La violencia policial contra las mujeres y personas LGBTI

Los reportes recogidos por Amnistía Internacional demuestran que hubo violencia policial de género en el marco del paro nacional que vivió Colombia en 2021. Mientras los oficiales siguen en sus cargos, los procesos no avanzan y las víctimas reclaman justicia

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

febrero 14, 2023

Ilustración por Alias Ce

La historia clínica IU 118603-1 tiene fecha del 30 abril de 2021. Colombia vivía el tercer día de paro nacional en varias ciudades. En una de las manifestaciones, varias jóvenes participaban en las marchas cuando agentes de policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Sofía1, de 20 años, corrió con la multitud, hasta que quedó aislada cerca de un muro. Como quedó registrado en el documento clínico, un agente del ESMAD se le acercó, la arrinconó y le “metió su mano entre su pantalón, tocando su vulva e introduciendo sus dedos en la vagina”. Sofía entró en shock y se le dificultaba respirar. Cuando intentó identificar al agresor le fue imposible porque este se fue rápidamente.

El 1 de mayo de 2021, al día siguiente, Sofía denunció en redes sociales y presentó su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, pero luego de un año y medio no ha visto avances en la investigación. No hay identificación ni imputación de cargos al perpetrador. Ha recibido amenazas, y por eso ella y su familia se encuentran en riesgo.

La historia de Sofía hace parte de los 28 casos recogidos por Amnistía Internacional en el informe Colombia: La policía no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el paro nacional de 2021, presentado recientemente. De los casos documentados, 24 fueron cometidos contra mujeres y niñas, entre ellas mujeres con orientación sexual e identidad de género diversa, y cuatro contra hombres, uno de ellos autoidentificado como hombre gay.

A lo largo de las semanas más intensas del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, Amnistía Internacional recibió varias denuncias de violencias de género, incluida la violencia sexual, cometidas por agentes de la Policía Nacional y el ESMAD en contra de niñas, mujeres y personas LGBTI.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, habla de los hallazgos del informe. Por un lado, encontraron que las mujeres y la población LGTBI fueron víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en las calles durante el período de protestas, y que, además, esas violencias no pararon. Su continuación se dio a través de diferentes formas que persisten hasta la actualidad: “Se han presentado amenazas, viven con miedo y la violencia también continúa en la forma de violencia judicial”, dice.

© AMNISTÍA INTERNACIONAL, © @PEDRAZABRAVO

Luego de más de un año y medio del estallido social, no ha habido una sola detención por violación de derechos humanos durante las protestas, algo que se repite también con asesinatos, desapariciones, torturas y, como refuerza Amnistía Internacional, violencia de género y violencia sexual. “Para Amnistía Internacional es importante publicar este informe porque queremos demostrar y resaltar la continuación de esa violencia hasta el presente, y recordarle al Gobierno que ha sido elegido bajo la idea de un cambio radical en el sistema, que ese cambio debe empezar por parar la violencia sistemática y acabar con la impunidad, el silenciamiento y la invisibilización de las mujeres y la población LGTBI, que han sido víctimas de estas violencias”, afirma Callamard.

El abuso policial que se vio en las calles se tradujo en violencia judicial y estatal, como muestra el informe que se construyó con organizaciones defensoras de derechos humanos de diferentes puntos del país. La gran preocupación se centra en la impunidad y la falta de celeridad en los entes del Estado. Con el cambio de gobierno, las organizaciones sociales exigen que pare la violencia y se enfoquen las energías en un cambio real en este aspecto.

Las mujeres y personas LGBTI humanizaron la protesta y fueron perseguidas

Las denuncias sobre violencia basada en género ocurrida durante el paro nacional fueron documentadas por diferentes actores de la sociedad civil. Se relataron casos de violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación. A junio del 2021, se contaban 491 mujeres víctimas de violencia policial no necesariamente asociada al género en el marco de protestas, 28 víctimas de violencia sexual y cinco casos de violencia en razón del género cometida contra personas LGBTI.

Una hipótesis desarrollada por los grupos defensores del derecho a la protesta, vincula el papel de las mujeres y personas LGBTI en las manifestaciones de 2021 y los numerosos reportes de abuso de agentes de policía. Para Callamard, hay una relación preocupante. Al protagonizar manifestaciones pacíficas en su gran mayoría, donde la gente del común buscaba cambios sociales y económicos, las mujeres fueron más visibles y humanizaron las protestas al hacerlas más políticas, sociales y feministas. Por esa razón fueron escogidas como blanco del abuso de la policía. Incluso ahora, dice, ese señalamiento continúa porque no han sido escuchadas y son invisibilizadas por el sistema judicial.

