En el año 2023, el tapón del Darién se convirtió en el epicentro de una crisis migratoria sin precedentes, con más de 517 000 personas atravesándolo en camino a Estados Unidos. La mayoría fueron venezolanos (327 913), seguidos de ecuatorianos (56 847) y haitianos (46 222). Del total, 120 000 eran menores de edad. El recuento revela un aumento significativo en comparación con años anteriores: 22 000 en 2019, 9000 en 2020 (pandemia de COVID-19), 138 000 en 2021, y 246 000 en 2022.
La travesía, marcada por desafíos extremos, como enfermedades tropicales, serpientes venenosas, y la presencia de grupos armados ilegales, ha cobrado cientos de vidas. Entre enero de 2018 y junio de 2023, se estima que 258 personas fallecieron o desaparecieron en el Tapón del Darién. Cientos de otras han sido rescatadas por autoridades panameñas en lo más profundo de la selva, después de ser extorsionadas y abandonadas sin alimentos por grupos criminales.
El Darién se ha transformado en un escenario caótico y sumamente peligroso para cientos de miles de personas que caminan desesperadamente hacia el norte, buscando mejores condiciones de vida.
“De haberlo sabido, no habría venido ni habría dejado que mi hijo pasara por aquí”, le dijo una mujer venezolana, entre lágrimas, a un equipo de periodistas de CNN (en una publicación del 15 de abril de 2023). La mujer se encontraba en medio de la selva, a orillas de un río profundo que debía cruzar, observando a otros luchar por sus vidas en las aguas. “Esto es horrible. Hay que vivir esto para darse cuenta de que atravesar esta selva es lo peor del mundo”.
“Coyotes”, crimen organizado y tráfico de personas
El Tapón del Darién es el reservorio forestal más grande de Centroamérica. Abarca la provincia panameña del Darién, varias comarcas indígenas y distritos en Panamá, así como el norte del departamento de Chocó en Colombia. Pero además de presentar desafíos naturales y una densa vegetación, se ha convertido en un terreno fértil para grupos armados ilegales que se aprovechan de la vulnerabilidad y desesperación de los migrantes.
Varias investigaciones revelan que un cártel colombiano controla una de las rutas principales, convirtiendo el contrabando de personas en un negocio lucrativo. Estos migrantes, tratados como mercancía, pagan al menos 400 dólares por el acceso a la ruta, generando decenas de millones de dólares anuales para el cártel. A cambio, reciben pulseras que indican su derecho a transitar.
Los traficantes, conocidos como “coyotes”, emplean tácticas despiadadas, abandonando a migrantes en Panamá tras extorsiones económicas, reclutando a jóvenes para transportar drogas y violando a las mujeres.
Una operación de Interpol en América Central y del Sur permitió detener a 257 personas por supuesta trata de migrantes. Los agentes de Interpol, quienes se encontraban en las fronteras de Tabatinga (Brasil) y el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, identificaron que la mayoría de las víctimas eran objeto de explotación sexual y terminaban involucradas en tráfico de drogas. Solo en el mes de octubre de 2023, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) asistió a 107 sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo menores de edad, en la selva del Darién. “¿Cómo sobrevive uno a cinco violaciones?”. Estas fueron las palabras de una mujer a MSF (para una publicación de La Prensa en noviembre de 2023). “No te acaba la vida una culebra, te acaban la vida los hombres que están adentro, que violan y matan”.
Según la operación de Interpol, las víctimas fueron captadas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales, antes de comenzar su tránsito por la selva. En Facebook, por ejemplo, existen grupos (comunidades creadas dentro de la plataforma) que ofrecen viajes desde Colombia a Panamá a través del Tapón del Darién. En estos anuncios, los traficantes se hacen llamar “guías”.
Atraer personas a través de redes sociales tiene consecuencias significativas, ya que brinda a los traficantes la capacidad de reclutar a individuos de todo el mundo. Esto se logra al aprovechar el anonimato y el acceso que ofrecen estos espacios virtuales para contactar a posibles víctimas, explotando vulnerabilidades, como la búsqueda de una vida mejor.
Respuestas y colaboraciones internacionales
Panamá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y otros países de la región han anunciado medidas conjuntas y unilaterales en respuesta a la crisis; pero los resultados han sido poco exitosos. En abril de 2023, altos funcionarios de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron nuevos acuerdos para fomentar vías legales de migración y abordar la seguridad humana de los migrantes en el Darién. En octubre, Panamá y Costa Rica iniciaron un acuerdo para facilitar el paso expedito de migrantes irregulares entre ambos países y evitar que queden varados.
