A pocos días de haber conmemorado el Día de la Visibilidad Trans, el asesinato de Sara Millerey golpea con fuerza la realidad de las personas que, con valentía, se rebelan ante una sociedad que aún niega su derecho a existir plenamente. También nos golpea como país y nos enfrenta a la evidente realidad de que somos una sociedad corroída por la violencia y la hipocresía, que se ensaña con quienes son arrastradas a vivir en los márgenes de la sociedad.
El 7 de abril se conoció la muerte de esta mujer trans de 32 años, quien fue brutalmente asesinada en Bello, Antioquia. Lo que le pasó a Sara fue un transfeminicidio y es importante nombrarlo como tal para no manchar más su historia con la discriminación estructural que insiste en revictimizarla. Ella no solo recibió la violencia extrema de un acto puntual, sino también la de un sistema que sigue invisibilizando a las personas con experiencia de vida trans y a las múltiples violencias que las persiguen.
Sara fue torturada, sus brazos y piernas fueron fracturados, y luego fue lanzada a una quebrada. Aunque fue rescatada con vida de la corriente y trasladada a un centro asistencial, no sobrevivió. Su asesinato, sin embargo, no se dio en silencio. Fue una tragedia que ocurrió en presencia de testigos, que, pese al sufrimiento visible de Sara, fue primero filmada como un espectáculo antes de ser ayudada.
La falta de intervención inmediata y la indiferencia generalizada en situaciones de transfobia, como la que vivió Sara, subraya una de las problemáticas más graves en Colombia: la violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ+, en especial contra mujeres y hombres trans. A lo largo de este año, según la organización Caribe Afirmativo, 24 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en el país.
Los datos, como es de esperarse, no nos cuentan la historia completa. La Defensoría del Pueblo indica que durante los primeros tres meses de 2025 se han tipificado 13 transfemicidios, pero el subregistro en la denuncia y en el reconocimiento de estos crímenes es alto. El estigma, la suma de otras condiciones de vida como el empobrecimiento y las barreras de acceso a la justicia para las personas trans, hacen difícil que conozcamos con claridad las consecuencias más letales de la violencia por prejuicio contra esta población. Incluso el silencio de estos números también habla, pues refleja una realidad aterradora y la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas LGBTIQ+.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la población trans han solicitado una respuesta inmediata de las autoridades competentes, no solo en el caso de Sara Millerey, sino en todos los casos ocurridos en el departamento y en el país, para que no queden impunes y se envíe un mensaje claro de que las vidas trans merecen protección.
La importancia de respetar el nombre de Sara
El hecho de que las autoridades locales de Bello revictimizaran a Sara, difundiendo su nombre asignado al nacer y no su nombre identitario, es una muestra más de la negación de las vidas trans en muchas circunstancias. Este tipo de prácticas contribuyen a la perpetuación de la violencia, pues niegan la identidad de las personas trans y las convierten en objeto de burla y estigmatización pública, incluso luego de haber sido asesinadas.
Es esencial nombrar a Sara por su nombre identitario, porque, al final, a ella la mató la transfobia, la intolerancia y el odio. Lo sucedido con esta mujer es solo una muestra de una ola de violencia sistemática que afecta a la población trans en Colombia. La región de Antioquia se ha convertido en parte importante de esa espiral violenta, con al menos tres homicidios de personas LGBTIQ+ en la última semana: dos en Medellín y uno más en el municipio de Andes.
Este contexto demuestra que la transfobia no es un fenómeno aislado, sino que responde a una red de estructuras criminales que buscan disciplinar los cuerpos que se desvían de la norma heterosexual y cisgénero, enviando un mensaje de control social que persiste en muchas regiones del país. Por eso no es casual que a Sara además de aniquilarla la hayan torturado primero, que haya sido el centro de la burla de sus victimarios y se le haya negado la atención para salvarla.
Pero la muerte de Sara, como la de tantas otras personas trans, no puede ser vista como un simple crimen. Ya la historia del país ha documentado en sus archivos cómo de la mano de la expansión de las estructuras criminales y los actores armados con ansias del control territorial, han puesto una marca en los cuerpos de las mujeres en toda su diversidad, así como de las personas LGBTQ+.
El Centro de Memoria Histórica dejó en 2015 un juicioso compendio en el informe Aniquilar la diferencia. Parte de las reflexiones allí consignadas nos mostraron que las distintas violaciones a los derechos humanos de quienes se apartan de la heteronorma no se entendían como fruto del azar, sino como elemento importante de las estrategias de los grupos armados para alcanzar sus fines militares y políticos. “Si bien, existen casos en que los fines están ligados a la economía política de la guerra (por ejemplo, aquellos en que interesaba adueñarse de territorios o bienes), el fin principal de estas violencias es la consolidación de un orden moral favorable a los intereses de poder de los actores armados, un orden moral que tiene marcas de raza y de clase, pues ha involucrado con mayor fuerza a las clases populares”.
No es casualidad que Sara fuera una mujer trans, empobrecida y habitante regular de las calles en un departamento marcado por la doble cara del narcotráfico: la violencia y la abundancia económica de quienes controlan este negocio, junto a la defensa de una “prosperidad” construida a costa de la ilegalidad. A este contexto se suman los valores conservadores de la familia tradicional y los prejuicios arraigados contra la población LGBTIQ+. Por supuesto esta realidad no es exclusiva de Antioquia, sino que se replica en todo el país.
Al ser un acto de odio premeditado, el transfeminicidio de Sara debe ser nombrado y comprendido en su totalidad. Solo con una intervención real que desmantele tanto a los nombres de los victimarios, como que promueva el respeto a la vida y a la dignidad de las personas trans en Colombia, se podrá avanzar en saldar esa deuda pendiente del Estado con Sara y todas las víctimas de la negación de su existencia.
