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julio 15, 2022

¿Por qué hay tanto silencio alrededor del robo de dineros a la paz?

¿Por qué estamos tan calmados ante el presunto robo de 500 mil millones de pesos para la paz?

Por  MELISA PARADA BORDA

Luis Alberto Rodríguez, exdirector DNP; Emilio Archila, exconsejero presidencial; Álvaro Ávila, exdirector de regalías del DNP.

Colprensa; Presidencia de la República; DNP

Una de las frases que más calaron de la intervención de Francisco de Roux en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad fue, “¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe pasando?”, en referencia a las atrocidades a las que como colombianas y colombianos nos acostumbramos durante décadas. Tales palabras fueron usadas en el contexto del conflicto armado, pero bien podrían aplicar a la cantidad de robos e injusticias, a la corrupción que día a día es más voraz.

Aquel 28 de junio fue doloroso y a la vez estuvo lleno de reflexión, pero tan solo bastó un día para que el halo de esperanza se difuminara después de que Blu Radio destapara un caso de presunta corrupción dentro del Ocad-Paz, el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) encargado de viabilizar proyectos de inversión que contribuyan a la paz. Tales proyectos son presentados por los alcaldes ante la Secretaría Técnica de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), en ese entonces a cargo de Álvaro Ávila.

Según la investigación, funcionarios de la DNP, la Contraloría General y varios gobernadores se habrían apropiado de un 12% de los recursos que beneficiarían a los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Dicho porcentaje se traduce en casi 500 mil millones de pesos en coimas que, aparentemente, eran exigidas para aprobar proyectos. Todo esto habría sucedido mientras Luis Alberto Rodríguez se desempeñaba como director nacional de planeación.

Aquí entra a jugar un factor más, y es que los recursos del Ocad-Paz provienen del 7% de los ingresos del SGR y, si bien no existen límites del dinero que se destina a cada territorio, este debe ser distribuido equitativamente entre los 170 municipios Pdet. Por eso resulta absurdo que entre 2019 y 2022 el departamento del Cesar haya recibido más de 600 mil millones de pesos, mientras que Guainía tan solo obtuvo 1500 millones, hecho que las fuentes de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra le adjudican a “favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país”.

La investigación continúa explicando cómo diferentes funcionarios y miembros del órgano –incluyendo al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, preso por tres delitos contra la contratación pública– se habrían pasado por la faja el proceso de selección de los proyectos que se revisarían en las sesiones del Ocad.

Los recursos de la paz para 10 años se gastaron en un año

Entre las presuntas coimas y el clientelismo a la hora de aprobar proyectos, el dinero para la paz que en 2020 se proyectó para un periodo de 10 años, es decir, hasta 2030, se habría gastado desproporcionadamente en un año: en 2020, los proyectos aprobados recibieron un billón de pesos; en 2021, 4,4 billones de pesos; y entre enero y mayo de 2022, 36 mil millones de pesos.

Inclusive en su columna en el diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que la cifra de los dineros que no aparecen del Ocad-Paz sería incluso mayor a los 500 mil millones. “Solo en el Ocad Paz, actas 51 a la 56, se aprobaron iniciativas por valor de 4,4 billones. Y en total fueron asignados 7,7 billones para 844 proyectos”, escribió. De ese total de proyectos, 382 estarían en ejecución y 129 terminados, pero no habría información sobre los 333 restantes. “Cómo no señalar que en los recursos de la paz sí se raspó la olla: de 7,77 billones asignados para 10 años, solo faltan por ejecutar 900 millones. Qué eficiencia”, aseveró.

¿Dónde están los resultados de esas ejecuciones presupuestales?

En abril pasado, la actual directora nacional de planeación, Alejandra Botero Barco, le confirmó a Noticias Uno que para ese mes el Ocad-Paz ya estaba prácticamente agotado, contando con un 90% de aprobación. Según datos de la Contraloría citados por el noticiero, el 33% de los 170 municipios Pdet no se vieron beneficiados por los recursos, contrario a los recursos exorbitantes destinados a municipios como el Cesar y la Guajira.

Las denuncias recibidas por los organismos de control

Aunque el caso de posible malversación de dineros fue de conocimiento público a partir del 29 de junio de 2022, Santos y Nohra descubrieron que diferentes organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el DNP y el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, así como el expresidente del Ocad-Paz, Emilio Archila, ya tenían conocimiento de la situación desde mucho antes.

