evitar “el flagelo de la drogadicción en las familias de Colombia”.
En 2020 el Consejo de Estado estudió diversas demandas contra el decreto y si bien rechazó las solicitudes para anularlo, estableció una serie de condiciones para mejorar su aplicación, entre ellas, el proceso verbal inmediato para verificar que la dosis personal sea de uso propio de llegarse a encontrar evidencias de una afectación a terceros. No obstante, las consecuencias han sido terribles, llegando a exponer a los usuarios a persecución, criminalización e incluso violencia policial.
De acuerdo con el informe Bolillo, Dios y patria de la ONG Temblores, entre 2017 y 2019 se presentaron 3214 casos de violencia física contra usuarios de drogas. Y de todos los comparendos impuestos en este periodo por porte de sustancias psicoactivas, el 86,7% de ellos fue hacia personas que portaban entre uno y 20 gramos de marihuana, las cantidades permitidas por ley. “Existe una práctica de perfilamiento bastante clara desde la Policía de determinar qué personas, a partir del prejuicio estatal, pueden ser clasificadas como usuarias”, explica el activista y defensor de derechos humanos Sebastián Lanz, codirector ejecutivo de Temblores. “Al ejercicio del perfilamiento lo antecede toda una práctica estatal, pero lo sucede una práctica de violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía”.
La Biblia de la dosis personal
Después del establecimiento de su clínica de justicia ambulante Policarpa, Temblores notó que gran parte de los casos que recibía tenían en común el desconocimiento de los y las ciudadanas de objetar y apelar comparendos, y que además cerca del 90% de estos estaban relacionados con el porte y uso de la dosis personal en el espacio público. Así nació su Guía rápida para objeción y apelación de comparendos, cuyas 23 mil descargas en menos de seis meses evidenciaron una necesidad de otro documento que condensara todo lo que se debe saber para ejercer el derecho a la dosis mínima.
En la Biblia de la dosis personal (que puede ser descargada aquí de forma gratuita) se explica toda la normatividad vigente al respecto, con el fin de contrarrestar la violencia policial hacia usuarios de sustancias y personas que no cuentan con otros espacios para consumirlas. Asimismo, se encuentra información sobre el uso de drogas sintéticas, tipos de multas, dosis de aprovisionamiento, las condiciones por las que una persona podría ser judicializada y las cantidades permitidas de marihuana, cocaína, metacualona y sustancias a base de hachís en el país.
Hacia el final se presentan los 10 mandamientos y los siete pecados capitales de la dosis personal, que buscan crear un consenso social que permita interiorizar lo que se puede o no hacer al momento de ejercer el derecho, incluyendo los espacios en donde el consumo está prohibido. De incurrir en alguno de los ‘pecados’, las personas podrían verse afectadas con un comparendo, aunque se han registrado casos en los que la Policía usa directamente la violencia antes de aplicar la sanción. “La Biblia tiene como propósito rescatar y darles a las personas usuarias conocimiento a nivel jurídico y normativo, pero también tiene el propósito de que las personas hagan un uso consciente, adecuado y armónico de su derecho al porte y uso de la dosis mínima sin afectar la convivencia ciudadana y sin afectar a terceras personas”, puntualiza Lanz.
Vacíos jurídicos en la normatividad de la dosis mínima
Un vacío que ha existido desde 1994 cuando se estableció el derecho a la dosis personal, está relacionado con la forma de adquirir las sustancias ya que en ningún documento oficial se ha determinado por cuáles medios se puede acceder a ellas. Como consecuencia, explica Lanz, los usuarios se han visto obligados a acudir a la ilegalidad y redes de criminalidad, exponiéndose a sustancias de origen dudoso que ponen en peligro sus vidas.
