El paro de camioneros en Colombia se ha intensificado esta semana en respuesta a la reciente decisión del gobierno de incrementar el precio del ACPM, el combustible diésel utilizado principalmente por los transportadores de carga, en $1.904 COP por galón. Este ajuste es solo el primero de una serie de aumentos proyectados que totalizarán $6.000 COP en un plazo de 18 meses, con el fin de equiparar el precio del diésel en Colombia con el del mercado internacional.
Durante los últimos 56 meses, el costo del ACPM había estado congelado, acumulando un déficit mensual promedio de $1 billón, un hueco fiscal que ha sido subsidiado en gran parte con recursos públicos que, según el Ministerio de Hacienda, podrían haberse destinado a otros fines, como la mejora de infraestructuras, el apoyo a los más vulnerables o la renovación de la flota de transporte de carga en el país.
En este contexto, el gobierno ha afirmado que no realizará nuevos incrementos en el precio del diésel sin antes establecer una mesa de diálogo con los transportadores. Esta decisión fue anunciada por la ministra de Transporte, María Constanza García, en una reunión con algunos líderes del gremio. Sin embargo, las negociaciones no lograron establecer un punto en común a lo largo de la semana y los transportadores, que mantuvieron bloqueos en diversas vías estratégicas de la ciudad, incluso enfrentaron divisiones internas.
Un ejemplo de esto se observó en algunas vías principales hacia Bogotá, como el Portal Sur de Transmilenio, donde algunos manifestantes, en desacato a las directrices de los líderes gremiales, decidieron bloquear por completo el paso de vehículos. Cerca de 900 transportadores han bloqueado la carretera que conecta Bogotá con Soacha, una arteria vital que comunica la capital con el sur y suroccidente del país, incluyendo el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia. Como resultado, cargas de productos perecederos, como frutas, verduras y lácteos, están quedando atrapadas y comenzando a descomponerse por falta de refrigeración, generando pérdidas económicas significativas.
Pero hay varios puntos que se tocaron en estas protestas, más allá del aumento del combustible. Muchos de ellos afirman que esta alza es un incumplimiento del presidente Gustavo Petro, quien había prometido no subir los precios del ACPM durante su campaña electoral. La frustración se agravó por el impacto que el alza en los precios ha tenido sobre los costos operativos. Según algunos transportadores que hablaron con El País, un viaje desde Medellín a Buenaventura, por ejemplo, ahora implica grandes costos de combustible y peajes, dejando márgenes de ganancia muy bajos para los conductores.
El gobierno, por su parte, ha defendido el aumento del precio del ACPM como una medida necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo, que tiene como objetivo evitar fluctuaciones abruptas en los precios de los combustibles, ha acumulado una deuda considerable debido a la pausa en los ajustes de precios durante y después de la pandemia, cuando los precios internacionales del petróleo subieron mientras los precios locales se mantuvieron fijos. El presidente Gustavo Petro ha argumentado que el aumento es “justo” y que busca recuperar el dinero utilizado en un subsidio que nunca debió haberse otorgado, ya que este subsidio representa una carga importante para las finanzas públicas del país.
Como ha explicado el exministro de Hacienda Jose Antonio Ocampo, el déficit del 3% del PIB es resultado de la falta de actuación del gobierno Duque, quien no hizo los incrementos al combustible que se necesitaban en su momento y mantuvo el subsidio para no asumir el costo político de la medida, dejándoselo a la posterior administración.
El FEPC ha generado un déficit que, según estimaciones, podría alcanzar los $7,2 billones en 2024 y $3,8 billones en 2025, cifras que superan incluso los ingresos promedio de una reforma tributaria. La estrategia del gobierno, entonces, se centra en desmontar progresivamente este subsidio para aliviar la presión sobre el presupuesto nacional y evitar que los contribuyentes continúen financiando una diferencia de precios que, según las autoridades, beneficia principalmente a los grandes empresarios del transporte.
Sin embargo, el paro de camioneros no está impulsado únicamente por las grandes empresas de transporte, como sugiere el gobierno. Por el contrario, son en su mayoría pequeños propietarios y conductores quienes se han lanzado a las calles, temerosos de que los aumentos en el precio del combustible afecten directamente sus ingresos. Como informa La Silla Vacía, algunos camioneros que no frecuentan los gremios del sector fueron convocados a través de WhatsApp para concentrarse en puntos claves de la ciudad para protestar ya que sus representantes “no lograron llegar a ningún acuerdo con el gobierno”.
El dilema para el gobierno era claro: si no lograba reducir el subsidio del diésel, el déficit fiscal podría seguir aumentando, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país y dificultando la implementación de otras reformas necesarias.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en relación con el paro camionero, destacando la necesidad de transformar el mercado de carga en Colombia. Según el mandatario, las protestas que han generado bloqueos y afectaciones en varias ciudades del país no solo reflejan el descontento de los transportadores, sino también la manipulación de la que serían víctimas por parte de los intermediarios, quienes obtienen mayores beneficios económicos en un sistema que, según él, explota a los conductores.
