El presidente Gustavo Petro reveló este 4 de septiembre que el gobierno de su predecesor, Iván Duque, habría adquirido un software espía israelí llamado Pegasus, en una transacción que, según Petro, costó 11 millones de dólares y fue pagada en efectivo en 2021. La denuncia, que ya había sido divulgada por el medio israelí Haaretz en marzo pasado, ha generado una ola de reacciones tanto en organizaciones de defensa de los derechos humanos, como en el ámbito político.
Durante su discurso, el presidente acusó al gobierno de Duque de usar Pegasus para espiar a lo que llamó la “principal fuerza opositora” de ese momento, es decir al actual mandatario, simpatizantes y sectores de oposición. La presunta adquisición habría coincidido en fechas con el Estallido Social de 2021. Según la denuncia, el malware fue adquirido bajo la dirección de la Dipol, la Dirección de Inteligencia Policial que se encarga de generar inteligencia estratégica y operacional para combatir el crimen y dar información a los altos mandos del Gobierno. La acusación se basa en información proporcionada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), liderada actualmente por Luis Eduardo Llinás Chica, que, según Petro, revela acciones en su contra durante la campaña presidencial.
En un posterior mensaje en la red social Twitter-X, el presidente Petro indicó que entre los responsables por cadena de mando estarían, además del expresidente Duque, el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia y el director de la DIPOL, Norberto Mujica Jaime.
Diferentes organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostró su preocupación por lo expuesto por el presidente y pidió celeridad en las investigaciones para determinar su uso y reparar a las posibles víctimas de esta vulneración a los derechos humanos:
Las reacciones ante lo expuesto por el presidente van desde la alarma por la posible existencia de ese software en Colombia, su uso y su paradero, así como de sectores de oposición que desestiman el tema y lo consideran una distracción para no dar respuesta al paro de camioneros que se adelanta actualmente.
La denuncia de Petro no ha tardado en recibir respuestas de funcionarios del gobierno de Iván Duque. Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) bajo la administración pasada, desmintió la adquisición del software. Duque también había negado las acusaciones cuando el tema fue abordado en el Senado en abril pasado durante un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez. La senadora Jahel Quiroga, del Pacto Histórico, había demandado claridad sobre la posible compra de Pegasus, solicitando explicaciones al respecto.
¿Qué es Pegasus y por qué es preocupante su uso?
El software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es conocido por su capacidad para interceptar comunicaciones y recolectar datos personales desde dispositivos móviles. Su sofisticación es tal que se considera una herramienta altamente invasiva que sigue cualquier movimiento de los dispositivos infectados sin que sea posible detectarlo.
Si bien Pegasus es un sistema de espionaje diseñado para facilitar la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y la explotación infantil, su uso ha sido cuestionado debido a las numerosas denuncias sobre su aplicación para abusos con fines políticos y la vigilancia de opositores, pasando por la violación de distintos derechos humanos.
Este malware ha estado en el centro de controversias internacionales desde hace algunos años por su uso indebido para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Se ha detectado el uso de Pegasus en más de 50 países, de acuerdo con una investigación de un grupo de medios de comunicación en 2021. En México y El Salvador, se han documentado casos en los que Pegasus fue utilizado de manera abusiva en contra de gobernantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Precisamente México fue uno de los países más afectados por convertirse en el mayor usuario del malware.
Petro ha exigido una investigación exhaustiva sobre la compra del software y su paradero, para asegurar a la ciudadanía que sus derechos constitucionales están siendo respetados. Para esto se remitió a la Fiscalía General de la Nación para que la investigación siga su curso.