Por su parte, Estados Unidos anunció un programa piloto para procesar las solicitudes de migrantes en Panamá. El objetivo del mismo es apoyar en el procesamiento de solicitudes y la deportación de aquellos que no cumplan con los requisitos para quedarse en el país. La iniciativa surge como parte de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para frenar el flujo migratorio en la frontera sur de EE. UU.. También, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó una cumbre sobre migración con líderes de 11 países latinoamericanos, incluido Panamá.
Pero las medidas no han logrado frenar el paso de personas por la selva, ni las actividades ilegales relacionadas a la migración.
Acción humanitaria y desafíos persistentes
Organizaciones humanitarias, como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Médicos Sin Fronteras, tienen presencia en Darién. A pesar de operar en condiciones adversas y con presupuestos sumamente ajustados, llevan a cabo tareas heroicas, como proporcionar alimentos a los migrantes y ofrecer atención médica. Estas organizaciones asisten a poblaciones vulnerables, especialmente a madres gestantes, lactantes, y niños menores de 10 años; también se encargan de potabilizar agua y brindar servicios de salud mental, entre otras actividades.
Sin embargo, el desafío crece constantemente y las organizaciones no pueden seguir el ritmo sin recursos adicionales. Un ejemplo palpable es la Cruz Roja, que ha logrado recolectar apenas un 5 % de los 20 millones solicitados en apoyo internacional.
A esto se suma que la eventual llegada de la temporada de lluvias y huracanes aumentará la demanda de atención médica, mientras las organizaciones carecen de medicamentos, insumos y equipos suficientes. Esto limita la provisión de asistencia humanitaria, dificultando abordar de manera completa y efectiva los desafíos en el Darién, dejando a las personas afectadas sin la ayuda necesaria.
Urge que otras entidades, incluyendo gobiernos y el sector privado, intensifiquen sus esfuerzos y brinden un respaldo más robusto a las organizaciones humanitarias, para así abordar la crisis de manera más efectiva.
Desafíos en la integración: la realidad de la comunidad venezolana en Panamá
Con 158 958 migrantes venezolanos en Panamá, incluyendo por lo menos 50 250 en situación irregular, es urgente implementar estrategias y políticas de integración. La integración efectiva de los migrantes no solo fomentaría la cohesión social, sino que también impulsaría el crecimiento económico del país. Además, la adopción de estas estrategias ayudaría a prevenir la marginalización de los migrantes, alineándose con los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En una encuesta de la ONU, el 46 % de la población venezolana en Panamá expresó la necesidad de asistencia para obtener documentación y lograr su regularización migratoria. Los desafíos incluyen los costos vinculados al proceso de documentación y la representación legal, así como la falta de información y la desconfianza hacia las instituciones públicas panameñas.
Aquellos que buscan el estatus de refugiados y aún no han sido admitidos, enfrentan obstáculos adicionales. Esto abarca la retención de pasaportes por parte del Servicio Nacional de Migración, lo que dificulta la obtención de identificación y permisos de trabajo.
En la misma encuesta, el 38 % de los venezolanos en Panamá reportó haber experimentado discriminación basada en su nacionalidad. Las mujeres migrantes venezolanas enfrentan mayor vulnerabilidad y riesgo en comparación con sus contrapartes masculinas.
En el ámbito educativo, la carencia de documentación y validación de títulos académicos extranjeros obstaculiza el acceso de los niños venezolanos a la escuela, privándolos de un derecho fundamental. Tanto las escuelas públicas como las privadas en Panamá exigen que todos los certificados educativos sean autenticados por las autoridades educativas relevantes en Venezuela, pero en muchos casos, los padres o tutores legales carecen de los registros académicos previos de sus hijos.
Adicionalmente, las restricciones de las becas universales del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) afectan directamente el respaldo financiero para estudiantes migrantes en términos de uniformes, útiles escolares y transporte. Aquellos con menos de 10 años de residencia en Panamá no califican para esta beca, privándolos del apoyo financiero destinado a sus necesidades educativas básicas.
En cuanto al empleo, la mayoría de los venezolanos trabaja de manera informal debido a restricciones en la solicitud de permisos de trabajo y a limitaciones durante el proceso de solicitud de estatus de migrante o refugiado. Además, la legislación panameña impone restricciones para la práctica de ciertas profesiones, añadiendo barreras adicionales a la integración y desarrollo profesional de los migrantes.
