Como un “perejil”. Así se siente José María Montero en su fría celda. El joven carpintero de 36 años lleva once meses invernando en un pabellón del penal de máxima seguridad de Sierra Chica. ¿Su delito? Tener tres plantas de marihuana en su casa. Fue detenido el 29 de abril del año pasado, cuando un pelotón de policías irrumpió en su domicilio de la ciudad de Laprida, localidad enclavada en el centro-sur profundo de la provincia de Buenos Aires. Los agentes del orden dañaron la puerta de su casa, revolvieron todo, le apuntaron a la cabeza con una pistola 9 milímetros como si fuera un dealer de los pesados. Carátula del expediente: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. “Dos plantas cortadas y una al final del proceso de floración, eso encontraron. Plantaba para no ir al mercado negro, viste lo poco que vale la plata. Soy un laburante. Hacía vida normal. Les enseñaba a cultivar a varios amigos, para fines médicos de ellos o de sus parientes. En el operativo, los policías me decían que yo era un narcotraficante. Revisaron todo y requisaron $ 1030 pesos. Un chiste. ¿Qué capo narco anda tan justo de plata?”, mastica bronca el muchacho tras las rejas.
Montero es militante de la causa cannábica desde hace largo rato en sus pagos. Puso el cuerpo en el colectivo Cannabis al Congreso, una agrupación que impulsó la normativa para el desarrollo industrial de la droga blanda, que solo cuenta con la media sanción de los senadores y aún duerme la siesta en la Cámara Baja del Parlamento nacional.
Un par de meses antes del allanamiento, el joven había tenido una reunión con el intendente justicialista Pablo Torres y varios concejales de Laprida. Hablaron sobre promover la investigación y el desarrollo de la producción de marihuana con fines medicinales e industrial a secas. Imitar a sus vecinos de la cercana meca de General La Madrid, municipio pionero en la materia. “Estamos a solo 60 kilómetros de distancia, somos Springfield y Shelbyville. El agua y el aceite. Ellos avanzaron, los nuestros te detienen”. En la juntada, también pidieron a las autoridades plasmar una futura reunión con el secretario de Seguridad local. Había miedo entre los cannabicultores. Pocas semanas después, Montero marchó preso.
“Es una locura estar detenido por tener plantas que nos da la naturaleza, con todos los beneficios que tienen. Hay mucha gente guardada por lo mismo”, explica. Luego precisa que su captura fue algunos días después de la reglamentación del Reprocann, el registro público para el cultivo controlado. Montero, asegura, no puedo inscribirse porque en esos tiempos no funcionaba la página web estatal.
Sueños de libertad. Esperanzado, Montero aguarda con paciencia de campesino el juicio que comenzará, con suerte, en marzo de 2023. “No hay pruebas de la comercialización. Van a ser dos años largos perdidos. No conocía el interior de una comisaría y ahora estoy preso por cultivar. La Justicia lava otros pecados arrestando a pibes que plantan. Hacen números y dicen que todos somos narcos. Pero el negocio ilegal sigue floreciendo. Te aseguro que si tuviera plata no estaría acá. Soy un pobre perejil”.
En la Argentina, cada vez más personas eligen cultivar su propio cannabis. Sin embargo, la ley solo permite este derecho a usuarios medicinales registrados en el Reprocann. Más allá de esta excepción, el Código Penal sigue penando con hasta 15 años de cárcel a los cannabicultores. Más acá del discurso progre, los guarismos indican que los allanamientos y detenciones no tuvieron freno durante los dos últimos años con el kirchnerismo al frente del Poder Ejecutivo, después de la perdida “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el gobierno de Cambiemos.
Luego de un 2021 especialmente cannábico –y no solo por el crecimiento exponencial del autocultivo en pandemia–, en los últimos 12 meses el tibio gobierno nacional que preside Alberto Fernández dio pasos en forma no tan tímida a políticas activas de impulso al cultivo herbáceo. Un giro radical se observa con el decreto que reglamentó la Ley 27.350, de uso medicinal del cannabis. La iniciativa original sancionada en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri fue un bluff. En su reglamentación imponía rigores y limitaciones: solo admitía el uso para la epilepsia refractaria, prohibía el autocultivo, no reglamentaba la producción nacional y no aceptaba ventas por farmacias. Todas flores que se abrieron con la nueva normativa.
