Una sumatoria de noticias antidemocráticas han levantado grandes preocupaciones entre la ciudadanía. Pocos días después del debate en la Cámara de Representantes del problemático proyecto de ley anticorrupción, varios periodistas de Noticias Uno, incluida su directora, Cecilia Orozco Tascón, denunciaron que la Fiscalía General de la Nación solicitó inspeccionar sus archivos reservados. Orozco y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han calificado esta petición como intimidatoria.
Aunque la Fiscalía se pronunció explicando que este es un procedimiento regular de solicitud de información, y que se trata además de material público, diversos periodistas y organizaciones que defienden los derechos humanos encuentran problemática esta petición pues pone en riesgo a las fuentes de dicha investigación en un caso donde además ya prescribió el delito.
La FLIP indica que el proceder de la Fiscalía genera un “ambiente frágil para la prensa” y que además preocupa por el intento de imputar cargos contra un funcionario público que en su momento se atrevió a denunciar actos irregulares en la Empresa de Acueducto de Bogotá.
Precisamente este último punto tiene una complicada coincidencia de tiempo con el proyecto de Ley Anticorrupción que avanza en la Cámara de Representantes y que tendría graves afectaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa en Colombia. Uno de los artículos discutidos busca establecer que cualquier persona que incurra en injuria o calumnia contra funcionarios públicos, denunciando hechos sin pruebas sobre él o sobre su familia, podrá recibir una condena de entre 60 y 120 meses de prisión y recibir una multa desde 13,33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El proyecto implica además que no habría derecho a ningún beneficio ni medidas sustitutivas de pena y un juez de control de garantías debería en este caso ordenar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización a la que pertenezca la persona o representante legal que incurra en este nuevo delito. Por ahora, el artículo fue aprobado en segundo debate el pasado 6 de diciembre con el respaldo de 73 votos y su ponente es el político Cesar Lorduy del partido Cambio Radical.
Lo más problemático del proyecto es el carácter punitivo desproporcionado que se pretende usar sobre una labor de veeduría ciudadana ante los actos de funcionarios públicos, algo básico en una democracia. En este caso la FLIP también se pronunció indicando que el proyecto es regresivo para la libertad de prensa y expresión, y el derecho a la información de la ciudadanía, a la vez que “revela un poder legislativo que rechaza la veeduría ciudadana y, en cambio, ejerce su poder con un fin intimidatorio”.
En cualquier caso, el proyecto de ley llegó más lejos de lo que se esperaba con apoyo de varios congresistas. Algunas voces como la del periodista y escritor Ricardo Silva Romero, han comentado el desafortunado interés de los partidos de Gobierno para apalear la democracia. “Esto es una muestra de que estos representantes de la ciudadanía quieren callar la voz, cuentan que no estamos pendientes y es importante dejar constancia de que nos damos cuenta, que creemos en la democracia, en sus derechos y libertades y que no nos parece seguir eligiendo gente que trata de destruir lo que hemos conseguido con tanta sangre”, reflexionó el periodista.
Si bien el presidente Iván Duque recientemente rechazó el artículo que se aprobó por la Cámara de Representantes luego del amplio rechazo ciudadano, esta no es la primera vez que durante su gobierno se atacan derechos y garantías primordiales para el ejercicio democrático. Desde los primeros meses de su mandato el país conoció las cuestionables actuaciones de censura del que fuera jefe de prensa de campaña de Duque y luego director de RTVC el Sistema de Medios Públicos, Juan Pablo Bieri. Además, en septiembre de este año se anunció la modificación de la ley de garantías que promovió el partido Centro Democrático, la cual quita la prohibición de celebrar contratos en los meses anteriores a las elecciones de 2022.
Las noticias antidemocráticas no paran y la preocupación crece ante las acciones de funcionarios del gobierno en las diferentes ramas del poder. Esta misma semana también se conoció la denuncia de la ONG Temblores, destacada por su labor de denuncia ante el abuso policial sobre la ciudadanía, especialmente durante el Paro Nacional. La ONG tuvo conocimiento de presuntas órdenes de seguimiento e interceptación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en contra de sus integrantes. Ante esta situación que vulnera la labor de defensa de los derechos humanos, dos personas del equipo tuvieron que salier del país.
A pocos meses del fin del gobierno actual, la acumulación de acciones en contra de la democracia en este periodo no dejan de sorprender y mantienen en estado de alerta a las personas y organizaciones que defienden el Estado Social de Derecho en el país.
