El presidente Gustavo Petro anunció que el contrato de concesión del Canal 1 llegó a su fin y que el Gobierno abrirá un proceso de licitación para adjudicar el uso de esa señal de televisión abierta. El pronunciamiento desató controversia, ya que los actuales concesionarios aseguran que el vínculo está vigente hasta 2037.
“Llegó al final el contrato del Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, señaló Petro. La Superintendencia de Industria y Comercio, bajo la dirección de Cielo Rusinque, respalda esta interpretación y adelanta investigaciones por presuntas irregularidades. Según la entidad, espacios de Caracol Radio habrían ocupado entre el 70 % y el 90 % de la parrilla del canal, lo que configuraría un control indirecto no reportado.
Plural Comunicaciones, operador actual de la señal, sostiene que la prórroga automática del contrato está amparada por la Ley 1978 de 2019, que extiende el acuerdo original, firmado en 2017 por diez años, hasta 2037. La empresa ha rechazado las investigaciones de la SIC y asegura que se trata de un “hostigamiento sistemático” que afecta la libertad de prensa.
La decisión del Gobierno abre un nuevo frente de debate sobre la regulación del espectro electromagnético en Colombia y podría derivar en una batalla jurídica de largo aliento. El desenlace definirá no solo el futuro de Canal 1, sino también la manera en que el Estado regula las concesiones de televisión en un escenario político y mediático cada vez más tenso.
