El Registro Único de Víctimas de Colombia tiene una cifra impresionante: más de 8.5 millones de personas han sido desplazadas forzadamente en el país. El número, que se compone de registros desde 1985, aumenta cada año y está actualizado hasta agosto de 2023, lo que muestra no solo la persistencia de este hecho victimizante, sino de otros, como el confinamiento de las comunidades, que sería la otra cara de la moneda del desplazamiento forzado.
Las magnitudes de este delito marcaron la historia reciente colombiana y pusieron en el mapa global la violación de los derechos humanos que se desprende de estas acciones, especialmente en los primeros años de la década del 2000. En aquellos años, las calles de las ciudades se llenaron de campesinos con carteles pidiendo ayuda. Mientras tanto, el mapamundi del desplazamiento forzado interno le daba un lugar cada vez más visible a Colombia, donde aparecía con colores resaltados junto a los países del centro del África y el sur de Asia.
Aunque las dinámicas del desplazamiento forzado interno han cambiado y disminuido respecto a años como el 2002, considerado el pico de este fenómeno con 730.904 víctimas, durante algún tiempo pareció ser asunto del pasado. Esto se sustentó en el ambiente generado por la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Lamentablemente este delito no ha terminado y desde ese año se siguen registrando nuevos eventos de este tipo.
El Internal Displacement Monitoring Centre – IDMC (Centro de monitoreo del desplazamiento interno) tiene un registro actualizado de este fenómeno en el mundo y en él Colombia no ha dejado de aparecer. Sus datos se remontan a 2008 y no antes, lo que dificulta la comparación con los años de mayor explosión del desplazamiento forzado. Por ejemplo, el año 2016 tuvo el número más alto de personas viviendo en condición de desplazadas, pero otros años tuvieron más eventos de desplazamiento.
Centro de monitoreo del desplazamiento interno, IDMC.
Según el IDMC, el 2022 tuvo el número más alto de desplazamientos internos asociados con el conflicto y la violencia en toda una década. Estos fueron resultado del aumento de las amenazas y ataques de los distintos grupos armados ilegales y legales. Los departamentos del suroeste, como Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño son de los más afectados, junto con Antioquia, Chocó y Córdoba. También se reportaron desplazamientos en Arauca, Caquetá, Cesar y Magdalena. La mayoría de los incidentes tuvieron lugar en el primer semestre del año.
El desplazamiento forzado sigue siendo una forma de victimización que afecta especialmente a las comunidades rurales en Colombia. Para Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la ONG Conflict Responses-CORE, el desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales formas de victimización que sufre la población civil. Para 2023 los reportes que recibe CORE indican que en comparación con el año pasado han disminuido estos eventos, pero esto se explicaría porque la disputa entre las llamadas disidencias y ELN que en Arauca tuvo su mayor intensidad en el primer semestre de 2022. Olaya resalta los enfrentamientos ocurridos en el Cauca entre las disidencias de la Segunda Marquetalia (SM) y el Estado Mayor Central (EMC), dos de los grupos armados más numerosos que derivaron de las antiguas FARC-EP. Sin embargo, insiste en que es clave recordar que la dinámica ha cambiado y en muchos casos se observan desplazamientos internos entre veredas o incluso veredas y cascos urbanos. Estos desplazamientos parecieran además tener una mayor duración.
La dinámica ha cambiado y en muchos casos se observan desplazamientos internos entre veredas o incluso veredas y cascos urbanos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su más reciente informe de septiembre de 2023, muestra que los desplazamientos forzados siguen constituyendo una faceta importante del conflicto armado colombiano. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2023, este instituto compila 1.324.964 de eventos de este tipo. El año 2022 se caracterizó por tener los números más altos de desplazamiento forzado masivo en el periodo estudiado. Estos hechos se relacionan en su mayoría con los enfrentamientos entre grupos armados con gran presencia territorial (AGC, ELN y las disidencias de las FARC-EP). Además, las comunidades indígenas y afrodescendientes componen el 39% del total de las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado masivo (mínimo 10 familias o 50 personas).
