La justicia en Colombia sanciona y estigmatiza a manifestantes y defensoras de DDHH

Al cumplirse dos meses de las capturas de jóvenes participantes del estallido social y defensoras de derechos humanos en Boyacá, los acusados piden justicia sin el sesgo ideológico que criminaliza la protesta social en Colombia

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

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CEJIL

“No tiene ningún sentido que una defensora de derechos humanos este siendo acusada de vulnerar a la sociedad. Es completamente injusto y denota que hay una individualización por lo que hice durante las movilizaciones de 2021, por las denuncias que hice contra la Policía Nacional, contra la alcaldía de Paipa, contra las vulneraciones que ocurrieron en estos territorios”, dice Juliana Higuera, defensora de derechos humanos, privada de la libertad hace ya dos meses.

El lunes 22 de noviembre, en un periodo de relativa calma luego de varios meses de agitación social en buena parte del país, siete jóvenes participantes de las protestas sociales en el departamento de Boyacá, fueron allanados y capturados. La acusación de la Fiscalía incluía varios delitos, que se resumían en un supuesto concierto para delinquir al organizar las movilizaciones del Paro Nacional y atentar contra bienes y fuerza pública.

Brayan, Brigget, Sandy, Sergio, Iván, Julián y Juliana recibieron con sorpresa las acusaciones donde se les mencionaba como parte de una “Primera Línea de Boyacá” responsable de alterar el orden público y ser peligrosos para la sociedad. Cinco de los capturados fueron llevados a instituciones penitenciarias. Dos de las acusadas recibieron casa por cárcel por ser madres cabeza de hogar. Una de ellas es Juliana.

Juliana, de 21 años, se presenta como defensora de derechos humanos feminista y popular que lucha por el derecho a la vida digna. Ejerce esta labor desde 2018 mientras estudia Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC en Tunja. Hace parte de diferentes procesos populares a nivel local, regional y nacional y tiene un gran reconocimiento especialmente en Boyacá. También es mamá de una niña pequeña. Precisamente, por ser madre cabeza de hogar está llevando el proceso en su contra privada de la libertad en su casa, lo que no ha significado que sea un momento menos doloroso en su vida, “ha sido una tortura escuchar esa narrativa terrorista de la fiscal y ver este montaje judicial, atravesar estas injusticias y recibir esta persecución que nos aparta de nuestras familias”, dice.

Dentro de lo que la Fiscalía ha decidido llamar ‘Escuderos Primera Línea Boyacá, grupo radical organizado’, y que Juliana considera un montaje judicial, ella es la única defensora de derechos humanos capturada, aunque sus compañeros y compañeras son líderes juveniles y luchadores populares reconocidos por su labor en diferentes municipios del departamento.

“Primeras líneas” y estigmatización de la protesta social

Las capturas de participantes de la movilización social no ocurrieron solo en Boyacá. En otras ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá hubo allanamientos y capturas en los meses posteriores a las jornadas masivas de movilización, especialmente contra jóvenes.

Las audiencias de acusación siguen en pie tras las capturas y las organizaciones de derechos humanos acompañan estos casos con gran impotencia ante la falta de garantías. Mientras tanto, los medios de comunicación han sido veloces al titular sus noticias usando las nuevas dos palabras que aseguran la atención del público: “primeras líneas”.

Las primeras líneas fueron autodenominaciones de grupos ciudadanos que en las movilizaciones más recientes se organizaron para hacer frente al abuso policial sobre los manifestantes. Sin embargo, rápidamente “primera línea” se empezó a usar por las autoridades y por muchos medios de comunicación como un sinónimo de vandalismo. Poco a poco esta connotación negativa sirvió para criminalizar la protesta social, primero en el imaginario social y luego dando pie ideológico a acciones judiciales como estas capturas.

Las organizaciones defensoras del derecho a la protesta coinciden al afirmar que estas capturas se pueden considerar montajes judiciales y han denunciado que hacen parte de una estrategia de montajes para acallar las voces más activas del estallido social. Isabel Fajardo, abogada defensora de derechos humanos de la Fundación Lazos de Dignidad, ve con preocupación las detenciones sistemáticas contra líderes sociales juveniles y populares que habían hecho parte amplia y continua del Paro Nacional de 2021.


“En Colombia ha existido una política de Estado que criminaliza a la protesta social y da un trato guerrerista desde hace décadas a las personas que nos movilizamos y luchamos por una vida digna”


Colombia tiene una larga y desafortunada historia de estigmatización sobre la movilización social, especialmente sobre los jóvenes. Esto fue ampliamente documentado en la investigación periodística de la Universidad Politécnico Grancolombiano que analizó un periodo de 18 años de procesos judiciales con pocas garantías para más de 10.741 jóvenes acusados de rebelión y terrorismo. De este total, solo en 491 casos fueron hallados culpables, algo cercano al 5%. Al otro 95% no se le demostró culpabilidad.

La investigación evidenció algo que los defensores de la protesta social han dicho por años, que el aparato judicial colombiano ha operado de forma irregular, sin mayores pruebas y respondiendo en gran medida a procesos mediáticos para mostrar resultados rápidos. Este tipo de acciones judiciales son usuales tras periodos de intensa movilización social o épocas preelectorales. Ambos escenarios se cruzan en el momento actual.

