La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que Texas pueda comenzar a aplicar una polémica ley sobre inmigración que le permite a la Fuerza Pública del estado arrestar personas extranjeras bajo la sospecha de que están indocumentadas.
Tras una votación de seis votos a favor y tres en contra (estos últimos por parte de jueces liberales), el órgano de justicia permitió que el territorio texano aplique el Proyecto de Ley 4 del Senado, el cual está a la espera de una apelación federal. La aprobación se da a pesar de la preocupación de que esta legislación dé pie al perfilamiento racial y a violaciones de las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda constitucional en contra de las requisas injustificadas.
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La jueza asociada Sonia Sotomayor escribió en su disentimiento que la orden “le da luz verde a una ley que alterará el equilibrio de poder entre el gobierno estatal y el federal, sembrando así el caos”.
La decisión significa un retroceso a una resolución que la Corte Suprema emitió en mayo pasado, la cual detuvo temporalmente la implementación de la legislación. El año pasado, una coalición de grupos defensores de derechos civiles, incluyendo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, llamó al proyecto de ley “la medida más extrema antiinmigración que se haya aprobado en cualquier estado del país”.
“Hemos advertido fervientemente que si el gobernador Greg Abbott continúa con esta campaña en contra de los inmigrantes, esta ley separará familias, resultará en el perfilamiento racial y perjudicará personas a lo largo del estado. Le pedimos a la Corte Suprema que anule las apelaciones a la suspensión de su aplicación y mantenga en firme la decisión de evitar que entre en vigor”.
En ese entonces, la Corte Suprema, controlada por el conservadurismo, no se mostró convencida.
