Según su carta fundacional, la Organización de las Naciones Unidas tiene entre sus propósitos mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, promover la cooperación para resolver problemas globales y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde su creación, en 1945, la ONU se ha constituido como un espacio de diálogo entre países para abordar desafíos comunes y coordinar esfuerzos en busca de soluciones.
Sin embargo, durante la última Asamblea General, celebrada en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre, representantes de gobiernos de distintas corrientes ideológicas coincidieron en cuestionar su capacidad para cumplir esos objetivos, ya fuera por su respuesta ante los conflictos internacionales, la concentración de poder en el Consejo de Seguridad o la falta de eficacia de sus mecanismos de acción.
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Una de las críticas más contundentes llegó desde Brasil. El 22 de septiembre, durante la apertura del debate general, Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que la ONU atravesaba “el momento más crítico” de su historia y sostuvo que estaba fallando en una de sus misiones fundamentales: preservar la paz. El mandatario cuestionó la incapacidad del Consejo de Seguridad para responder a los conflictos internacionales y señaló que el poder de veto de sus miembros permanentes limita la capacidad de acción del organismo. Su intervención no planteó abandonar el multilateralismo, sino reformar una estructura que, a su juicio, ha perdido credibilidad y eficacia.
Ese mismo día, Donald Trump presentó una crítica desde una perspectiva distinta. El presidente de Estados Unidos —entre otras cosas— cuestionó la burocracia de la organización y lo que considera una agenda ideológica impuesta por funcionarios internacionales sin mandato electoral. Aunque reconoció que las Naciones Unidas tienen un gran potencial, reclamó cambios en su funcionamiento y afirmó: “Deben dejar de imponer la agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas que nadie eligió”. Su discurso puso el foco en la soberanía nacional y en los límites que, según su visión, las instituciones multilaterales pretenden imponer a los gobiernos.
Al día siguiente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a quienes cuestionan la legitimidad y la utilidad de la organización. “La mayoría de las voces que hoy se obcecan en criticar al sistema de las Naciones Unidas no están describiendo su fracaso. Lo que están tratando es de provocar su fracaso”, afirmó. Aunque defendió la importancia del organismo, Sánchez reconoció la necesidad de reformarlo, especialmente en lo relativo al Consejo de Seguridad, cuya composición y derecho de veto considera incompatibles con una representación más equitativa de la comunidad internacional. Su intervención introdujo un matiz en el debate: admitir las deficiencias de la ONU no implica necesariamente considerar que haya dejado de ser necesaria.
También el 23 de septiembre, el presidente argentino Javier Milei arremetió contra la organización con un discurso más radical. “Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos”, declaró, al cuestionar su capacidad para garantizar la seguridad colectiva, defender los derechos humanos y hacer cumplir sus propias resoluciones. Milei sostuvo que la ONU se ha apartado de los principios que justificaron su creación y criticó varias de sus agendas políticas. A diferencia de Lula y Sánchez, que defendieron una reforma del sistema multilateral, el mandatario argentino puso en duda de forma más amplia el valor de una institución que, en su opinión, no responde a sus objetivos fundacionales.
La crítica también llegó desde Colombia. El 24 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo presentó ante la Asamblea General un discurso que reclamó una organización más eficiente y orientada a resultados. “Hay estructuras burocráticas que se han vuelto excesivamente pesadas. Dedicamos demasiados recursos, demasiada energía a administrar procedimientos y muy poca a resolver problemas”, señaló. El mensaje cuestionó la distancia entre los recursos y los mecanismos de la ONU y su capacidad para ofrecer respuestas concretas, al tiempo que defendió una mayor cooperación internacional frente a desafíos como el terrorismo y el crimen organizado.
Aunque sus diagnósticos y propuestas no son idénticos, las intervenciones dejan ver un punto de encuentro en el que, desde posiciones ideológicas distintas, estos dirigentes cuestionaron la capacidad de las Naciones Unidas para responder a los desafíos actuales. Las diferencias aparecen en las causas que atribuyen a esa situación y en las soluciones que plantean, desde una reforma institucional hasta una impugnación más profunda de sus prioridades y su funcionamiento. La pregunta que atraviesa sus discursos es si la organización todavía cuenta con las herramientas necesarias para cumplir los propósitos para los que fue creada.
Uno de los escenarios donde esta distancia entre los objetivos de la ONU y su capacidad de actuación resulta más evidente es Palestina.