La integración exitosa de migrantes puede generar una serie significativa de beneficios para Panamá. Desde el aumento de las contribuciones fiscales mediante la formalización de estatus migratorios y la participación activa en la economía, hasta la creación de emprendimientos que impulsen el desarrollo económico y la innovación, la presencia de migrantes puede abordar necesidades laborales específicas, enriqueciendo la diversidad económica y cultural del país.
El tema de las contribuciones fiscales es especialmente relevante debido a la actual crisis financiera de la Caja de Seguro Social panameña. La baja recaudación tributaria del país, sumada a la negligencia y corrupción gubernamental, ha resultado en que las reservas para pagar pensiones a más de 300 000 pensionados, se agoten este año.
Según Bloomberg, los venezolanos en Panamá han iniciado más de 5500 negocios y contribuyen con 200 000 000 de dólares al año solo en impuestos. Si se logra la regularización de toda la comunidad, este número aumentaría 280 000 000 anuales. Además, los venezolanos en Panamá han invertido 1,8 mil millones de dólares en el país en la última década, entre negociaciones inmobiliarias y empresariales.
Más de la mitad de los venezolanos en Panamá tiene educación terciaria o superior, lo que los hace altamente capacitados y productivos para incorporarse eficazmente al mercado laboral.
Reflexiones del Papa Francisco
En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crisis migratoria en la selva del Darién y llamó a una respuesta humanitaria urgente. “A menudo se trata de familias con niños que se aventuran por caminos peligrosos, engañados por quienes les prometen falsamente una ruta corta y segura. Maltratados y robados, no son pocos los que pierden la vida en esa jungla. Es necesario el esfuerzo conjunto de los países más directamente afectados y de la comunidad internacional para evitar que esta trágica realidad pase desapercibida y dar juntos una respuesta humanitaria”, dijo desde el balcón de la fachada de San Pedro; el pontífice pidió soluciones adecuadas para superar las divisiones sociales y políticas, abogando por la paz y la atención a las migraciones.
Propuestas para enfrentar la crisis humanitaria en el Darién y facilitar la integración en Panamá
Después de examinar detenidamente la crisis migratoria en la selva del Darién, es evidente que se requieren acciones inmediatas y colaborativas para abordar los desafíos humanitarios y de seguridad asociados.
En primer lugar, se debe fortalecer la presencia de las autoridades a lo largo del Tapón del Darién para garantizar la seguridad de los migrantes y prevenir actividades criminales. Se deben implementar estrategias específicas de seguridad para asegurar la integridad de los migrantes, disuadir actividades delictivas, y establecer un control efectivo sobre la situación.
Por otra parte, se pueden implementar medidas adicionales, como el uso de tecnologías avanzadas de vigilancia, el fortalecimiento de patrullajes conjuntos y la creación de protocolos de respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Este desafío imperativo requiere, de manera inmediata, una colaboración estrecha y coordinada entre los gobiernos de Panamá y Colombia.
Además, se debe colaborar a nivel internacional para desmantelar las redes criminales involucradas en el contrabando de personas y explotación sexual, tratando estos delitos como una prioridad global.
Es apremiante establecer programas específicos de protección y apoyo para las víctimas de violencia sexual, brindando intervenciones inmediatas y asistencia psicológica.
En respuesta a la captación de víctimas a través de redes sociales, los gobiernos deben trabajar estrechamente con estas plataformas para regular y eliminar de manera más proactiva el contenido (grupos, anuncios o publicaciones) que pueda servir como reclutamiento para traficantes.
Finalmente, proporcionar un respaldo financiero y logístico significativo a organizaciones humanitarias que operan en la región, como la Cruz Roja, ACNUR, OIM, NRC y MSF, permitiría una respuesta más efectiva y completa a la crisis, garantizando ayuda adecuada a las personas afectadas.
En respuesta a los desafíos identificados en la integración de migrantes venezolanos en Panamá, se deben implementar reformas legales para simplificar los procedimientos de inmigración y superar obstáculos en la obtención de documentación y estatus migratorio. Es crucial garantizar un acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación y empleo. Para fomentar la inclusión, se recomienda la implementación de campañas nacionales y comunitarias contra la xenofobia y la discriminación.
En el ámbito fiscal, agilizar la regularización permitirá que los migrantes contribuyan formalmente a través de impuestos, generando ingresos significativos para Panamá, que urgentemente los necesita.
Cristina Guevara es una periodista panameña que trabaja, además, como analista y asesora política en la Asamblea Nacional de Panamá. Escribe frecuentemente en publicaciones nacionales e internacionales sobre el estado de la democracia, la corrupción y los Derechos Humanos en América Latina.