Lina Peláez es una abogada que acompaña casos de abuso policial en el suroccidente de Cali en la organización NOMADESC, una de las aportantes del informe. Para ella es clave que se entienda que las violencias de género están orientadas a agredir el cuerpo de las mujeres y de las personas diversas como una forma de aniquilar estas identidades que hacen parte de la protesta social. “Esta es una forma de disciplina social para que las mujeres no salgamos a las calles. Los amedrantamientos de los policías lo acompañan con ‘¿Usted por qué estaba protestando? ¿Usted por qué salió sola?’”. Lo más problemático que resalta es que estas violencias no han parado, pues la impunidad es muy alta.


“Las violencias de género están orientadas a agredir el cuerpo de las mujeres y de las personas diversas como una forma de aniquilar estas identidades que hacen parte de la protesta social”.


En este momento los casos no han superado las etapas preliminares y otros se han archivado, aun cuando hay oficiales identificados. Muchos tienen únicamente los testimonios de las víctimas y algunas valoraciones médicas, pero no han avanzado porque requieren otras pruebas difíciles de recolectar, como videos de la ocurrencia de los hechos. Las alcaldías, según explica Peláez, han negado la existencia de cámaras de seguridad en esos puntos, y la Fiscalía dice que no se puede ir a juicio sin material probatorio suficiente, así que la etapa de imputación de cargos sobre los agentes no ha iniciado.

En medio de todo se revictimiza a las denunciantes, pues se les culpa por no aportar las pruebas suficientes para que el caso continúe. Peláez insiste en que se debería valorar sus testimonios como una prueba idónea en estos procesos de judicialización para combatir las barreras de acceso a la justicia.

Otra razón por la que se han archivado los casos es por las amenazas recibidas por las víctimas y sus testigos. A través de redes sociales y llamadas han llegado amenazas, incluso durante los mismos días en que han ido a declarar. El temor les ha impedido seguir adelante con el proceso. Una de las víctimas, por ejemplo, fue contactada en Facebook, supuestamente por parte de la compañera sentimental del agente de policía al que está denunciando. Otra recibió una llamada de una persona que le dio todos sus datos de identificación y de participación en las protestas. “Es muy inquietante que tuvieran todos sus datos personales. La frustración que genera tanto para las víctimas, como para quienes acompañamos el caso, es que esos datos fueron entregados a la Fiscalía días antes”, indica Peláez.

La sospecha que esto ha generado entre las víctimas y sus abogadas proviene de la relación entre la Policía Judicial con la Policía Nacional, pues hacen parte de la misma institución, y esto permitiría un eje de coordinación reforzado por lo que ellas interpretan como un pacto patriarcal que garantiza la impunidad. “No podemos construir un cambio con esa impunidad”, afirma. “Este Gobierno tiene que hacer llamados concretos para que la Fiscalía avance en las investigaciones y para que, de alguna forma, la Policía Nacional tome decisiones de control interno y disciplinario para que se retiren de los cargos a los oficiales”, afirma la abogada.

Trae también a la conversación lo que denomina “daño continuado”, al explicar que hoy las víctimas encuentran a los agentes en servicio con toda la normalidad de sus funciones, algo que las revictimiza, porque no solo deben lidiar con lo que sufrieron el día de los hechos, sino que el daño es constante porque todavía no hay justicia y las amenazas no han sido esclarecidas.

La abogada Peláez señala un aspecto adicional muy paradójico frente al doble rasero que se ha usado sobre el delito de tortura sexual y la tortura en general. Actualmente hay muchos casos donde se argumenta que las manifestantes pasaron por escenarios de tortura, pero cuando se denuncia ante la Fiscalía este delito, sea por violencias basadas en género o no, se toma solo como lesiones personales. De esta forma se minimiza el tipo de agresión. Por el contrario, la mayoría de jóvenes que están judicializados hoy por violencia contra policías en el paro, están imputados por el delito de tortura.

© AMNISTÍA INTERNACIONAL, © COSASQUENOTIENENESTETICA, © LISETH CARO VILLATE

La definición de violencia sexual en la justicia colombiana se queda corta

Los pactos internacionales ya hicieron la tarea. Desde hace más de cuatro décadas existen herramientas para entender las múltiples formas que pueden tomar las violencias de género y las violencias contra las mujeres. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW por sus siglas en inglés), es un instrumento internacional que se adoptó en 1979 y está adscrito por Colombia. No es el único. En 1994 se creó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará, también adoptada por Colombia en instrumentos internos como la Ley 1257 de 2008. Estos instrumentos son una prueba de que no es la falta de guía jurídica lo que explicaría por qué la justicia colombiana mantiene un entendimiento limitado de la violencia sexual.