Mientras la ofensiva israelí sobre Gaza ha provocado una crisis humanitaria de enormes proporciones, los intentos de alcanzar un alto el fuego en el Consejo de Seguridad han chocado con el poder de veto de sus miembros permanentes.
El 4 de junio de 2025, por ejemplo, Estados Unidos bloqueó una resolución que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, pese a que los otros 14 integrantes del Consejo votaron a favor. El episodio expuso una de las principales limitaciones del sistema: incluso cuando existe un respaldo casi unánime entre sus miembros, una sola potencia puede impedir que una iniciativa avance.
La contradicción volvió a quedar expuesta en esta última Asamblea General. El 24 de septiembre de 2026, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomó la palabra ante los representantes de los Estados miembros, a pesar de que la Corte Penal Internacional (CPI) había emitido una orden de arresto en su contra el 21 de noviembre de 2024.
La Corte lo señaló como presuntamente responsable de crímenes de guerra —entre ellos, el uso del hambre como método de guerra y la dirección intencional de ataques contra la población civil— y de crímenes de lesa humanidad. La orden también incluye acusaciones de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. No se trata de una condena penal: son cargos que deberán ser resueltos en el marco del proceso judicial. Israel rechaza la jurisdicción de la Corte y niega haber cometido crímenes de guerra.
¿Cómo pudo entonces Netanyahu comparecer ante la ONU sin ser detenido? La respuesta está, en parte, en los límites de las instituciones internacionales. La CPI es independiente de las Naciones Unidas y no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar sus órdenes: depende de la cooperación de los Estados. Estados Unidos, sede de la Asamblea General en Nueva York, no es parte del Estatuto de Roma, y su legislación no establece un mecanismo para ejecutar las órdenes de arresto de la Corte.
Además, los expertos en derecho internacional consultados por Reuters señalan que los jefes de Gobierno y los representantes estatales que acuden a reuniones de la ONU cuentan, por lo general, con protecciones jurídicas frente a la detención en territorio estadounidense. Así, la existencia de una orden de arresto internacional no implica que cualquier Estado esté automáticamente habilitado u obligado a ejecutarla en cualquier circunstancia.
El contraste es significativo: el organismo que nació para promover la paz, proteger los derechos humanos y fomentar el respeto al derecho internacional puede ofrecer un espacio para denunciar una crisis, pero no tiene capacidad autónoma para detener a un dirigente acusado por un tribunal internacional. La ONU tampoco es completamente impotente: sus órganos pueden aprobar resoluciones, coordinar ayuda humanitaria y ejercer presión diplomática. El problema aparece cuando esas herramientas chocan con los intereses de los Estados, las divisiones entre las grandes potencias y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las decisiones.
Es precisamente esa brecha la que permite conectar el caso palestino con las críticas planteadas durante la Asamblea General. Cuando Lula cuestiona la incapacidad de la organización para preservar la paz, Milei la acusa de haberse convertido en una institución inútil y el Gobierno colombiano reclama menos burocracia y más resultados, sus diagnósticos, aunque diferentes, convergen en una pregunta: ¿de qué sirve que la comunidad internacional establezca principios y adopte resoluciones si no siempre cuenta con los medios políticos y jurídicos para hacerlos cumplir?
Para Pedro Sánchez, la respuesta pasa por reformar y fortalecer el sistema multilateral; para Donald Trump y Javier Milei, el cuestionamiento alcanza también las prioridades y la legitimidad de la propia organización. El caso de Palestina muestra por qué esa discusión no es únicamente ideológica: también tiene consecuencias concretas sobre la capacidad de la comunidad internacional para responder a una crisis.
Las diferencias entre estos dirigentes siguen siendo profundas: mientras unos ven en la ONU una institución que ha perdido su razón de ser, otros consideran que sus limitaciones son precisamente una razón para reformarla. Sin embargo, el caso de Palestina pone de manifiesto un problema que atraviesa esas posiciones: la distancia entre los principios que la comunidad internacional proclama y su capacidad para hacerlos valer. A más de ocho décadas de su creación, la pregunta ya no es solo si las Naciones Unidas necesitan cambios, sino cómo pueden garantizar que sus objetivos de paz, seguridad y respeto al derecho internacional se traduzcan en acciones concretas, incluso cuando hacerlo entra en conflicto con los intereses de las propias potencias.
