Una larga discusión parece llegar a su fin. O al menos llega a una nueva etapa: a partir del 1 de noviembre de 2023 rigen los “impuestos saludables” en el marco de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Estos impuestos gravan comestibles y bebidas ultraprocesadas que impactan negativamente la salud de las personas. Aunque hay una gran evidencia científica que demuestra esta relación, llegar a esta medida implicó resistencias, lobby y demoras que tomaron muchos años. Estas son algunas preguntas sobre las implicaciones sociales, económicas y sanitarias que acarrean estos impuestos.
¿Qué son los impuestos saludables?
Son impuestos que tienen por objetivo desestimular el consumo de productos que la evidencia científica ha demostrado que ocasionan enfermedades no transmisibles (que siguen en aumento en el país y el mundo). El incremento en el consumo de productos como las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados han ido en detrimento del consumo de alimentos mucho más saludables como las frutas frescas, las verduras y el resto de los productos no procesados o lo que muchos sectores que defienden el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas llaman “alimentos reales”.
El nuevo impuesto pretende disuadir a la población para que consuma menos ultraprocesados y más “comida real”. Para esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que el impuesto tiene un carácter de disuasión y no de recaudo, por eso no grava frutas, verduras, hortalizas, leche, carnes, pan, etc.
¿Cómo va a funcionar el impuesto saludable?
21 artículos, de los 443 que hacen parte de la canasta familiar, son los que tendrán este gravamen. Entre ellos están los que tengan exceso de azúcares, sodio añadido y grasas saturadas. Según el porcentaje que haya en sus componentes, el impuesto recaerá sobre la fabricación del producto. Si superan los estándares permitidos, el impuesto será de 10% en 2023, 15 % en 2024 y llegará al 20 % en 2025. De hecho, muchos de los productos que actualmente tienen el etiquetado que advierte sobre sus excesos en azúcares, sodio y grasas saturadas, serán posiblemente objeto del impuesto (gaseosas, aguas saborizadas, galletas, helados).
¿Contribuyen los impuestos saludables a una mejor alimentación?
La premisa que defienden muchas organizaciones y personas expertas en la discusión es simple: Colombia, junto a otros países del mundo, vive una situación grave de malnutrición. Esta se deriva en enfermedades asociadas con la inadecuada alimentación como las llamadas enfermedades no transmisibles (ENT), por ejemplo las cardiovasculares, la hipertensión arterial y la diabetes, entre otras. De hecho, en diciembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a gravar las bebidas azucaradas con impuestos para así “salvar vidas”, y el Banco Mundial presentó en el mismo año la cifra de más de 11,4 millones de muertes prematuras (o el 20 % de todas las muertes mundiales), que ocurren anualmente y podrían prevenirse reduciendo el consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
La Corte Constitucional se pronunció hace pocos días respaldando la implementación del impuesto. Al declarar viable el artículo 54 de la reforma tributaria que se refiere a estos impuestos, reconoció la importancia de la relación entre medidas tributarias y la garantía del Derecho a la Salud y a la Alimentación. Además, avaló derechos como el derecho a la salud por encima de los intereses particulares de las empresas.
La Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas explica que los impuestos saludables, con una buena implementación, darían como resultado logros importantes para la salud pública. Estos incluirían: i) Se desestimularía y disminuiría el consumo de productos ultraprocesados que dañan la salud; ii) Contribuiría a mejorar la alimentación al motivar la sustitución por alternativas más saludables; iii) Disminuiría los altos costos a mediano y largo plazo que causa la atención de las enfermedades no transmisibles en el sistema de salud.
¿Los impuestos saludables afectan la economía de quién?
En el largo debate que ha pasado por el Congreso de la República, la Corte Constitucional y tantos otros escenarios de la sociedad civil, diversos actores han hecho llamados de lado y lado sobre la conveniencia o no de estos impuestos. Por un lado, están las organizaciones y la academia que respaldan la necesidad de esta medida por las razones ya mencionadas. Por el otro, los representantes de la industria de los alimentos y los gremios como la ANDI han argumentado su inconveniencia por las restricciones a la libertad de empresa, a la libre competencia, por la presión sobre la inflación, e incluso han vaticinado la quiebra de los tenderos. También se ha alegado que estas medidas se meten en las decisiones individuales de los consumidores y afectan el bolsillo de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que son justamente los mayores consumidores de esta dieta.
Martha Sandoval, economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Administración del Desarrollo Regional e integrante de la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación, aporta a este punto. Ella insiste en que se ha intentado responsabilizar a estos impuestos de presionar la inflación y afectar a las poblaciones más empobrecidas, pero se deja de lado que estas medidas buscan crear entornos alimentarios saludables. Para Sandoval, los argumentos presentados por la industria no tienen ninguna evidencia, porque si la preocupación es por los hogares de bajos ingresos, este impuesto no los castiga, sino que suben los precios de esos productos y por tanto pueden desplazar su consumo a unos sustitutos saludables.
