La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia, a pesar de haber sido atenuada, no llegó de manera sorpresiva y confirma las tensiones que marcan la relación bilateral. El anuncio, hecho el 15 de septiembre por la Casa Blanca, señala que el país “falló de manera demostrable” en cumplir sus compromisos internacionales. Sin embargo, la administración de Donald Trump emitió una exención (o “waiver”) que evita sanciones inmediatas y mantiene la cooperación bilateral en áreas críticas. Este escenario tampoco era improbable, pues cortar de forma total la colaboración antidrogas afecta tanto a Colombia como a Estados Unidos.
La decisión se da pese a las incautaciones récord de 1.764 toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, por parte del gobierno de Gustavo Petro. Estos esfuerzos, aunque insuficientes para conservar la certificación, parecen haber pesado para evitar un castigo mayor. Según el Departamento de Estado, la cooperación antidrogas y de seguridad continuará, aunque bajo condiciones más estrictas y con plazos de verificación.
Trump justificó la medida en el aumento del 53% de la producción de cocaína en 2023 y el crecimiento de los cultivos de coca a 253.000 hectáreas. El presidente de EEUU advirtió que reconsiderará su decisión si Colombia adopta medidas “más agresivas” para erradicar cultivos y reducir el tráfico. En contraste, la embajada colombiana en Washington respondió que la lucha antidrogas “no admite lecturas parciales” y debe centrarse en desmantelar redes criminales, más que en campesinos cocaleros. Más que las cifras negativas en sí, Washington manifiesta su preocupación por la tendencia acumulada y la falta de resultados verificables que respalden la cooperación bilateral.
El presidente Petro, por su parte, cuestionó la decisión recordando el costo humano de la lucha antidrogas: “Estados Unidos nos ‘descertifica’ después de decenas de muertes de policías, soldados y gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”.
La descertificación, contemplada en la Ley de Abuso Antidrogas de 1986, supone la suspensión de ayuda exterior a menos que el presidente de EE.UU. invoque razones de interés nacional, como al final ocurrió con el waiver anunciado por Trump. Esta exención evita un golpe económico inmediato para Colombia, aunque pone mayor presión política y diplomática para demostrar avances concretos en la lucha contra el narcotráfico.
Viejos aliados y nuevos tiempos políticos
La certificación en la lucha antidrogas depende en última instancia del presidente de turno en Estados Unidos. Aunque se apoya en cifras oficiales, su naturaleza es política. No sorprende, entonces, que bajo las administraciones de Donald Trump y Gustavo Petro, marcadas por tensiones diplomáticas, y por el carácter de gobierno de Trump desde su nueva llegada al poder, el resultado haya sido adverso hacia Colombia. Esto ocurre pese a la larga historia de cooperación entre ambos países.
Se trata de la primera descertificación en casi 30 años, pues la última ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper. El aumento de los cultivos de coca, pero sobre todo la relación conflictiva entre Bogotá y Washington hacían prever un escenario difícil.
Con la certificación condicionada, Colombia conserva la asistencia militar que necesita para enfrentar a organizaciones criminales, cada vez más poderosas, y evita el impacto económico que implicaría una descertificación plena. Aun así, cumplir con las exigencias impuestas por Trump exigirá al presidente Petro maniobrar en un terreno diplomático complejo, especialmente en un periodo preelectoral y ajeno a sus posturas ideológicas.
El tinte político de la decisión es claro. Trump responsabilizó directamente a Petro mientras elogió a “mandatarios municipales”, lo que intensifica las tensiones internas en Colombia. Alcaldes como Alejandro Eder (Cali) y Federico Gutiérrez (Medellín) han hecho lobby en Washington, alimentando una polarización que expone la intención de influencia del poder estadounidense en la política local.
Las novedades en esta larga historia de la llamada war on drugs, lanzada en 1971 por Richard Nixon, recuerdan el enorme saldo de violencia que Colombia ha vivido en carne propia: las principales víctimas han sido latinoamericanas, mientras la demanda de drogas se ha mantenido prácticamente intacta en Estados Unidos y en otras grandes economías. En ese contexto, la certificación condicionada anunciada recientemente debe leerse no solo como un resumen técnico de las acciones antidrogas, sino como una herramienta política que, al tiempo que exalta a las fuerzas de seguridad y a ciertos liderazgos locales, responsabiliza de manera enfática al presidente colombiano que representa un Gobierno opuesto al del poder actual en EEUU.