A través de sus redes sociales, Petro ha extendido este debate, señalando, sobre todo, que las empresas intermediarias de carga acumulan enormes ganancias a expensas de los camioneros, quienes reciben una baja compensación. El mandatario subrayó que mientras los transportadores solo buscan una retribución justa, los intermediarios, interesados en el control del mercado y el costo del combustible, obtienen ganancias millonarias sin una adecuada distribución de los ingresos.
Según sus cifras, hay 107 empresas de este tipo entre las más grandes del país, con un patrimonio conjunto de 2,7 billones de pesos y ganancias de más de 188 mil millones de pesos en 2023, derivadas de cobrar a los generadores de carga el doble de lo que se les paga a los camioneros. “Sus ganancias en el año 2023 fueron 188.356 millones de pesos. Las ganancias salen de cobrarles fletes a los generadores de cargas por un valor que es el doble que le pagan a los camioneros que realmente hacen el trabajo (sic)”, escribió a través de X.
El presidente también indicó que la negativa a continuar con las negociaciones con el gremio transportador provino de los intermediarios, quienes, al ver amenazados sus intereses, optaron por levantarse de la mesa de diálogo. Ante esta situación, Petro afirmó que su gobierno tiene la intención de modificar el modelo de negocio del transporte de carga para lograr una distribución más equitativa de los ingresos en el sector.
El 4 de septiembre, Petro se pronunció a través de canales nacionales, en donde también abordó otros temas, negando que su discurso de esa noche estuviera dedicado exclusivamente al paro camionero. Durante su intervención, el mandatario acusó al gobierno del ex presidente Iván Duque, de adquirir un malware israelí para espiar a la oposición. Aclaró que este tema era de “mayor preocupación”, posponiendo su pronunciamiento detallado sobre las protestas para los días siguientes.
El gremio de los transportadores por carretera no es homogéneo, ni ha sido siempre el mismo, pero a lo largo del siglo XX en Colombia fue desarrollando un importante poder debido a la dependencia del transporte terrestre. Aunque a principios del siglo pasado había una mayor diversidad en los medios de transporte, a partir de los años cincuenta la presión empresarial por la intrusión de buses y camiones y la pérdida de popularidad de los trenes, dio pie para que el sistema se adaptara a ese modo de comercio, como lo explica la historiadora Yeniffer Camargo Bonilla.
Mientras los ferrocarriles perdieron importancia por ser considerados lentos y menos flexibles, se priorizó la construcción de carreteras. Al final, la dependencia de los buses, camiones y tractomulas se volvió la norma y la sucesión de gobiernos dejó que los trenes quedaran en el pasado. Esto, a pesar de que sea un tipo de transporte más costoso y vulnerable a los precios del combustible, peajes y otras contingencias.
En la actualidad, los transportadores se componen no solo de los conductores, sino de empresas y agremiaciones que controlan buena parte del negocio. Un ejemplo de esto es Fedetranscarga, una poderosa empresa de carga terrestre presidida por Henry Cárdenas. El empresario, gerente también de Teca Transportes S.A. es una de las caras visibles del paro camionero.
Cárdenas, de hecho, recientemente anunció que las negociaciones entre el gobierno y los transportadores estaban “a un hilito” de concluir. Tal como informó a BluRadio el 5 de septiembre, el empresario señaló que ambas partes habían “cedido”, por lo que esperaba que las protestas acabaran pronto. Sin embargo, resaltó que los disturbios por los que ha atravesado el país durante la última semana acercan a las personas a la realidad que viven los camioneros día a día. “Es muy bueno que lo vivamos todos, para que sepan lo que vivimos los transportadores, nosotros sufrimos mucho vandalismo, se voltea un carro y lo desvalijan”.
Ahora, tras casi una semana de movilizaciones, durante la madrugada de hoy 6 de septiembre, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los transportadores, fijando que ya no se haría un aumento de $1.904 COP por galón, sino de $800 COP en dos etapas. Ahora el ACPM en Bogotá tendrá un costo de $10.156 COP, mientras que en otras ciudades principales del país como Cali y Medellín, tendrá un valor de $10.292 COP y $10.177 COP, respectivamente.
“Tras varios días de diálogo, Gobierno firma compromiso con las bases transportadoras para levantar el paro. Con el acuerdo de aumentar en $800 el costo del ACPM en incrementos de: $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y $400 el 1 de diciembre”, comunicó el Ministerio de Transporte”.
Hasta el momento, ningún representante de los camioneros se ha pronunciado sobre el acuerdo. Se espera que el día de hoy, la movilidad en Bogotá y el resto del país regrese a la normalidad.
