La participación de niñas y niños en la guerra deja una imagen muy fuerte de aceptar, especialmente para quienes observan el conflicto armado desde la distancia. La realidad, sin embargo, está llena de historias donde los más pequeños en nuestro país sufren las consecuencias de la guerra y participan en ella desde muy temprana edad.
La noticia de un bombardeo que el Ejército Nacional llevó a cabo en el Guaviare el pasado 2 de marzo, llega con la denuncia de diferentes organizaciones sociales que indican que en esa acción militar habrían muerto alrededor de 14 menores de edad. En un especial de Tercer Canal se explica que campesinos de la zona recogieron una lista preliminar con los nombres de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que murieron en el operativo militar. De acuerdo con lo presentado por el periodista Hollman Morris, director del medio de comunicación, la lista incluye edades entre los 9 y los 19 años.
La operación fue referida por Diego Molano, ministro de defensa y exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 2011 y 2013, como parte de las acciones contra las disidencias de las Farc en cabeza de alias Gentil Duarte. Y, aunque el Gobierno nacional no ha dado detalles de la presencia de menores de edad, Molano declaró que: “Si hay menores con fusil reclutados y que hacen parte de la máquina de guerra serán bombardeados”.
Uno de los mayores detonantes del Paro Nacional de 2019 fue la noticia del bombardeo de un campamento en Caquetá en el que fueron asesinados por lo menos 8 menores de edad, pero que posteriormente se mencionó por testigos que pudieron ser entre 16 y 18. Ahora la noticia de la muerte de niñas, niños y adolescentes en este nuevo operativo genera un enorme rechazo de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos y plantea grandes cuestionamientos éticos sobre la postura del Gobierno ante la protección de esta población víctima de la guerra.
¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno ante la protección de los menores de edad vinculados al conflicto armado? ¿Es válida la postura del ministro de defensa al justificar el bombardeo de esta población? Que sean categorizados como “máquinas de guerra” estas niñas y niños no protegidos por el Estado deshumaniza y revictimiza su condición.
El reclutamiento forzado es un crimen de guerra y efectivamente debe ser castigado y aun así, el papel del Estado y de los gobiernos de turno es el de protección y garantía de los derechos de sus ciudadanos, mucho más de quienes están en una posición de mayor vulnerabilidad como son estas niñas y niños.
Ahora bien, como lo presentó el medio Colombiacheck posterior a la noticia del bombardeo de 2019, desafortunadamente los niños soldados que participan activamente en las hostilidades son considerados blancos legítimos de su oponente de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, esto no los convierte automáticamente en un blanco militar legítimo y tienen una protección especial, pues la prioridad debe ser ponerlos fuera de combate por medio de su captura o hiriéndolos. Matar siempre debe ser la última opción.
Más allá de esta dolorosa denuncia, no deja de ser paradójico y hasta cínico que el partido que se encuentra en el poder en este momento se escude regularmente en la supuesta protección de la vida de niñas y niños para negar derechos como el del aborto legal y seguro o promover medidas populistas como la cadena perpetua para violadores, pero en la práctica justifique el asesinato de menores de edad que son víctimas de la guerra. El cinismo y la infamia que se reproducen en las declaraciones de estos funcionarios públicos dan muestra del valor utilitario y cambiante que le dan a esa protección de la infancia sin que sea garantista de sus derechos.