En paralelo, el gobierno del peronismo ahora partido impulsó en el Parlamento un proyecto para promover el cultivo de marihuana y cáñamo –variedad de planta con bajo contenido de THC, en criollo, “no pega” – con fines de industrialización para uso medicinal y productivo. ¿Argentina, granero del porro? Es el deseo de muchos. Según la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), se espera que en 2027 el mercado mundial de la industria cannábica mueva más de 40.000 millones de dólares. La tasa de crecimiento anual superará el 30 por ciento. Con este escenario, la Argentina podría generar un mercado interno de 500 millones de dólares, 50 millones en exportaciones y más de 10.000 puestos de trabajo. Verde que te quiero verde.
¿Y de la despenalización? Según los especialistas aún falta mucho camino por recorrer. El llamado “consumo adulto responsable” se proyecta en el horizonte futuro, pero sin fecha próxima. Mientras tanto, la vetusta Ley 23.737, resabio de las políticas belicosas contra las drogas, sigue engordando los registros de detenciones y causas penales con pequeños cultivadores.
Según el informe “La guerra contra lxs consumidorxs de drogas debe terminar”, publicado por el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) en 2021, siguen las detenciones a lo largo y ancho del país: “Las policías los privan de la libertad y se les inician causas penales que, aunque no prosperen, funcionan como un castigo. La mayor parte de les funcionaries declaran públicamente que no se debe perseguir a les consumidores, sino que hay que concentrarse en investigar y detener a los grandes actores del narcotráfico. Sin embargo, las policías que dirigen dilapidan todos los días horas y dinero en detener usuaries, recursos que podrían ser utilizados en otras políticas de seguridad. El Poder Judicial suele operar con el criterio de que este tipo de causas deben desactivarse de inmediato.”
Los números de algunos distritos son botones de muestra: “En 2018 habían ingresado a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires 4777 causas por consumo. En 2019, por el mismo motivo, ingresaron a la justicia porteña 19.275 causas. Esto implica un aumento de más del 400%. Desde enero de 2019 hasta agosto de 2020 se iniciaron 38.696 causas por delitos de drogas. Más del 75% (29.206) fueron por tenencia para consumo personal, y solo el 17% (6706) por comercialización”. Sesgo de clase, el informa afirma con alarma que por decisión policial y de la política de seguridad, el consumo de drogas es un delito casi únicamente en las zonas más pobres de la CABA.
Al otro lado de la General Paz, el panorama es igual de sombrío, con 47.927 “hechos delictuosos” de drogas informados en 2019. Desde el Cels afirman que las detenciones por tenencia para consumo son una herramienta policial para legitimar la persecución de sectores postergados y el control del territorio por parte de las fuerzas. Las detenciones son usadas para inflar estadísticas y construir así una falsa imagen de eficacia.
En el apartado dedicado a los cannabicultores, el Cels detalla que se les imputa tenencia para comercialización como práctica cotidiana. Han sido el blanco predilecto de la Policía Bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial: utilizan las detenciones como parte de su estrategia de comunicación pública. Los presentan como narcos peligrosos, mientras los uniformados que incautan plantas son retratados como héroes de la patria.
Paradojas. Máximo López cursa una diplomatura sobre cannabis medicinal en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Azul, donde está detenido por cultivar. La pesadillas alucinógena de este comerciante de 33 años, padre de tres hijos, sin antecedentes penales, comenzó el 9 de septiembre de 2020, cuando la Bonaerense allanó su casa en Azul, por una investigación vinculada al juego clandestino. Los policías debían llevarse documentación, computadoras, papeles con anotaciones y dispositivos electrónicos, pero cuando le preguntaron al “sospechoso” si en la vivienda había algo más que pudiera comprometerlo, López les mostró el lugar donde guardaba los cogollos que había cortado de su cosecha. En total, secuestraron 420 gramos de cannabis, sobre todo ramas. Fue detenido y luego liberado a los pocos días.
De la causa por las “apuestas virtuales”, López no tuvo más noticias, pero el 18 de febrero de 2021, le notificaron que quedaba preso por las plantas. El título de la obra es conocido: “Tenencia con fines de comercialización”. “Alegaron que había mensajes comprometedores, pero eran pavadas de hablar con amigos o con mi mamá sobre el aceite. Tuvieron un problema con el software, muchos mensajes se perdieron y yo quedé acá adentro”, dice Máximo desde el penal.
