Desde el martes 18 de agosto, las veinte emisoras de paz dejaron de transmitir su programación habitual luego de que Inravisión ordenara detener los espacios radiales que se producían localmente. La instrucción fue enviada el lunes festivo 17 de agosto a través de WhatsApp y, desde entonces, las emisoras están enlazadas con Bogotá, desde donde se transmite solamente música.
La decisión que fue revelada por el medio independiente El Armadillo, afecta a estos medios radiales creados como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. Su propósito era llevar información y promover la convivencia y la reconciliación en algunas de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país.
Las emisoras funcionan actualmente en municipios como Chaparral (Tolima), Ituango (Antioquia), Convención (Norte de Santander), Fonseca (La Guajira), San Jacinto (Bolívar), Algeciras (Huila), Arauquita (Arauca), Bojayá (Chocó), El Tambo (Cauca), Florida (Valle del Cauca), Puerto Leguízamo (Putumayo) y Mesetas (Meta). Hacen parte del sistema de medios públicos y están bajo la responsabilidad de Radio Nacional de Colombia.
La orden de suspender la programación local habría sido impartida por la nueva gerente de Inravisión, la abogada Ángela María Mora, quien asumió el cargo el 12 de agosto. La medida no se limitaría a las Emisoras de Paz, sino que incluye a un grupo de emisoras descentralizadas que hacen parte del sistema de Radio Nacional.
Así son las emisoras para la paz
Las Emisoras de Paz no fueron creadas como una decisión editorial de la Radio Nacional ni como una iniciativa administrativa ordinaria del sistema de medios públicos de un gobierno particular. Su origen está en el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las entonces Farc-EP. Su creación respondió a la necesidad de garantizar espacios de comunicación en regiones particularmente afectadas por el conflicto armado y de contribuir a la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación.
Aunque en un primer momento la programación estuvo vinculada directamente con la divulgación de iniciativas de construcción de paz y de implementación del acuerdo, las emisoras fueron desarrollando contenidos relacionados con las necesidades específicas de cada territorio.
Periodistas vinculados a estas estaciones señalan que los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro mantuvieron su funcionamiento y respetaron su misionalidad. Por eso, la suspensión de la programación territorial representa un gran cambio frente a la forma en que estas frecuencias habían operado durante los últimos años, especialmente por la función pública que tienen en territorios históricamente afectados por la guerra.
El caso de Ituango, en Antioquia y la importancia de estas emisoras
La emisora de Ituango, en Antioquia, es un ejemplo de la función que cumplen estas estaciones. Comenzó a funcionar en julio de 2019 y es la única Emisora de Paz del departamento. Durante décadas los pobladores de esta subregión que conecta con el Urabá y el sur de Córdoba han sufrido la presencia y disputa violenta de grupos armados.
En Ituango, por ejemplo, ocurrieron algunos de los episodios más graves de violencia del conflicto colombiano entre las décadas de los 90 y los 2000. Entre ellos están las masacres de corregimientos como La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997. La violencia continuó con hostigamientos, masacres, asesinatos selectivos y una disputa persistente por el control territorial hasta el presente.
En ese contexto, y tras la firma de los Acuerdos de Paz, la emisora desarrolló programas sobre la vida y el trabajo de la población campesina, música autóctona, expresiones culturales y medio ambiente. Su función, por tanto, no se reducía a retransmitir información nacional, ni a concentrarse solo en temas explícitos del acuerdo, sino que construía contenidos desde y para una comunidad que ha vivido durante décadas las consecuencias del conflicto. Ese carácter territorial es precisamente uno de los elementos que preocupa ante la suspensión de la programación.
El riesgo de quedarse sin información local
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la decisión y advirtió sobre sus consecuencias para el acceso a información local y sobre el desconocimiento del Acuerdo Final de Paz. La organización recordó que las Emisoras de Paz fueron creadas para cumplir el numeral 6.5 del acuerdo y que el Acto Legislativo 02 de 2017 establece que las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo dispuesto en el Acuerdo Final.
Desde esta perspectiva, la discusión no se limita a determinar si el nuevo Gobierno tiene la facultad de reorganizar los contenidos de los medios públicos. El punto central es si una suspensión generalizada de la programación informativa y territorial es compatible con la función específica para la que fueron creadas estas emisoras. Además, una revisión de contenidos puede realizarse mediante alternativas menos restrictivas que no vayan en detrimento del interés público de estas estaciones.
Los espacios informativos de las Emisoras de Paz llegan a más de 463.000 personas en zonas rurales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de municipios PDET. Para estas poblaciones, la información producida localmente puede tener una utilidad que difícilmente puede ser reemplazada por una señal musical o por contenidos elaborados desde Bogotá.
En lugares donde existen dificultades de conectividad y donde persisten riesgos asociados a la violencia, la información local puede ser determinante para conocer oportunamente situaciones que afectan la seguridad, las vías, los servicios públicos o la vida cotidiana. Por eso, la diferencia entre una emisora local y una señal nacional no es solamente geográfica, sino que habilita la capacidad de producir información desde el territorio y sobre aquello que importa directamente a quienes lo habitan.
Por otra parte, la decisión también genera preocupación por las condiciones laborales de las y los periodistas y técnicos vinculados a estas emisoras. La suspensión de la programación deja abierta la pregunta sobre qué ocurrirá con estas personas y con la estructura territorial que permitió producir contenidos desde estos municipios.
Sin respuesta oficial
La suspensión ocurre después de que el MinTIC anunciara, el 16 de agosto, una transformación del Sistema de Medios Públicos que incluye el fin de las franjas noticiosas y de opinión y la revisión de contenidos, contratos y convenios. El Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó las medidas con el propósito de construir un sistema independiente y “al servicio de la ciudadanía”. Sin embargo, frente a este tema, hasta ahora no se ha explicado específicamente cuánto durará la suspensión de la programación local de las Emisoras de Paz, qué contenidos serán revisados ni bajo qué criterios.
En medio de esta incertidumbre, el senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una tutela contra el Ministerio TIC e Inravisión por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz.
La decisión sobre estas emisoras puede parecer solo administrativa, pero en territorios donde la radio ha cumplido un papel fundamental en el acceso a la información, la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social, suspender la producción local tiene consecuencias que van mucho más allá de una parrilla de programación. Su ausencia implica también quitar una de las pocas herramientas de comunicación pública y local creadas específicamente para comunidades que, después de décadas de conflicto, quieren construir alternativas de vida y procesos de reconciliación desde sus propios territorios.
