En Colombia, los años electorales rara vez transcurren con calma. En 2026, además de las disputas por el poder propias de una democracia, el país afronta elecciones de Congreso y Presidencia en un contexto especialmente complejo. El recrudecimiento del conflicto armado y de la criminalidad organizada se suma al aumento de discursos políticos inflamatorios que ponen en duda la legitimidad del proceso democrático y, sobre todo, la del adversario político.
En este escenario, que no se vive solo en Colombia, sino también en la región y en el mundo, nos plantea una pregunta de fondo sobre el estado de la democracia en este momento tan complejo. Los discursos políticos cada vez más agresivos tienden a trazar divisiones morales antagónicas entre las personas del común. Aunque este fenómeno se observa en otras partes del planeta y puede interpretarse como un signo de debilitamiento democrático a escala global, en Colombia adquiere una gravedad particular. La larga historia de violencia política del país introduce matices y riesgos que alimentan una preocupación creciente. A ello se suman las alertas que distintas entidades y organizaciones han elevado sobre el impacto del conflicto armado en la posibilidad de realizar elecciones libres y en paz.
Violencia y elecciones
Las disputas por el poder y el control territorial no involucran únicamente a candidatas y candidatos en contienda, sino también a diversos intereses de actores armados. Aunque tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia el país registró una reducción sostenida de estos riesgos, el conflicto armado no desapareció y, con el paso del tiempo, adoptó nuevas formas que hoy vuelven a pasar factura.
Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), titulado Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Elecciones nacionales 2026, advirtió que 170 municipios del país presentaban algún nivel de riesgo electoral para los comicios de este año. Sin embargo, en comunicaciones más recientes la organización elevó la cifra a 185 municipios entre riesgo extremo, alto y medio, debido a la coincidencia de factores de violencia y de posible fraude electoral.
El análisis muestra que la integridad del voto y del proceso electoral está en juego en varias regiones. En el nivel de riesgo extremo se concentran municipios de departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Bolívar, Chocó, Putumayo y Arauca, lo que evidencia una dispersión territorial amplia y persistente.
El informe inicial, presentado a comienzos de febrero, comparó además la evolución del riesgo electoral desde 2010. El ejercicio mostró que, antes del acuerdo de paz, el punto más crítico se registró en 2014, con 260 municipios en riesgo. Tras la firma del acuerdo, la cifra descendió a 170 en 2018 y a 131 en 2022. Sin embargo, para 2026 el número volvió a aumentar con 170 municipios en febrero y posteriormente a 185, lo que vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones para el ejercicio libre del voto en una buena parte del país.
El problema se agudiza, pero no es nuevo
Estas advertencias coinciden con alertas previas de la Defensoría del Pueblo de Colombia. En una Alerta Temprana de octubre de 2025, la entidad señaló que las dinámicas de control y disputa territorial de grupos armados ilegales podrían afectar derechos fundamentales y libertades políticas durante los procesos electorales de 2026.
El seguimiento también evidencia que estos riesgos ya se han materializado. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 71 homicidios de personas defensoras de derechos humanos con participación política, la mayoría en municipios previamente advertidos. A esto se suman amenazas y ataques contra precandidatos, candidatos, militantes y autoridades locales.
Factores estructurales como la estigmatización, la polarización política y la reiteración de delitos electorales siguen presentes. El reporte de la MOE, así como las alertas de la Defensoría incluyen análisis sobre restricciones masivas a la movilidad de la población, violaciones a la libertad de prensa y, por supuesto, violencia contra liderazgos sociales.
Las cifras de la organización Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dan cuenta de la magnitud del problema. Desde 2016 hasta hoy se han registrado 1.903 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Solo en 2025 se documentaron 187 casos, y en los primeros meses de 2026 ya se contabilizaban 26 homicidios.
Las tácticas que afectan elecciones libres, en paz e informadas
A los riesgos asociados a la violencia histórica del país se suman dinámicas que operan en el plano del discurso público. Un informe de la organización Movilizatorio identificó señales tempranas de deterioro democrático asociadas a la desconfianza institucional, las tensiones entre los poderes del Estado y la expansión de narrativas que presentan la política como una confrontación moral entre bandos irreconciliables.
El estudio sobre el lenguaje político en redes de candidaturas presidenciales identifica tácticas autoritarias discursivas que erosionan la democracia. Estas incluyen la polarización (“nosotros vs. ellos”), la desconfianza sistémica en las instituciones (“todo es sospechoso”) y la simplificación de problemas a control y castigo. Estas narrativas son peligrosas porque pueden llevar a la población a aceptar la renuncia a derechos humanos en nombre de la seguridad, por ejemplo.
Otras tácticas autoritarias preelectorales incluyen el mal uso de la información (saturarla, mezclarla o desordenarla), clave en la actual época de desinformación hábilmente usada por actores políticos. Todo esto, en clave de lenguaje inflamatorio, lleva al desplazamiento del discurso a escenarios donde la agresión se normaliza y el resultado es más riesgoso.
De hecho, la Defensoría del Pueblo presentó el 10 de febrero un informe de seguimiento al “Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, una iniciativa de esta entidad donde convocó a precandidatos a sumarse desde la responsabilidad como líderes políticos a la defensa de un escenario de debate democrático. Este compromiso surgió luego del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Los riesgos del debate público atravesado por estas formas de comunicar no son menores pues pueden preparar el terreno para prácticas más autoritarias incluso sin que se produzcan rupturas formales del orden democrático. Cuando este tipo de lenguaje se normaliza, el desacuerdo deja de percibirse como una parte legítima de la democracia y empieza a interpretarse como una amenaza.
El desafío es común
A pesar de este panorama complejo, organizaciones como la MOE destacan la capacidad histórica del país para realizar elecciones incluso en contextos adversos. Sin embargo, esta experiencia de país no debe ocultar las profundas desigualdades que persisten en las condiciones para votar. Mientras en los centros urbanos se concentran los principales poderes políticos y mayores garantías, muchas zonas rurales o cordones de gran desigualdad en las periferias urbanas, siguen enfrentando presiones derivadas de la violencia y el control territorial de actores armados.
En un contexto marcado por riesgos de violencia, fraude y discursos que alimentan la confrontación política, el desafío de las elecciones no se limita a garantizar su logística. La defensa de la democracia también implica reconocer estos riesgos, fortalecer la coordinación institucional y asegurar que la participación política no esté condicionada por la violencia o la desinformación. Este compromiso para cuidar las elecciones no solo recae entonces en las autoridades electorales o el Gobierno, sino en las y los candidatos, así como en el acuerdo común de la ciudadanía. Solo así el ejercicio del voto podrá darse en condiciones verdaderamente libres.
