El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el centro de una nueva controversia judicial. Esta vez se hizo pública una orden de detención emitida por la Fiscalía General, que lo acusa de presunto abuso sexual a una menor durante su mandato y por el delito de trata de personas. El caso ha reavivado las tensiones políticas en el país, que han venido en aumento en los últimos meses por la confrontación entre Morales y el actual presidente, Luis Arce, de su mismo partido pero ahora en facciones distintas. Evo Morales ha manifestado su intención de postularse a las elecciones de 2025.
El 17 de diciembre de 2024, cuando se conoció la orden de la fiscal, Morales se pronunció públicamente, asegurando ser víctima de “una brutal guerra jurídica” impulsada por el gobierno de Arce. El exmandatario denunció lo que considera una persecución política, aduciendo que el proceso tiene como fin debilitar su imagen frente a las elecciones de 2025, a pesar de que está inhabilitado para volverse a postular a la presidencia, pero las encuestas lo favorecen. Esto ocurre luego de varios meses de protestas e incluso el alegato de Arce de un intento de golpe en junio de este año.
La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de Morales por el presunto delito de trata, al vincularlo con una denuncia presentada en 2020 por el aparente arreglo con los padres de una adolescente de 15 años para sostener una relación con ella. La acusación apunta a que la menor de edad habría sido inscrita en la “guardia juvenil”, base política de Morales, con el propósito de obtener beneficios políticos a cambio de su hija. De acuerdo con la denuncia, Morales tuvo una hija con esta adolescente, lo que ha sido objeto de indignación de diversos sectores.
Ni Evo Morales ni la madre de la presunta víctima pudieron ser detenidos debido a las dificultades para localizar sus domicilios actuales. El expresidente se encuentra en el trópico de Cochabamba, su bastión político, donde ha afirmado que no se entregará a la justicia. La orden de aprehensión, de hecho, está vigente desde octubre según informó la fiscalía. En esa región se han registrado bloqueos y protestas en los últimos meses relacionados con la defensa de Morales.
La violencia de género como arma política
El caso no solo ha generado una fuerte polémica en Bolivia, sino que también abre el campo para una reflexión sobre el uso mediático de la violencia de género para atacar a enemigos políticos. En el pasado, Morales ha recibido otras acusaciones de vínculos con parejas que eran menores de edad cuando iniciaron su relación (como el caso de Gabriela Zapata). Además, como figura pública ha tenido varias salidas en falso que refuerzan el machismo en sus posturas y el abuso de poder hacia las mujeres. Sin embargo, el tratamiento del caso desde diversos medios de comunicación y redes sociales en Bolivia a lo largo de los últimos años ha mostrado muchas veces un enfoque sexista y despectivo, lo que evidencia la persistencia de una violencia de género estructural que no es el foco central de preocupación.
Cabe señalar que en Bolivia, como en muchas otras naciones de América Latina, el cuerpo de las niñas y mujeres ha sido históricamente un objeto de control y poder. La política patriarcal y machista ha permeado todas las esferas de la sociedad y se refleja también en el accionar de los líderes políticos sin importar su corriente ideológica. En 2023 se registraron al menos 81 feminicidios, además de 11.450 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en 2023. Las organizaciones de mujeres denuncian un altísimo subregistro, grandes dificultades para recolectar este tipo de estadísticas y recortes presupuestales para prevenir estas violencias de género.
Por lo pronto, el denominado “evismo” defiende al expresidente bajo el argumento de que las acusaciones forman parte de una persecución política, en un intento por deteriorar su imagen de cara a las elecciones. Sin embargo, la reiteración de sus comportamientos que, por lo menos, pueden calificarse de machistas, plantea la necesidad de acciones profundas para transformar las condiciones de vida de las mujeres, sobre todo las más empobrecidas.
El debate sobre este caso trasciende las acusaciones contra Morales que son graves por sí mismas. Si bien no es la primera vez que se le imputa un delito de este tipo, lo que está en juego es la forma en que los cuerpos de las mujeres continúan siendo utilizados como instrumento en la lucha política, sin atender las raíces de estas violencias.
Lo que está en juego no es solo el futuro político de Evo Morales, sino también la lucha por erradicar la violencia de género que sigue siendo estructural en la sociedad boliviana y, por extensión, en muchos países de América Latina.