López es uno de los fundadores de la Asociación Civil de Cannabis Terapéutico de Pigüé, colectivo que encabezó varias marchas por su liberación. “Ya estuve en dos penales y hay muchas historias parecidas a la mía. Causas inventadas, gente que le hacían allanamientos por un tema, no encontraban nada y los llevaron por dos plantas. Todos morochos, laburantes que están presos por plantar marihuana”.
El caso de Máximo López es una de las banderas del Frente de Presos y Presas por Plantar (PPP). La agrupación recibe el apoyo de instituciones como la Correpi, varias federaciones universitarias y diversos gremios. También de muchos trabajadores del cannabis, como el cultivador de origen chaqueño Cristian Chamorro: “Para mí el tema es fácil. El negocio ilegal con el porro prensado paraguayo que entra al país es manejado por bandas lúmpenes asociadas a las fuerzas del Estado. Ese es el nudo que hace presión sobre los trabajadores de la planta”.
Para Chamorro, con la pandemia se profundizó la política de represión y persecución a los trabajadores del cannabis: “El Reprocann funcionaba muy lento y la policía, hasta el día de hoy, está totalmente desinformada y hace lo que quiere. El otro día estaba por Palermo fumando, se acercó un oficial y la situación se puso tensa, aunque le mostré mi carnet.”
Con sus compañeros, Chamorro realiza trabajo social en diversa barriadas estigmatizadas del Conurbano. Su experiencia le dejó ver el rol económico que pueden tener los cultivadores de cannabis para el desarrollo: “Los que plantan están lejos del narco y de cometer delitos. Trabajan con la marihuana. Nosotros queremos la regulación y ganar derechos laborales. Pero el Estado sigue con el prohibicionismo”.
María Victoria Baca Paunero es defensora oficial criminal y correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especialista en Derecho Penal y presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa). Para la letrada, vivimos tiempos con cambios de paradigmas en relación a la planta. Del viejo prohibicionismo se pasó a la mirada medicinal, y lentamente estamos entrando en la regulación. Sin embargo, las viejas prácticas de la lucha contra el narcotráfico siguen activas: “Son parte de un sistema penal que existe para legitimar la exclusión social. Las regulaciones siempre tienen dos varas, para quien tiene la capacidad de cumplir con los requisitos y el que no. En ese sentido, la empresa estatal de producción de Jujuy cumple con toda la normativa y está muy bien que así sea. Pero por el otro lado plantar o fumarte un porro en La Matanza te puede llevar a la cárcel”.
El proceso para la regulación es complejo para Baca Paunero: “Hay que informarse, hacer políticas activas desde el Estado. Si un pibe o una piba plantan, tienen que conocer las reglas de juego. Saber lo que pueden o no pueden hacer. Quién puede cultivar. No se puede vender cualquier cosa, no es el vale todo, porque el Estado tiene que cuidar a todos”.
Mariano Aquino recuperó su libertad en diciembre pasado. Pasó más de dos años preso por cultivar. Sufrió un allanamiento digno de un film de Hollywood en su casa de Tortuguitas allá por mayo de 2019. “Un grupo comando corte SWAT, con ametralladoras, miras láser, cámaras. Iban a capturar a Pablo Escobar. Yo les abrí la puerta en ojotas y calzoncillo. Encontraron cogollos y ramerío. Fui víctima de lo que se llama un ‘ruleo’, unieron tres allanamientos y parecía que habían desbaratado un cártel. Éramos tres boludos”, explica Aquino, 41 años, mensajero de profesión.
El muchacho es un apasionado de la planta. “Es amor, un hobby, una actividad que me hacía bien. Dedicaba buena parte de mi producción a regalar y hacer aceite para mejorarle la calidad de vida a gente con dolencias. Por eso fui preso, al final se cayó la carátula y quedé libre. Pero quién me hace recuperar el tiempo que perdí encanado”, dispara.
En el penal de La Plata, Aquino escuchó con bronca cuando el presidente habló del cannabis en el inicio de las sesiones parlamentarias en 2021: “Y yo con otros compañeros guardados por tres plantas. Como se dice en el penal, me sentí ‘rezarpado’, como que te mojen la oreja. Porque dicen una cosa y hacen otra. Las cárceles están repletas de pobres, de gente de a pie. ¿Sabés cuántos perejiles todavía están adentro?”.
