En medio de una situación económica global complicada, con inflación y poco crecimiento económico, Colombia vivió un 2023 que no fue ajeno a estas tendencias mundiales. Esto se sumó a los devenires sociopolíticos propios del país. Aquí algunos de los momentos más remarcables del año:
Las elecciones regionales trajeron de vuelta un mapa político muy tradicional
A pesar de la sorpresa política de 2022 con la llegada al poder del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, lo ganado en el poder nacional no siguió el mismo rumbo en las elecciones regionales en octubre pasado. Los resultados le dieron la victoria a candidatos opositores o lejanos a línea política del presidente en las principales ciudades del país, mientras la maquinaria tradicional, bien dominada por los partidos tradicionales, se llevó gran parte de la tajada electoral.
El partido Conservador logró poner a 322 alcaldes, un tercio de ellos llegaron por medio de coaliciones (cabe anotar que ninguna de las ciudades principales tendrá alcaldesa). A su vez, el partido Liberal obtuvo siete gobernaciones y tuvo un gran desempeño en los concejos y asambleas. Partidos como Cambio Radical o el Partido de la U, si bien no son exactamente partidos históricos, sí tienen varias legislaturas acumuladas desde su surgimiento en la presidencia de Álvaro Uribe. Además, recogen buena parte de la política tradicional que se abrió camino por fuera del bipartidismo, pero que encarna a la perfección sus valores. Dicho esto, el tercer puesto de los más votados para Cambio Radical le dio 8 alcaldías y 11 gobernaciones, y La U, se llevó 11 de las 32 gobernaciones, manteniendo el poder en clanes y familias políticas de vieja data.
Política de drogas y los usos permitidos de la marihuana
A pesar de que el proyecto de ley de regulación del uso adulto del cannabis se cayó (nuevamente) en el Senado a principios de diciembre de 2023, el gobierno sigue trabajando por un nuevo enfoque en la materia. Justamente, la discusión del proyecto de ley que permitiría la comercialización del cannabis para uso adulto estuvo marcada por otro hecho clave: la derogación del Decreto 1844 de 2018. Este decreto le daba potestad a la Policía Nacional para imponer multas e incautar sustancias psicoactivas por debajo de la dosis personal definida por la Ley 30 de 1986.
El nuevo Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, que derogó esta medida del gobierno Duque, se enfoca solo en las sanciones por el porte de las sustancias. Como lo han documentado organizaciones expertas como Acción Técnica Social o Temblores ONG, este decreto sirvió más criminalizar a las personas que usan drogas, que para enfrentar a las redes de narcotráfico; tampoco sirvió para paliar los efectos de este fenómeno en la salud pública.
El mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el decreto no permite la venta libre de drogas en Colombia, como muchos políticos y medios de comunicación quisieron presentar. El objetivo del decreto se alinea con lo que la Corte Constitucional ha aclarado en varias ocasiones, indicando que el porte de la dosis mínima no puede ser sancionado con multas.
La “paz total”: entre avances y retrocesos
Una de las principales banderas del gobierno Petro ha sido la de la “paz total”, un esfuerzo por buscar una salida política al conflicto armado. Lo más destacado de esta estrategia tiene que ver con las negociaciones con el ELN y el Estado Mayor Central – EMC. Los acuerdos con el ELN han avanzado en este gobierno más que en cualquier otro en la historia reciente. Sin embargo, el punto sobre el uso del secuestro con fines económicos no se ha respetado, lo que ha afectado la imagen del proceso, especialmente con el caso del papá del futbolista Lucho Díaz, que finalmente fue liberado. Por otro lado, el proceso de diálogo con el EMC ha sido más confuso y se conoce poco de sus avances, excepto por un logro importante: el cese al fuego que todavía se mantiene.
A pesar de los esfuerzos, las críticas son muchas, incluso desde sectores que han manifestado su interés por la paz. El aumento de la violencia, el control territorial de grupos armados y de crímenes como la extorsión o el secuestro, no son asuntos menores. Aunque ha habido avances de cese al fuego entre grupos armados y las fuerzas militares, esto no contempla las disputas territoriales entre estos grupos ilegales, que al final han causado daño a la población civil. El camino por alcanzar la anhelada paz todavía parece largo.
Las reformas de Petro a paso lento
Gran parte de las energías del presidente Petro y sus ministros se han destinado a la aprobación del paquete de reformas que prometen el cambio, aspecto central de su gobierno. El primer año de presidencia tenía un ímpetu mayor y aún así la resistencia a sus reformas pensional, laboral y a la salud son y siguen siendo enormes. Cosa contraria pasó con la reforma tributaria y la ley de “paz total”.
En este segundo año el desgaste es evidente y las cuentas no dan. Los congresistas de partidos afines al gobierno han disminuido, así que la coalición que permitiría el avance del trámite legislativo está embolatada. La reforma a la salud, una de las que más resistencias ha tenido, pasó la aprobación en la Cámara de Representantes y ahora debe enfrentar dos debates en el Senado. La reforma laboral se mantiene en su primer debate y la pensional ni siquiera se ha discutido. Las tensiones entre el gobierno y el legislativo tienen de telón de fondo a actores de oposición como las EPS y el empresariado, que no ven con buenos ojos las propuestas de estas reformas.
El asesinato de líderes sociales no ha parado, pero su conteo parece olvidado
Por algunos años desde la firma del Acuerdo de Paz, la opinión pública tuvo sus ojos atentos al asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, así como de las y los firmantes del Acuerdo. Desafortunadamente, ese conteo no ha parado, pero se ha normalizado a tal punto que sus muertes ya no ocupan la atención de la ciudadanía, ni es protagónica en los medios de comunicación.
Desde el gobierno de Juan Manuel Santos la impactante tendencia de asesinatos apareció y, aunque ha tenido variaciones, no ha cesado. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, hasta el 24 de diciembre de 2023, la cifra de líderes asesinados desde el Acuerdo de Paz fue de 1596. En este año que cierra se han asesinado a 188. A estos números escabrosos se suman los 406 firmantes que han sido asesinados desde el inicio del Acuerdo y que 2023 aportó con 42 víctimas a la lista. Los departamentos de Cauca y Antioquia son de los más golpeados.
Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos siguen pidiendo medidas efectivas para parar el derramamiento de sangre, en medio de las violencias por las disputas entre grupos armados, donde los liderazgos sociales son vistos con sospecha.
