En la memoria histórica de Colombia, la asociación entre las bananeras y el conflicto armado es imposible de separar. Los sangrientos años entre finales de 1980 hasta los inicios del 2000 marcaron la vida de miles de trabajadores y sus familias en las zonas donde se extrae el banano de exportación. Allí, la alianza entre compañías como la estadounidense Chiquita Brands International, empresarios locales y grupos armados ilegales se conjugaron para crear un régimen del terror que facilitó los negocios a costa de la vida y dignidad de la población civil. Este 10 de junio, una corte judicial en Florida encontró responsable a la multinacional de financiar a grupos paramilitares asociados con el asesinato de al menos ocho personas.
Como un viejo recuerdo que se confunde con la ficción, todavía se habla en Colombia de la masacre de las bananeras, perpetrada por el Ejército en contra trabajadores de la United Fruit Company, en 1928. En esa oportunidad, las fuerzas armadas protegieron los intereses económicos de la empresa estadounidense que tenía una larga reputación por prácticas antiéticas y racistas con sus trabajadores. En 1986, la empresa se reorganizó corporativamente y dio origen a Chiquita Brands, pero sus prácticas no cambiaron sustantivamente.
La multinacional bananera ya había sido hallada responsable en 2007 por un juzgado de Washington. En este se comprobó el pago de aproximadamente 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, pero pagó una multa millonaria al Departamento de Justicia y de ese dinero nada llegó a sus víctimas.
Aunque la empresa se ha defendido desde entonces por los múltiples casos que tiene en su contra tanto en la justicia colombiana como en Estados Unidos, alegando que los pagos tanto a paramilitares como a guerrillas fueron producto de extorsiones, este nuevo juicio comprueba lo que otras investigaciones han mostrado: que la empresa promovió el fortalecimiento de las AUC y su control territorial en el Urabá, Córdoba y el Magdalena para mantener su millonario negocio a cualquier costo.
Para los jueces, la empresa tenía conocimiento de los crímenes contra la población civil por parte de grupos paramilitares. Además, en el proceso que tiene casi 18 años, se recogieron testimonios clave de exjefes de las AUC, así como de ejecutivos de la empresa, que reconocieron los nexos entre ambas partes. Con esto quedó claro que la compañía no solo financiaba la expansión de los paramilitares, sino que lo hacía a sabiendas de que generaba situaciones de riesgo para la población.
Las investigaciones no son nuevas, pero esta decisión marca un precedente
Desde la academia, el periodismo y el litigio de organizaciones colombianas y extranjeras como Earth Rights International, se han recolectado pruebas de los nexos entre las bananeras y los grupos paramilitares desde hace más de dos décadas. Se calcula que las víctimas ascienden a más de 3.000 personas por distintos tipos de crímenes, que incluyen amenazas, desplazamiento forzado, asesinato y la compra ilegal de tierras.
Otras investigaciones, como la del medio periodístico Verdad Abierta y la ONG National Security Archive, indagaron hace algunos años documentos desclasificados hasta encontrar pruebas del conocimiento que tenían empresarios de alto rango sobre los pagos a estos grupos y sus implicaciones violentas en la zona. De hecho, Chiquita Brands auspició monetariamente a las Convivir, organizaciones civiles armadas creadas durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), que se consideran la semilla del paramilitarismo en Colombia.
Además, en el proceso de Justicia y Paz que surgió por la desmovilización de los grupos paramilitares también hay pruebas de esta relación criminal. Por ejemplo, existen testimonios ante la Fiscalía sobre cómo entraron más de 4.200 fusiles destinados a las AUC comandadas por Carlos Castaño, entre el año 1999 y el 2000. Este ingreso irregular se hizo por medio del puerto de la empresa BANADEX, perteneciente a Chiquita Brands en Turbo, Antioquia.
Pero el reciente fallo de la corte en Florida sí aporta nuevos elementos, sobre todo para las víctimas que siguen en busca de justicia y reparación. Aunque el tribunal ordenó a la compañía pagar alrededor de 38 millones de dólares a familiares de las 8 víctimas asesinadas por las AUC, este es solo un primer grupo de demandantes que fue representado, entre otras, por EarthRights International. Marco Simons, director jurídico de la ONG, resaltó el veredicto por considerarlo un mensaje a otras empresas en el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos.
Se espera que este antecedente sirva para reabrir casos en la misma línea que se encuentran estancados en la justicia colombiana, así como para apoyar otras demandas ante los tribunales en Estados Unidos.