Los entes recibieron varias denuncias anónimas, iniciando con una interpuesta ante la Procuraduría contra Ávila, exdirector de regalías del DNP, por presuntas irregularidades al beneficiar más de 500 proyectos. Según la investigación, esta denuncia fue recibida el 14 de agosto de 2020 y hasta mayo de este año no había tenido muchos avances. Asimismo, al parecer hubo proyectos en Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Córdoba, Magdalena, Putumayo, Santander y más que fueron aprobados sin cumplir con todos los requisitos. Por el contrario, el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, fue denunciado por rechazar proyectos que sí los cumplían.

A principios de julio, Botero y el consejero (e) para la Estabilización y Consolidación, Juan Carlos Vargas, declararon que más allá de las cinco denuncias sobre los desvíos de los recursos –tres de ellas fueron archivadas por falta de sustento–, el Gobierno no tenía ninguna prueba de que se hayan perdido los 500 mil millones de pesos que denunció Blu Radio.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

Esta semana, el presidente Iván Duque se pronunció respecto al caso de posible corrupción, declarando que aún no tenían evidencia de que los dineros destinados a la paz hubiesen sido usados para el pago de coimas. El mandatario también defendió al exdirector del DNP, Luis Alberto Rodríguez, asegurando que al no tener pruebas en su contra no tiene motivos para desconfiar del funcionario. “Si él es requerido para dar explicaciones, estoy seguro de que las dará”, dijo en una entrevista con La FM. Antes de que se destapara la olla, Rodríguez era uno de los nombres que más resonaba para quedarse con el cargo de contralor general de la República, esto debido a los rumores que corrieron hasta hace unas semanas sobre el posible apoyo del gobierno saliente al economista.

Pero pese a que Duque dice confiar ciegamente en Rodríguez, esta semana se conoció que el economista está construyendo una mansión en Valledupar que tendría un valor cercano a los dos millones de dólares. El caso lo dio a conocer La Nueva Prensa y fue compartido por el senador Gustavo Bolívar. Según informa el diario, Rodríguez no respondió la solicitud del periodista Gonzalo Guillén para dar su versión de los hechos, y hasta el momento en el que se publica este artículo, no se ha pronunciado públicamente. (Su último retuit data del 28 de junio, un día antes de conocerse la investigación de Santos y Nohra).

Por su parte, Archila se pronunció el cuatro de julio a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso comunicado en el que aseguró que cuando se desempeñó como consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, invitó “públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”. El hombre sostuvo que desde principios de 2021 replicó “reiteradamente” las denuncias que le hicieron llegar “para que se iniciaran las investigaciones que corresponden”.

“Algunos alcaldes se les cobra una especie de ‘peaje’, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP obtuvieran los vistos buenos que se exige y fueron puestos a consideración de la estancia decisoria”, escribió en el documento. “Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión”. También aclaró que al él pertenecer a dicha “instancia posterior”, nunca le llegaron los proyectos sobre los que se habrían pagado las coimas.

La tensa calma

15 días han pasado desde que se destapó este escándalo de presunta corrupción, un periodo en el que a diferencia de lo que ocurrió cuando se supo de la parapolítica u Odebretch, no se le está dando la atención que debería tener. ¿Qué habría sucedido si los medios no hubiesen descubierto este entramado? Malversación de fondos, inversiones desproporcionadas e inequitativas, clientelismo, coimas… La cantidad de información que se ha conocido al respecto ha sido colosal y muy probablemente aún falten cosas por desentrañar pero, ¿cómo es que el país anda tan tranquilo si estamos hablando de un posible robo descarado a los fondos para la paz?

Por ahora, el senador Iván Cepeda liderará una denuncia en contra del presidente Duque, al menos, por prevaricato por omisión. El congresista señaló que los hechos dados a conocer por Santos y Nohra deben ser materia de investigación e hizo un llamado a que tales licitaciones fuesen suspendidas. “Robarse en un país que tiene más de nueve millones de víctimas, los recursos para la paz, es un hecho criminal”, expresó.

En tanto esperamos como resulta la acción legal, vale la pena reflexionar cómo es que como ciudadanía y medios de comunicación nos hemos tomado esto tan a la ligera. ¿No aprendimos nada cuando en MinTIC se ‘abudinearon’ 70 mil millones de pesos?

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