A pesar de su interés por mostrar que este delito sigue ocurriendo, ponen de manifiesto que hay una disminución del número de desplazados en general en el periodo de los cinco años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, con un promedio anual (2017 – 2021) de 100.000 personas, frente al medio millón de desplazados por año en promedio que se vio en la primera década del siglo XXI.
El confinamiento controla y oculta las vulneraciones a los derechos humanos
El confinamiento de la población civil es la otra cara de la moneda del desplazamiento forzado. Su aparición en las comunidades tiene múltiples implicaciones para la población, no solo porque las personas quedan expuestas a ser heridas o asesinadas en caso de enfrentamientos, sino también porque se convierte en una forma que reforzar sus ejercicios de gobernanza rebelde o criminal, dice Olaya.
Es así que incluso se sabe que el desplazamiento es controlado por los actores que dicen garantizar la seguridad del lugar o que estos actores armados prefieren evitarlo porque esto puede aumentar el riesgo de que la información sobre el conflicto se visibilice. En esos casos optan por el control a través del confinamiento.
Las poblaciones confinadas están expuestas a un alto control de sus vidas. A esto se suma el hecho de que en muchos casos las comunidades pierden la posibilidad de acceder a servicios básicos como salud, educación y en algunos casos el acceso a agua potable y alimentos.
El confinamiento es una forma que reforzar la gobernanza criminal de los grupos armados y expone a las comunidades a un alto control de sus vidas
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, tiene una recopilación de 245 alertas que denuncian tanto confinamiento como desplazamiento forzado en los periodos de 2017 a 2022. Los años con las más altas vulneraciones fueron entre 2018, 2019 y 2022. Para 2023 se han registrado 28 alertas en municipios de 21 departamentos del país.
Sistema de alertas tempranas https://alertastempranas.defensoria.gov.co/
Parte del panorama del conflicto armado actual incluye los intereses del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “paz total”, lo que sería un acuerdo con las distintas partes que tienen en disputa el control de grandes regiones del país. Entre estos grupos están las facciones de las disidencias de las FARC-EP (EMC, SM), el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, el ELN, entre otros. Desafortunadamente el fortalecimiento de la presencia de estos grupos en buena parte del territorio ha significado una intensificación de la violencia en contra de la población civil.
Estos fenómenos violentos, como lo son el confinamiento y el desplazamiento forzado, suponen un mensaje muy difícil de asumir en medio de los intentos de negociación con estos grupos. Ángela Olaya alerta sobre estos riesgos, especialmente si se producen confinamientos en los lugares en los que existe un cese al fuego bilateral activo, pero que sea zona de disputa con otro actor. Precisamente esta es una de las características que ha tomado el conflicto armado recientemente en el país, donde a pesar de la aparente voluntad de negociar con el Gobierno y los ceses al fuego que algunos grupos han manifestado cumplir, éstos se concentran en la respuesta a la fuerza pública, pero no hay acuerdos de no agresión entre los otros actores, y estos son los ataques más numerosos y violentos.
“También existe la posibilidad de que, con la intención de mostrar gestos de buena voluntad, se busque reducir la información y contabilidad sobre los indicadores de seguridad como son los homicidios y el desplazamiento forzado”, dice Olaya. Ante esta situación, el confinamiento se vuelve una estrategia de autoprotección para las comunidades.
Recientemente se conoció que el Estado Mayor Central, integrado por guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de paz, pactó un cese al fuego con el Gobierno a partir del 8 de octubre y hasta el 8 de agosto de 2024. También se adelantan diálogos con el ELN que ha prometido la misma medida. Sin embargo, las dudas permanecen pues en meses anteriores se ha roto este compromiso. Además, los negociadores de los diálogos con estos dos grupos armados han insistido en que es necesario un cese al fuego entre esos grupos, pues los enfrentamientos entre ambos son la fuente de los mayores hechos violentos contra las comunidades.