Juliana, por su parte, considera que la mejor prueba de esta persecución es su propia captura. “El hecho de que, a mí, una defensora de DDHH feminista me pongan como cabecilla de un supuesto concierto para delinquir y un supuesto grupo peligroso, ya denota todo el montaje judicial de este caso. La fiscal me nombraba como si las tareas y funciones de defensa de los DDHH fueran un delito y eso deja ver el sesgo. En Colombia ha existido una política de Estado que criminaliza a la protesta social y da un trato guerrerista desde hace décadas a las personas que nos movilizamos y luchamos por una vida digna. Este montaje judicial es producto de esa práctica genocida que busca disgregarnos y exterminarnos”.

Los sesgos ideológicos de la justicia ante la movilización social 

La captura de estos líderes sociales juveniles en Boyacá tiene para ellos una intención más amplia que la de castigarles penalmente y la identifican como una forma de disociar, amedrentar y disgregar al movimiento social popular colombiano. “Esto tiene el objetivo de romper los procesos sociales, de sembrar miedo para que las personas no nos manifestemos y nos quedemos calladas y callados ante toda la violencia estructural, policial y estatal”, afirma Juliana.

Esto no se reduce a la imputación de cargos, sino al trato que han recibido por petición de la Fiscalía al considerarlas personas peligrosas y a las irregularidades vividas en las primeras semanas de la captura donde no se les permitía el contacto con nadie. Los esfuerzos de la Fiscalía de solicitar la detención intramural e impedir que se defiendan en libertad las personas capturadas en el marco de las protestas es generalizado. “Toda esta situación tiene una carga demasiado fuerte de persecución e individualización donde se criminaliza el pensar diferente, la defensa de los derechos humanos, el ser feminista, el movilizarnos”, dice Juliana y en esto concuerda con la abogada Isabel Fajardo, que ve en estas capturas sistemáticas un interés de acallar el ejercicio de movilización que se había incrementado desde el 28 de abril de 2021.


“El sesgo de la justicia es más evidente cuando se comparan las duras sanciones contra los manifestantes, mientras los procesos contra la fuerza pública involucrada en asesinatos de civiles en el Paro no avanzan”.


“Lo que está pasando en Boyacá es algo que se puede ver en todo el territorio nacional y es que estamos siendo estigmatizadas, criminalizadas, perseguidas, no es un caso aislado”, indica Juliana. Agrega además que en su departamento ha denunciado varias situaciones de violación de derechos humanos, especialmente desde una mirada feminista junto con otras compañeras, lo cual ha resultado incómodo para muchas autoridades. Por eso insiste en que su caso también es ejemplo de la violencia de un sistema patriarcal que quiere aleccionarlas. No es lo mismo ser un hombre defensor de derechos humanos que ser una mujer en el mismo ejercicio pues se enfrentan a violencias diferenciadas. “En Boyacá los espacios de defensa de DDHH son mayoritariamente de mujeres y por tanto cuando suceden estas violencias patriarcales nos afectan a todas y se hacen con la intención de romper el tejido social que hemos construido a partir de la defensa de los derechos humanos feminista”.

Las capturas de los últimos meses no solo se presentaron tras un periodo de calma luego de las movilizaciones masivas en el país, sino que tienen lugar en un escenario preelectoral que para Fajardo suma otros elementos a la criminalización de la protesta social. La abogada advierte además que el sesgo de la justicia es más evidente cuando se comparan las duras sanciones contra los manifestantes, mientras los procesos contra la fuerza pública involucrada en asesinatos de civiles en el Paro no avanzan. Incluso algunos de los acusados siguen en ejercicio de sus cargos. En estos procesos la Fiscalía no solicita su detención. Allí se evidencia el uso del derecho penal para acallar únicamente a las voces disidentes. 

A su vez, Tatiana Triana, parte del equipo jurídico de Juliana, reconoce un sesgo ideológico en el proceso tanto por parte de la Fiscalía como del juez que atendió las audiencias preliminares, pues por un lado se criminaliza la labor de defensa social al plantear que el discurso de los derechos humanos de Juliana y otros defensores se considera una fachada para cometer actos ilegales y con eso criminaliza esta labor fundamental para una sociedad democrática.

“Este es un sesgo en contra del pensamiento crítico y la oposición – dice la abogada Triana. No olvidemos que el fiscal general de la Nación no solo es cercano al gobierno nacional en sus relaciones diplomáticas, sino que tiene una cercanía ideológica frente a lo que representan las personas que usan los mecanismos de protesta social como un ejercicio de oposición política”. Y añade que el caso de Juliana cobra más sentido si se ubica en una mirada amplia de lo que ha sido la judicialización en Colombia y su uso como una práctica sistemática para exterminar el pensamiento crítico y generar terror para que nadie ocupe ese rol por temor a ser perseguido.

A pesar de la difícil situación, Juliana habla con fortaleza: “Yo siempre he hecho mi labor de manera honesta, dando la cara, mi nombre y diciendo las cosas como son de manera muy crítica. Eso a muchos les molesta, pero no les vamos a dar el gusto de vernos destruidos. Por el contrario, nos llena de más razones para seguir luchando y para seguir resistiendo”.