En un mundo globalizado, la migración parece natural. Mucho más en un continente formado a partir de la migración voluntaria e involuntaria. No en vano se calcula que en América Latina y el Caribe hay por lo menos 15 millones de personas en movimiento entre fronteras, casi todos rumbo al norte del Continente. Natural, ¿no? Pero no es así. Los gobiernos de la región (y del resto del planeta para ser justos), dedican gran parte de sus esfuerzos en frenar lo irrefrenable. Cada 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes, es una nueva una oportunidad para recordar las múltiples restricciones que ocurren contra sus derechos.
Hasta 2020, en Estados Unidos y Canadá vivían más de 25 millones de migrantes de esta región, según la OIM. Por supuesto, la migración hacia estos países no es nueva y no es la única que vive la región.
El Tapón del Darién, aquella selva espesa que no se ha dejado domesticar por la carretera Panamericana que nace en Alaska y termina en la Tierra del Fuego, se ha vuelto un paso migratorio que ha llamado la atención del mundo entero. Aquella frontera entre Colombia y Panamá se convirtió en los últimos cinco años en un punto imposible de ignorar para las geografías de la movilidad humana, tal como lo ha sido por mucho tiempo la frontera del Río Bravo entre México y Estados Unidos, o el Mar Mediterráneo entre el norte de África y Europa.
Más de 500.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2023. Ese medio millón de humanos buscando refugio en destinos más prósperos representó más del doble de los que hicieron ese mismo recorrido el año anterior. Esto es lo que indican las investigaciones de la ONG Human Rights Watch – HRW. El hecho se ha declarado una crisis humanitaria. Muchos periodistas y fotorreporteros han documentado cómo migrantes y refugiados, en su mayoría de Venezuela, pero también de Haití, Ecuador y Colombia, se enfrentan a un ambiente hostil con tal de llegar a la frontera del anhelado norte.
No son las únicas nacionalidades. Migrantes de la costa occidental africana, Bangladesh, Afganistán, China o Pakistán, también se encuentran en la selva colombo panameña. UNICEF estima que uno de cada cuatro personas en movimiento dentro de América Latina y el Caribe es un niño o una niña, la proporción más alta en cualquier lugar del mundo.
El movimiento dentro y a través de esta zona no es del todo nuevo, pero sí es ahora mucho más numeroso. Según HRW, las llegadas de migrantes a territorio panameño se registran desde 2010, pero hasta 2021, el número de personas que cruzaban la selva era relativamente marginal, comparado con otras vías migratorias en el continente.
Aunque las violencias contra las personas que migran son muchas, la respuesta de los gobiernos ha sido mayoritariamente restrictiva. Mientas más personas cruzan las fronteras en México, Panamá, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Chile, las autoridades aumentaron las restricciones de movilidad o incluso las deportaciones “en caliente”, así como los vuelos de deportación, especialmente desde Estados Unidos.
En México, en la frontera con Estados Unidos, se han detectado por lo menos cuatro corredores criminales principales en los que hay trata de personas. La situación es muy preocupante, pues este delito involucra a grupos delincuenciales y funcionarios corruptos que encubren operaciones que van desde el suministro de víctimas para sostener las redes de trata, hasta el cobro de impuestos mediante la extorsión a personas que migran en un gran estado de vulnerabilidad, como ha reportado la organización Insight Crime.
Las agencias multilaterales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas, han alertado sobre las duras condiciones que viven quienes emprenden viajes peligrosos cruzando fronteras o quienes se asientan en nuevos destinos donde la xenofobia impide las condiciones mínimas para una vida digna.
Las mujeres migrantes se organizan para ayudar a sus comunidades
Los peligros en puntos como el cruce del Darién, el camino por América Central o la migración hacia Chile, son muy variados y hasta letales, especialmente para las mujeres. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 mujeres en proceso de movilidad humana ha sufrido algún tipo de agresión, indica ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.
Dentro del amplio grupo de migrantes y refugiados que se mueven por la región, es imposible no destacar a los más de siete millones de venezolanos y venezolanas que constituyen una de las diásporas más numerosas del mundo. Casi 3 millones de ellas y ellos se encuentran en Colombia.
En medio de las difíciles condiciones de vida para la población venezolana en países como Colombia, la organización de la sociedad civil ha hecho un trabajo excepcional para cubrir algunos de los grandes vacíos en protección a esta población. De hecho, gran parte de estas organizaciones son dirigidas por mujeres, pues las violencias basadas en género son uno de los principales problemas que enfrentan las migrantes y refugiadas en el continente.
Algunas de estas organizaciones en Colombia trabajan para garantizar los derechos de las niñas y mujeres migrantes, como ocurre con Machis Entrelazadas en Soledad, Atlántico, o el Movimiento de Mujeres Lideresas Venezolanas en Cartagena, así como la Fundación de Mujeres Empresarias Unidas en Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador.
La incertidumbre de quienes dejan sus hogares en busca de mejores opciones de vida es una realidad latente. Aunque la sociedad civil se organice y apoye a la población migrante y refugiada, el mayor esfuerzo deberá corresponder al alcance que tienen los actores gubernamentales para respetar los derechos de esta población migrante, en vez de responder con el fortalecimiento de muros y fronteras.