La economista explica además que las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados crecen sus precios a una tasa mucho menor que los “alimentos reales”, de tal manera que su contribución a la inflación es mínima. Por eso hace un cuestionamiento a las presiones de la industria sustentadas en la preocupación por la alimentación de la gente, cuando en realidad las frutas frescas, la carne de res, el arroz, la carne de aves, la leche, son alimentos que siguen aportando al crecimiento de precios y poco se hace para reducir esos precios.
Desde otra perspectiva, el presidente de la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular, Héctor Galindo, le dio un parte de tranquilidad al medio Infobae Colombia al decir que a los tenderos no los afecta de manera grave, pues en las tiendas se venden otros productos y “aunque los productos se reemplacen, el dinero es el mismo”. Más bien recordó que son otras las problemáticas que afectan a este sector, como precisamente la competencia con las grandes superficies “que declararon la muerte de los tenderos desde hace más de 30 años”.
¿Las poblaciones más empobrecidas se verán más afectadas por los impuestos?
FIAN Colombia, una organización con larga trayectoria en la defensa del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, es una de las voces clave en esta discusión. Ante las alertas que vincularon estos impuestos con la inflación del país, FIAN ha resaltado que cuando los procesos inflacionarios incluyen una subida fuerte en el precio de los alimentos, las personas y hogares se ven obligados a aumentar el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (gaseosas, paquetes, etc.), que no son “alimentos verdaderos”.
Al ser estos productos tan nocivos para la salud individual, pública y ambiental, y que además se promueven como si fueran alimentos verdaderos tanto por las industrias que los producen, como por los intermediarios que los comercializan (por ejemplo, las grandes superficies), evidencian que “estos actores privados han naturalizado el consumo de esos productos por parte de la población más empobrecida, señalando que es una ‘alimentación’ que debe ser protegida justo porque son pobres”. FIAN considera esto un ejercicio de violencia alimentaria, pues nuestra sociedad ha venido consintiendo que las personas con dificultades económicas y/o de acceso a los alimentos verdaderos, se les condene a quedar atrapados en el consumo de una “dieta corporativa”, según la denominan. Este aspecto lo explican ampliamente en informes de su organización.
Sandoval manifiesta también que se ha demostrado que los precios de los “alimentos reales” siempre han sido mucho más altos que los precios de los ultraprocesados, lo que lleva a que la gente tenga que mantener, por las restricciones presupuestarias que tienen, unos consumos sustentados en dietas corporativas y no seguir los lineamientos mínimos que da la Organización Mundial de la Salud sobre consumos saludables de productos que sí dan la nutrición necesaria.
¿La canasta básica familiar es intocable?
Organismos como la FAO o el Plan Mundial de Alimentos han encontrado que las dietas en Colombia son de muy baja calidad, pues están sustentadas en gran medida en productos ultraprocesados. En medio de las disputas por los impuestos saludables, ha salido a relucir la afectación a la canasta básica familiar. No obstante, Martha Sandoval indica que este no es el instrumento idóneo para determinar si lo que están consumiendo los hogares es lo que necesitan. “La canasta básica familiar lo que te está diciendo es lo que consumen corrientemente, sea bueno o malo. Tanto es así que dentro de la canasta familiar están los cigarrillos y el alcohol. Aquí uno se pregunta, ¿que estén ahí significa que deban permanecer en el consumo de los hogares? No. Significa que es uno de los consumos recurrentes. Cuando se dice esto va a afectar a los hogares de bajos ingresos, el indicador a donde se van es al de la canasta familiar, pero no se están preguntando por su composición. Aquí hay una presión muy fuerte de las corporaciones que producen los ultraprocesados para que el precio de sus productos no se toque y se mantengan dietas corporativas.
¿Cómo lograr la transición de los hogares a alimentos más saludables o reales?
Hay una falsa dicotomía que Sandoval expone y que dice se ha creado frente a las elecciones individuales de los hogares de bajos ingresos y por qué el Estado debe intervenir si eso es lo que ellos quieren consumir. La economista le da un giro a esa idea al preguntarse ¿qué es una decisión en libertad? “Para que yo tome mi decisión en libertad necesito tener plena conciencia de qué estoy consumiendo e información de las implicaciones en la salud de lo que consumo”. Por esto menciona las restricciones presupuestales, que serían en términos económicos unas fallas del mercado que impiden que se tomen decisiones en libertad. Allí es cuando el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho la alimentación adecuada creando entornos alimentarios saludables para subsanar esas fallas del mercado y las consecuencias negativas que se generan, justamente cuando la gente consume lo que no debe consumir, se enferma y ocasiona unos gastos mucho más altos para el bolsillo de los hogares, pero también para el presupuesto destinado al tratamiento de estas enfermedades que pueden ser perfectamente prevenibles.
Para cerrar, plantea una pregunta que complejiza este debate y da pie para futuras reflexiones: “El país tendría que iniciar una discusión de cuál es la alimentación que queremos que tengan los hogares, incluidos los de bajos ingresos. ¿Queremos que sea una alimentación que afecta su salud o queremos una alimentación que realmente dé al menos los mínimos nutrientes?”
