La Cámara de Representantes rechazó la proposición que buscaba eliminar el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, el cual ha sido fuertemente criticado por varios sectores de la opinión pública al ser considerado como un intento por censurar a la prensa en Colombia.
Dicho punto, que fue respaldado con 73 votos en segundo debate, busca implementar el artículo 221a titulado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”. Allí se establece que cualquier persona que incurra en alguno de estos dos delitos pretendiendo “atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia”, podrá ser condenada a un tiempo en prisión entre 60 y 120 meses y recibir una multa que puede ir desde 13,33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; todo esto sin tener derecho a ningún beneficio ni medidas sustitutivas de dichas penas.
Además, el mismo artículo advierte que si la persona que incurra en tales es representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, un juez de control de garantías deberá ordenar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de dicha organización a la que pertenece.
Representantes a la Cámara como Ángela Robledo, Inti Asprilla y Juanita Goebertus, entre otros, expresaron su inconformidad durante la plenaria de la Cámara que se llevó a cabo este lunes seis de diciembre. “Quiero insistir sobre la gravedad de lo que se está haciendo acá: estamos ad-portas de aprobar un retroceso gigante en materia de libertad de expresión de nuestro país (…). El apellido de este artículo es Char y Abudinen, y tiene un nombre propio que es la periodista Paola Herrera”, advirtió Asprilla en su intervención, haciendo referencia a la investigación en la que Herrera destapó la olla de corrupción que se gestó dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en ese entonces a cargo de Karen Abudinen.
Por su parte, Robledo informó que varios medios de comunicación le manifestaron su preocupación respecto al artículo ya que este es considerado como una forma de intimidación, censura y silenciamiento. “Esto no es nuevo en este Gobierno, aquí ya ha habido intentos de censura constante”, expresó.
No obstante, el representante por Cambio Radical y ponente del proyecto, César Lorduy, reiteró su respaldo por el polémico punto y aclaró que no hace referencia a “si se puede criticar o no”, sino a afirmaciones en contra de algún funcionario o exfuncionario público cuya falsedad sea comprobada.
La aprobación del artículo levantó las alarmas entre los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa puesto que es un mensaje de que investigar y publicar dichas investigaciones puede implicar represalias penales. Además, al no conocerse los criterios por los que un hecho pueda ser considerado como injuria o calumnia, se teme que sea utilizado como una forma de censura que impida el libre ejercicio periodístico y el control político en Colombia.
Por estas razones, en días pasados organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Colombiana de Medios de Información, Asomedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le han solicitado al Congreso de la República que elimine el artículo 221a que también va en contra de la libertad de expresión y viola el derecho al acceso a la información de los y las colombianas.
“Este nuevo artículo desconoce que las denuncias penales deben ser la última medida para limitar la labor de los y las periodistas, y que existen otras vías reconocidas en el ordenamiento, como la rectificación”, señaló la FLIP en un comunicado. “No todo ataque a la moral o crítica constituye una injuria o una calumnia, la Constitución también protege expresiones que puedan parecer ofensivas o chocantes para los funcionarios públicos”. De acuerdo con esta misma organización, a lo largo de 2021 se han reportado 34 casos de acoso judicial en contra de periodistas quienes han sido objeto de denuncias y/o demandas que pretenden silenciarles.
Pese a que el proyecto de ley fue aprobado en segunda plenaria de la Cámara de Representantes, aún queda esperar a que este sea remitido al Senado y finalmente sea sancionado por el presidente Iván Duque.
