Ya hay novedades sobre el caso de negligencia ocurrido en el Axe Ceremonia 2025, en el Parque Bicentenario, donde murieron Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) vinculó a proceso a siete personas físicas y tres empresas por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo.
El 5 de abril de 2025, Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández fallecieron tras el colapso de una estructura que no estaba incluida en el programa especial del festival. Es decir, su instalación fue omitida por los organizadores en el plan presentado a las autoridades para la realización del evento. La falta de medidas de seguridad tuvo consecuencias fatales para ambos, quienes asistieron al festival como trabajadores de un medio de comunicación independiente. A pesar de lo ocurrido, la programación continuó hasta la madrugada del domingo 6 de abril, sin que artistas y asistentes fueran informados del trágico suceso. Al finalizar la primera jornada, el Parque Bicentenario fue clausurado y se colocaron sellos de suspensión de actividades.
Este martes 20 de octubre de 2026, se dio a conocer una nueva resolución judicial que incorpora a siete personas físicas y tres empresas como presuntas responsables del siniestro. Entre ellas se encuentra María del Pilar “N”, quien se desempeñaba como encargada de Protección Civil del festival, así como la empresa administradora del Parque Bicentenario. Con esta resolución, suman ocho personas y tres empresas presuntamente relacionadas con el caso. Sin embargo, las imputaciones se mantienen diferenciadas según los fallecimientos: las nuevas vinculaciones corresponden al caso de Miguel Ángel Rojas, mientras que, por la muerte de Berenice Giles, el proceso continúa únicamente contra la empresa administradora del recinto.
De acuerdo con la Fiscalía, esta última no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre los familiares de Berenice, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas.
La FGJ CDMX sustenta las nuevas acusaciones en presuntas irregularidades en el cumplimiento del programa de Protección Civil presentado para el festival. Entre ellas, destaca la instalación de una plataforma decorativa que no estaba contemplada en dicho documento y que, al colapsar, provocó la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. La investigación también señala inconsistencias en el montaje, la supervisión y la administración del recinto.
Entre los nuevos imputados se encuentra Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, quien intervino en la instalación de las plataformas; Pedro “N”, productor de eventos, quien participó en su recepción y montaje; y María “N”, directora de producción, señalada por aprobar las cuatro estructuras involucradas en el siniestro. La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en los hechos.
Según Edwin Alan Piñón González, representante legal de Miguel Ángel Rojas Hernández y su familia, esta nueva etapa del proceso representa un avance en el caso. El abogado señaló que, durante los últimos meses, las defensas promovieron más de 20 juicios de amparo que, según su postura, retrasaron la audiencia penal. También denunció una presunta estrategia conjunta entre la asesoría jurídica de Berenice Giles y una de las empresas imputadas para evitar llegar a esta instancia judicial. A estos señalamientos se suma que, presuntamente, al menos una de las empresas vinculadas al proceso cobró la póliza de seguro correspondiente al siniestro sin informar del trámite a la Fiscalía capitalina ni a los abogados de las víctimas.
“Esa información es muy importante porque los seguros ya fueron cobrados por parte de las empresas. Esa información nunca fue informada a la Fiscalía, nunca se le hizo del conocimiento a ninguna de las asesorías jurídicas”, afirmó Piñón González.
Por su parte, la familia de la fotoperiodista Berenice Giles llegó previamente a un acuerdo reparatorio con las empresas involucradas. En tanto, el juez de la causa fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria del caso Axe Ceremonia.
Las siete personas imputadas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México. Además, tienen prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. Por su parte, las tres empresas involucradas deberán cumplir con las garantías económicas impuestas previamente, por un monto de 500 mil pesos cada una, en un plazo de cinco días hábiles.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades por estos hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, respetando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
