Tras de varios años de problemas con las autoridades, la batalla legal continúa para YOVNGCHIMI, luego de que Fiscalía Federal de Puerto Rico revelara nuevos detalles en el caso en contra del artista urbano. Según los documentos presentados, el cantante enfrenta serias acusaciones relacionadas con la posesión de armas automáticas y declaraciones que insinúan la intención de cometer homicidio. Los hechos investigados abarcan desde junio de 2023 hasta agosto de 2024, y el caso incluye mensajes de texto, videos y fotografías como pruebas.
Las autoridades sostienen que Ángel Javier Avilés Monzón, el verdadero nombre detrás de YOVNGCHIMI, poseía y manipulaba armas conocidas popularmente como “glopetas”. Este incidente llevó a que el intérprete fuera detenido el pasado 30 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan. Entre las evidencias presentadas se encuentran mensajes de texto en los que el cantante discutía detalles técnicos sobre estas armas, como problemas de funcionamiento, y solicitaba ajustes para maximizar su rendimiento.
En uno de los mensajes, enviado a través de un grupo de WhatsApp, Avilés Monzón presuntamente mencionó la posibilidad de utilizar una de estas armas contra otra persona. Las pruebas incluyen además un video donde se le ve disparando una pistola automática y una fotografía de accesorios para modificar pistolas y convertirlas en armas automáticas.
Los cargos presentados contra Avilés Monzón se centran en dos incidentes específicos, uno ocurrido el 4 de junio de 2023 y otro el 25 de agosto de 2024. En el primero, el cantante habría enviado mensajes a Víctor J. Pérez Fernández, conocido como Vitu o Vitikin, en los que mencionaba tener en su poder un arma automática y expresaba preocupación por su correcto funcionamiento. En el segundo caso, las pruebas apuntan a conversaciones sobre otra arma, una Glock 43X, que también requería ajustes para operar como arma automática.
Pérez Fernández, identificado como parte de una organización criminal involucrada en tráfico de drogas y actos violentos, está acusado junto a otras 55 personas en un caso aparte. Aunque Avilés Monzón no ha sido vinculado formalmente a este grupo delictivo conocido como La Familia, sus interacciones con Pérez Fernández han sido incluidas como parte de la investigación. La Fiscalía asegura que el cantante tenía pleno conocimiento del carácter ilícito de las modificaciones realizadas a las armas, como lo confirma una fotografía tomada en lo que fue descrito como una “sala de operaciones” para reparar dichas armas.
Este caso no solo pone en el foco judicial al cantante, sino que también arroja luz sobre sus conexiones en la industria musical. Según las autoridades, las referencias en sus canciones y actividades promocionales a entidades como Loyalty Music Money (LMM) y Loyalty Music Group (LMG) están relacionadas con grupos criminales que operan en diversas áreas de Puerto Rico. En un operativo realizado en diciembre de 2024, el fiscal federal, Stephen Muldrow, detalló que estos grupos enfrentan múltiples cargos por tráfico de drogas y posesión de armas en residenciales y áreas cercanas de San Juan y Carolina.
Mientras el proceso legal avanza, los abogados Javier Micheo Marcial y María A. Domínguez Victoriano han asumido la defensa de Avilés Monzón, mientras que la Fiscalía está representada por el fiscal Joseph L. Russell. La agente especial del FBI, Sharon Vázquez, destacó que las pruebas recopiladas demuestran el nivel de conocimiento del cantante sobre las armas automáticas y sus modificaciones, agravando el caso en su contra.