Por si fuera poco, el tire y afloje desatado por el decreto 1844 de 2018 y la Ley 2000 de 2019 que modificó el Código de Policía añadió otro factor: las contradicciones entre las leyes y fallos que terminan por darle a los agentes de Policía el poder absoluto de determinar si alguien está infringiendo alguna norma, aún cuando no sea el caso. El resultado ha sido la persecución de personas jóvenes y minorías solo por el porte y no por el uso, que es lo que en teoría podría afectar la convivencia (por ejemplo, si el humo de la marihuana molesta a algún vecino).
Más grave aún es que desde Temblores han podido notar un patrón sistemático en donde la violencia de la fuerza pública contra usuarios de sustancias no solo es física. Entre los casos que han podido registrar en Policarpa, ha habido algunos en los que cuando una persona desea objetar el comparendo verbalmente, hay oficiales que amenazan con cargarle más droga para que la acción pase de ser contravencional a judicial.
El prohibicionismo y una lucha fallida contra las drogas
El hablar de una guerra contra las drogas cada vez se hace más obsoleto, más aún cuando se ha demostrado que el prohibicionismo no es efectivo para combatir el narcotráfico, pues al fin y al cabo las personas siempre encontrarán la forma de acceder a las sustancias y las empresas de negocios ilícitos se reinventan a diario.
Para Julián Quintero, investigador de Acción Técnica Social, esta medida –o ideología– nunca cumplió con su objetivo de reducción del mercado de las drogas ilícitas, sino que por el contrario terminó por incrementarlo y ocultar la información acerca de las sustancias. “El prohibicionismo no nos ha permitido aprender de las sustancias para poderlas enfrentar, entonces quienes terminan educando a las personas en el consumo son los amigos y los jíbaros”, asevera.
En este sentido los gobiernos colombianos, especialmente el de Duque, han nadado contra la corriente reforzando mecanismos punitivos que en últimas terminan por violar derechos y aplicar pañitos de agua fría a la problemática real. “Este gobierno ideó un plan para incautar y volver a una figura prohibicionista del porte y uso de dosis personal en el espacio público, y eso ha tenido unos efectos muy nocivos porque les ha dicho a los agentes de la Policía que en una requisa, droga que encuentren, droga que tienen que incautar así no exceda la dosis mínima, y eso además de ser una violación a un derecho fundamental, es calificable como hurto”, añade Lanz, quien además sostiene que las políticas de drogas basadas en la prohibición tienen efectos desproporcionados para los habitantes de calle y jóvenes que no pueden consumir sustancias en sus lugares de residencia.
Un nuevo enfoque
Para Lanz, uno de los retos del próximo gobierno es plantear una reforma a las políticas de drogas que vaya de la mano con una reforma policial que permita restablecer la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía. Por eso el discurso hacia el que debe ir encaminado el tema es la educación y los programas de reducción y riesgos y daños como Échele Cabeza de ATC que, como indica Quintero, se están anticipando a un futuro de drogas reguladas bajo un consumo responsable. “Estamos preparando a una generación para que no nos ocurra lo mismo que pasó con el cigarrillo y con el alcohol, cuya distribución, venta y consumo estuvo a manos de la industria y del capital a quien solo le importaba vender pero no la salud de las personas”, comenta.
El enfoque, que también involucra a los medios de comunicación que han dedicado reportajes enteros a la satanización de las sustancias, debe abordar drogas más allá de la marihuana y en ese sentido Colombia también va muy quedada. Ante la falta de normas efectivas, aquí han sido las organizaciones como Temblores o Acción Técnica Social las que han asumido la responsabilidad de educar sobre las sustancias psicoactivas y defender los derechos de sus usuarios.
“Si los políticos no cambian las políticas de drogas, hay que cambiar a los políticos”, dice Quintero, quien también hace un llamado a empoderar a la ciudadanía para exigir y hacer cumplir los derechos estipulados en la Constitución. “Hay que seguirle pidiendo a la gente que se asuma como consumidora y le muestre a esta sociedad que es una persona que puede consumir pero también ser funcional”.