Este problema ha sido identificado por las defensoras de derechos humanos, que, desde una perspectiva feminista, ven que los casos de violencia sexual por parte de agentes de la policía siguen centrados en una definición restringida e insuficiente. Agnes Callamard lo explica con claridad: “¿Por qué se ve la violencia sexual como únicamente la penetración del pene, cuando lo que vemos es que esta definición va en contra de los estándares internacionales? Esto significa que excluye muchas experiencias de violencia sexual”.

Para ejemplificar este punto, se remite a los casos documentados en el informe que incluyen denuncias de mujeres que fueron tocadas en el área genital con las manos o con otros objetos. Otras fueron insultadas y amenazadas con ser violentadas sexualmente como parte del amedrentamiento recibido por parte de la fuerza pública. Ante esta situación recurrente, se busca que el sistema judicial entienda que la violencia sexual puede tomar múltiples formas y no ocurre únicamente cuando hay penetración de la vagina.

La abogada Lina Peláez también resalta este aspecto, pues han encontrado que, a pesar de que la violencia sexual incluye diferentes agresiones, lo más común es que las denuncias se orienten a situaciones de penetración, mientras que los tocamientos y amenazas de índole sexual no son tenidos en cuenta. Este tipo de violencia sexual, explica, es la que más ocurre por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta social.


“Es muy inquietante que en la amenaza tuvieran todos sus datos personales. La frustración que genera tanto para las víctimas, como para quienes acompañamos el caso, es que esos datos fueron entregados a la Fiscalía días antes”.


“Agentes encubiertos, con imposibilidad de identificación, arrinconaron a las víctimas en lugares oscuros y aislados, usando incluso sus armamentos de dotación para separarlas de los grupos en los que se encontraban y agredirlas, generando además amenazas muy concretas frente a su vida”, indica. De acuerdo con esto, las víctimas no solo guardan en su memoria el dolor frente al acto de agresión sexual, sino que viven con un constante temor por persecución y amenazas.

Las recomendaciones

El informe tiene 37 recomendaciones dirigidas a diferentes actores: al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las autoridades departamentales y locales. En resumen, le recuerdan a este Gobierno su promesa de cambios paradigmáticos que se reflejen en la paz total, y esto también debe incluir la reforma de las fuerzas de seguridad, el rechazo al abuso policial y combatir la impunidad. Hasta el momento los pasos que se han tomado en este sentido son tímidos. “Necesitamos ver cambios radicales y metodologías paradigmáticas aplicadas a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial”, explica Agnes Callamard.

Las organizaciones insisten en no enforcarse en el nivel individual, sino en uno estructural y profundo. Esto requiere, por ejemplo, parar la militarización de la policía civil y del cuerpo especial para atender las protestas, pues las fuerzas civiles deberían tener una supervisión civil. Una reforma profunda debe considerar que la cultura de la violencia en las fuerzas policiales está alimentada por la impunidad, pues como explica Amnistía Internacional, ocultan su identidad y cometen crímenes sabiendo que no serán perseguidos.

La ausencia de una perspectiva de género en las investigaciones del sistema judicial debería ser una prioridad a resolver. Como se explicó, esto incluye la ampliación del concepto de violencia sexual y la adopción de una perspectiva sensible al género. Para Callamard, “es necesario que al menos se investigue de manera profunda un caso para que sea paradigmático y haya sentencias sobre los policías involucrados en tocamientos, acoso y amenazas”.

A su vez, Lina Peláez hace un llamado a trabajar por un acceso real a la justicia por parte de las víctimas, donde se reevalúen los requisitos probatorios y sus testimonios sean válidos y tramitados por profesionales que investiguen con herramientas adecuadas. Agrega también que se debería reconocer las violencias de género que se denunciaron y evaluar la proporcionalidad con la que se investigan y judicializan casos con delitos que tendrían un doble rasero para ciudadanos del común y para agentes de policía. Mientras muchas manifestantes, incluso cabeza de hogar, están privadas de la libertad, sin acceso a ser juzgadas en libertad bajo cargos como el de tortura, los policías acusados siguen con sus funciones, sin medidas privativas de la libertad.

“Esto es también un llamado y una recomendación a que se reconozcan esos escenarios de violencia que existieron, porque para las víctimas es importante que el gobierno actual reconozca que ese tipo de violencia existió y existe”.